El tribunal sostuvo que los inversores no acreditaron engaño ni nexo directo con el perjuicio, al tiempo que desestimó las acusaciones de estafa y puso en duda la existencia de una maniobra delictiva. La decisión, firmada por los jueces Bertuzzi y Llorens, fue interpretada como un guiño al Gobierno, mientras los damnificados anuncian que acudirán a la Cámara de Casación.
En un fallo que marca un antes y un después en la investigación judicial por la criptomoneda $LIBRA, la Sala I de la Cámara Federal confirmó la expulsión de las querellas presentadas por cinco damnificados, dejando así el rumbo de la pesquisa exclusivamente en manos del fiscal Eduardo Taiano. La resolución, suscripta por los camaristas Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, sostiene que los inversores no lograron demostrar que medió un ardid o una afirmación falaz que los hubiera inducido a adquirir el activo digital, ni tampoco acreditaron un vínculo directo entre la supuesta maniobra fraudulenta y el menoscabo patrimonial sufrido. Este razonamiento, que equivale a poner en entredicho la propia existencia de una estafa, fue celebrado por los sectores allegados al Poder Ejecutivo, en especial por el trader Mauricio Novelli, estrecho colaborador del mandatario y figura central en el lanzamiento de la divisa virtual desde Dallas, el 1 de febrero de 2025.
El nuevo integrante de la sala, Pablo Yadarola, recientemente juramentado, decidió tomar licencia hasta el miércoles próximo y de esta manera se desmarcó de una decisión que, según analistas judiciales, envía señales políticas de alineamiento con la Casa Rosada. El expediente, que tiene entre los imputados al presidente Javier Milei y a su hermana Karina, queda ahora virtualmente detenido, a la espera de que la fiscalía reactive la instrucción, aunque los plazos y el impulso procesal dependerán de la voluntad del representante del Ministerio Público. Los querellantes apartados, no obstante, anticiparon que recurrirán a la Cámara Federal de Casación Penal con la esperanza de revertir el panorama adverso.
Los jueces Bertuzzi y Llorens fundaron su decisión en un argumento que distingue entre la pérdida de capital en un mercado desregulado y el despojo consumado mediante un plan organizado. En tal sentido, afirmaron que la operatoria analizada se desenvolvió en el ámbito propio de los criptoactivos, un entorno caracterizado por la ausencia de regulación financiera, una elevada exposición al riesgo y una volatilidad intrínseca, circunstancias que, a su juicio, eran conocidas por quienes decidieron participar en esa clase de inversiones. Agregaron que los compradores asumieron voluntariamente los peligros inherentes a esa plaza y que la merma patrimonial invocada no es sino una consecuencia de ese riesgo consentido, lo que desvanece cualquier indicio de dolo o engaño.
Uno de los letrados de los damnificados, Nicolás Oszut, quien representa a Martín Romeo, había insistido en que el engaño residía en el propio tuit de Milei, donde se promocionaba la criptomoneda con el propósito de financiar pequeños y medianos emprendimientos a través del denominado “Viva La Libertad Project”. Según esa versión, ese proyecto privado, presentado con el respaldo presidencial, en realidad no existía y constituía una trampa cuidadosamente orquestada, en la que la figura del Presidente fue utilizada como anzuelo para generar confianza entre los inversores. Otro grupo de afectados, integrado por Alan Vega, Braian Emanuel Quintero, Matías Alejandro Paris y Juan Patricio Marchetto, planteó que, más allá de la volatilidad propia del mercado, concurrían factores adicionales vinculados al grupo creador de $LIBRA y a quienes rodearon el negocio, tales como una eventual manipulación coordinada, acceso privilegiado a información, control concentrado del activo, una finalidad económica aparente y un retiro concertado de la liquidez aportada por los compradores. Sin embargo, los magistrados desestimaron estas argumentaciones al considerar que no se había acreditado la existencia de una falsedad concreta que hubiera determinado la adquisición del token.
En su resolución, los jueces subrayaron que la sola publicación del tuit no basta para configurar el engaño típico del delito de estafa, y que los apelantes se limitaron a describir una secuencia de acontecimientos sin identificar el momento exacto en que se insertó el posteo ni las pruebas que demostraran el agravio propio. Asimismo, rechazaron las referencias a categorías como “calidad simulada”, “insider trading”, “lavado de prestigio” o “rug pull”, al considerar que no lograron ser proyectadas sobre el caso concreto. En un párrafo que despertó particular atención, los camaristas señalaron que, a medida que avanza la investigación, se ha configurado un escenario que evidencia un debilitamiento de la teoría del caso contenida en la denuncia inicial, diluyéndose así la hipótesis de un plan organizado desde las altas esferas gubernamentales.
La decisión de la Sala I confirma el criterio adoptado en primera instancia por el juez instructor, quien había recogido casi textualmente los argumentos esgrimidos por Novelli, cuyo celular contenía lo que podría ser el borrador de un acuerdo Davis-Milei por cinco millones de dólares. Novelli, imputado en la causa junto a su socio Manuel Terrones Godoy y al exasesor de la Comisión Nacional de Valores Sergio Morales, mantuvo comunicaciones frenéticas con el Presidente durante el lanzamiento de la criptomoneda y en los minutos posteriores al colapso. Llama la atención que Milei, pese a haberse reunido con Davis días antes de la salida de $LIBRA y en coincidencia con transferencias millonarias a Novelli y su socio, nunca cuestionó ni denunció al estadounidense, quien públicamente reconoció haberse apropiado de cien millones de dólares “de los argentinos”. Este silencio oficial, sumado a la organización previa del evento Techo Forum en la Casa Rosada, con el mandatario como orador, abre interrogantes sobre posibles negociaciones incompatibles con la función pública y sobre la eventual existencia de sobornos o ganancias ilícitas para el Gobierno.
El fallo, dictado apenas un día después de la jura de los nuevos camaristas, fue interpretado por el abogado Oszut como una suerte de recompensa anticipada al Poder Ejecutivo, en un contexto de colonización de los tribunales impulsada por el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques. “En lugar del sistema acusatorio, están implementando el sistema defensatorio de los jueces a los imputados”, ironizó el letrado, al tiempo que recordó que la propia Sala II de la Cámara había reconocido previamente a los inversores como víctimas, lo que configuraba, a su entender, una suerte de cosa juzgada que ahora ha sido soslayada. Mientras tanto, la causa $LIBRA acumula capas de opacidad y preguntas sin responder: ¿se pagaron coimas?, ¿hubo beneficios para la Casa Rosada?, ¿qué sucedió con los fondos recibidos por Davis, Novelli y Terrones Godoy?, ¿es admisible que un presidente promocione activos financieros sin rendir cuentas? El expediente, por ahora, permanece en un compás de espera, a merced de la parsimonia fiscal y de los vaivenes políticos que rodean a una investigación cuyo desenlace aún es incierto.
