La provincia austral prepara una normativa que busca desincentivar económicamente el tránsito de suministros hacia el archipiélago, en un nuevo capítulo de tensión con Chile y el Reino Unido. El funcionario Andrés Dachary advierte sobre el impacto de los hidrocarburos en la autonomía de las islas y cuestiona el giro del Gobierno nacional en la estrategia diplomática.
En un movimiento que profundiza la confrontación diplomática por la soberanía de las Islas Malvinas, la provincia de Tierra del Fuego, bajo la conducción de Gustavo Melella, ultima los detalles de un proyecto legislativo orientado a castigar económicamente las operaciones logísticas que abastecen al archipiélago. La iniciativa apunta con firmeza al corredor marítimo que une Punta Arenas, en el extremo sur de Chile, con las islas, y busca encarecer de manera significativa toda actividad que contribuya al sostenimiento económico del territorio en disputa.
El secretario de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur y de Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, fue el encargado de detallar los alcances de esta medida, que se inscribe en una estrategia de presión progresiva sobre el Reino Unido. Según explicó, el objetivo central es tipificar como infracción el uso de infraestructura vinculada al mencionado corredor, considerando que dichas instalaciones —ubicadas dentro del espacio que la provincia reclama como propio— serían empleadas para favorecer la presencia británica en el archipiélago. “Lo que buscamos es desalentar estas prácticas a través de sanciones de carácter económico”, subrayó Dachary, al tiempo que adelantó que también evalúan la aplicación del Decreto 256, normativa nacional que regula los vínculos entre el continente y las islas.
El funcionario fueguino trazó un detallado mapa jurisdiccional para fundamentar la legitimidad de la futura ley. En sus palabras, desde la boca oriental del Estrecho de Magallanes, cualquier embarcación atraviesa primero aguas jurisdiccionales de Tierra del Fuego, para luego internarse en el Mar Argentino, y finalmente, al aproximarse a las costas malvinenses, vuelve a ingresar en territorio marítimo provincial dentro de las doce millas. Esta interpretación geopolítica, que choca con la postura chilena y británica, pretende otorgar a la provincia herramientas legales para intervenir sobre un flujo comercial que, según Dachary, no solo abastece a los habitantes del archipiélago, sino que también abarata los costos de explotación de los recursos naturales en la zona.
El anuncio de esta ofensiva legislativa coincidió con un momento de particular sensibilidad en la agenda bilateral. El mismo día en que el presidente Javier Milei sostuvo un encuentro en Chile, se difundió una declaración oficial del gobierno trasandino en respaldo al reclamo argentino de soberanía sobre Malvinas. Sin embargo, Dachary fue cauto al distinguir entre la postura de la Cancillería chilena y la de ciertos líderes locales, a quienes acusó de mantener un alineamiento favorable a los intereses británicos, incluso en gestos simbólicos como la recepción de equipos deportivos provenientes de las islas.
Más allá de la dimensión política, el secretario provincial puso el acento en el impacto concreto que el corredor de Punta Arenas tiene sobre la economía malvinense. A su juicio, facilitar el ingreso de suministros y reducir los gastos logísticos no hace más que fortalecer la ocupación británica y viabilizar proyectos de extracción de hidrocarburos que podrían transformar radicalmente el perfil productivo del archipiélago. En ese sentido, Dachary fue categórico: “Debemos tornar cada vez más onerosa la permanencia del Reino Unido en Malvinas, para forzar así una reapertura de las negociaciones diplomáticas”.
El petróleo emerge, en este escenario, como el factor que puede reconfigurar por completo el tablero. Actualmente, el 58 por ciento del producto bruto de las islas depende de las licencias de pesca, otorgadas en su mayoría a embarcaciones de España, Corea del Sur y Taiwán. Pero el eventual despegue de la explotación petrolera generaría ingresos tan elevados que volvería a Malvinas autosuficiente, liberando a Londres de la necesidad de invertir millonarias sumas para sostener el enclave. Dachary planteó esta cuestión en términos estratégicos: si las islas logran financiar su propio funcionamiento, el Reino Unido podría desentenderse del costo político y económico de mantener una colonia a más de 12.000 kilómetros de distancia, lo cual, paradójicamente, endurecería su posición soberanista y alejaría cualquier posibilidad de diálogo. “Con el saqueo de hidrocarburos, Malvinas se vuelve completamente superavitaria, y eso condiciona severamente la reapertura de negociaciones que Argentina reclama bajo la Resolución 2065 de Naciones Unidas”, alertó el funcionario.
En paralelo, Dachary no ocultó su escepticismo respecto del viraje experimentado por la administración nacional en torno a la cuestión Malvinas. Recordó que apenas dos años atrás, el actual Gobierno celebraba el entendimiento entre la entonces canciller Diana Mondino y su par británico David Lammy, acuerdo que contemplaba restablecer vuelos hacia el archipiélago y avanzar en cooperación pesquera —un rumbo diametralmente opuesto al que hoy se pregona. El secretario provincial sostuvo que Tierra del Fuego ha venido alertando desde hace tiempo sobre la explotación de hidrocarburos en la zona, e incluso presentó denuncias formales ante Cancillería contra empresas petroleras. Sin embargo, manifestó sus dudas acerca de la sinceridad del nuevo posicionamiento oficial, aunque dejó una puerta abierta al optimismo: “Si este cambio es honesto, bienvenido sea. Argentina tiene muchísimo terreno por recuperar en esta causa”, concluyó, en un tono que mezcla cautela y expectativa.
La iniciativa fueguina, que aún debe recorrer el trámite legislativo provincial, se suma así a una serie de acciones unilaterales que buscan presionar en el tablero diplomático, mientras el Gobierno nacional redefine su estrategia en un conflicto que, lejos de apaciguarse, parece ingresar en una nueva fase de tensiones.
