El mandatario ratificó su rumbo económico ante ejecutivos financieros, mientras afuera, colonos y tareferos alzaban tractores y banderas para denunciar que el precio de la hoja verde no alcanza ni para cubrir los costos de cosecha. La desregulación del INYM, el corazón del conflicto, dejó al descubierto una industria partida entre la concentración empresaria y la supervivencia del pequeño productor.
El presidente Javier Milei pisó por primera vez la tierra colorada de Misiones desde que asumió el mando, pero su llegada no fue recibida con los brazos abiertos por todos. Mientras en el interior del lujoso hotel de Puerto Iguazú los ejecutantes de las finanzas locales e internacionales escuchaban con atención su defensa de la motosierra fiscal, en el exterior, una marea de tractores, camiones y banderas al viento le recordaba que el ajuste también tiene rostro rural. Colonos, tareferos y organizaciones sociales se movilizaron con un reclamo que atravesaba el aire misionero: la restitución de las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), despojado de su poder de fijar precios por un decreto de necesidad y urgencia que, según los manifestantes, condenó a la producción primaria a una agonía silenciosa.
El escenario no podía ser más contrastante. Adentro, el jefe de Estado se dirigía a la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) con un mensaje de hierro: no piensa ceder en su política fiscal ni monetaria, ni siquiera por un «capricho electoral». Afirmó que su modelo económico coloca al país en un lugar privilegiado en el tablero geopolítico y, con un guiño soberanista, vinculó esa fortaleza con el reclamo por las Islas Malvinas. Sin embargo, afuera, la consigna era más terrenal y desgarradora: “Te dimos nuestro voto, nos dejaste solos”, se leía en una de las pancartas, mientras otra resumía el clamor colectivo: “Precio justo para la yerba mate”. La Gendarmería Nacional desplegó retenes para contener la caravana que intentaba acercarse al hotel, pero el malestar ya había traspasado los controles.
El origen de esta fractura se encuentra en el DNU 70/2023, que despojó al INYM de su capacidad de intervenir en la negociación entre los productores y la industria. Desde su creación en 2002, ese organismo había funcionado como un amortiguador en la puja por el precio de la hoja verde, pero su desactivación dejó a los colonos a merced de un mercado que, denuncian, no cubre ni siquiera los gastos básicos de producción. El dirigente Jorge Skripczuk puso números escalofriantes sobre la mesa: mientras el kilo de hoja verde se abona entre 250 y 300 pesos, los costos reales rozan los 500 pesos. Pero la situación es aún más cruel si se recorren las chacras misioneras, donde algunos productores aseguran haber recibido ofertas de apenas 180 pesos por kilo, con cheques a 90 o 120 días, una combinación letal que convierte la cosecha en una apuesta a pérdida segura.
La comparación con el año 2023 resulta elocuente. Entonces, la hoja verde puesta en secadero valía 210 pesos por kilo y la cosecha tenía un costo de 15 mil pesos por tonelada. Hoy, esa misma tarea demanda 79 mil pesos, mientras el litro de gasoil saltó de 380 a 2300 pesos en el mismo período. El precio percibido por el productor quedó pulverizado frente a esa escalada inflacionaria. Pero hay más: los aportes laborales incluidos en el Convenio de Corresponsabilidad Gremial se dispararon de 11 mil a 44 mil pesos por tonelada cosechada, y sumado al pago al tarefero, ambos conceptos pasaron de 26 mil a 123 mil pesos por tonelada, sin contar el flete ni el mantenimiento del yerbal. Skripczuk advirtió que, con un kilo de hoja verde vendido entre 250 y 300 pesos, esos dos gastos absorben entre el 41 y el 49 por ciento del ingreso bruto, y todo ello mientras los productores esperan cheques que demoran hasta cuatro meses en hacerse efectivos.
El escenario de negociación se da entre actores de pesos descomunalmente desiguales. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) contabilizaba en 2024 unos 12 mil productores primarios, frente a 228 secaderos y apenas 105 industrias molineras y fraccionadoras. Pero el dato más revelador es que las diez mayores empresas concentran el 72,7 por ciento del mercado, y las tres primeras, el 41 por ciento. Esta asimetría, denuncian las entidades yerbateras, se profundizó con la desregulación, que no solo favoreció la concentración económica sino que también provocó una caída superior al 11 por ciento de la cosecha entre enero y julio de 2026. La falta de ingresos, alertan, está reduciendo el mantenimiento y la fertilización de los yerbales, lo que compromete seriamente las próximas campañas y pone en riesgo la sustentabilidad de toda la cadena.
En la vereda opuesta, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, salió al cruce de las críticas con un argumento que choca de frente con la realidad de los colonos. Según su visión, el viejo esquema de precios mantenía valores artificialmente elevados y propuso, como alternativa, que la industria amplíe sus ventas al exterior. Una receta que, para los productores, suena a espejismo, ya que no resuelve el problema de fondo: la imposibilidad de cubrir los costos de producción en el mercado interno.
Mientras tanto, en la Legislatura misionera aguarda un proyecto de emergencia yerbatera que cuenta con el respaldo del gobernador Hugo Passalacqua. La iniciativa, dirigida a explotaciones de hasta 50 hectáreas, prevé un precio mínimo de sostén obligatorio para la hoja verde, con facultades de fiscalización, sanciones y el pago de diferencias en caso de incumplimiento. Los compradores podrían ofrecer valores por encima de ese piso, pero jamás por debajo. La norma, sin embargo, sigue pendiente de aprobación, y los productores esperan con ansias que se recupere una herramienta que les permita, al menos, no perder dinero con cada cosecha.
La visita de Milei a Misiones dejó en evidencia una fractura que va más allá de la economía: es la grieta entre un discurso de ajuste que se escucha en los salones del poder y el grito desesperado de quienes, con sus manos curtidas, mantienen viva una tradición productiva que es también identidad nacional. Mientras el presidente se proyecta como un actor geopolítico, en las chacras misioneras la pregunta es más simple y más dolorosa: cómo seguir sembrando esperanza cuando la hoja verde ya no alcanza ni para pagar el gasoil.
