Mansiones en countries exclusivos, departamentos en Palermo, casasquinta en barrios cerrados y terrenos en el sur del país. Una docena de altos funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza accedieron a préstamos millonarios del Banco Nación por fuera de los estándares habituales. La Justicia investiga posibles delitos de tráfico de influencias y administración fraudulenta, mientras las declaraciones juradas de 2025 revelan inconsistencias patrimoniales, saltos financieros siderales y operaciones que desafían toda lógica crediticia.
Un verdadero festival de préstamos privilegiados, otorgados por el Banco Nación a funcionarios y legisladores del oficialismo, derivó en una causa penal que desde mayo pasado se mantiene bajo estricto secreto de sumario. Pero los documentos presentados ante la Oficina Anticorrupción, cuyo plazo venció el último lunes, permitieron reconstruir el destino de esos fondos millonarios. Se trata de propiedades de alto valor comercial que, en muchos casos, resultan inaccesibles para el ciudadano común y que, en varios otros, evidencian incrementos patrimoniales de proporciones geométricas en apenas doce meses.
El listado de beneficiarios incluye apellidos que resonaron con fuerza desde el comienzo del escándalo. Entre los más cuestionados aparecen los denominados “Caputo boys” —Federico Furiase, Felipe Núñez y Felipe Berón—, pero también figuran el tuitero oficial de la Rosada, Juan Pablo Carreira (conocido como “Juan Doe”), los jóvenes Sharif y Nazarena Menem, y otros tantos que, por el monto de los créditos, por poseer ya una vivienda previa o por haberse acogido a una línea específica para empleados públicos, quedaron expuestos a la sospecha pública y judicial.
El propio Banco Nación admitió que estos funcionarios y legisladores fueron incluidos de manera deliberada en la línea de créditos “+Hogares Sector Público”, un programa que originalmente fue diseñado para trabajadores estatales de menor rango y que, en la práctica, permitió financiar hasta el 90% del valor de las propiedades con topes muy superiores a los habituales. Ese hecho, sumado a la falta de transparencia en la publicación de las carpetas crediticias, encendió todas las alarmas. El diputado Esteban Paulón solicitó hace meses el acceso a la información pública para conocer los detalles de cada operación, pero el directorio de la entidad bancaria se ha negado sistemáticamente a brindar explicaciones.
Los números que surgen de las declaraciones juradas del año 2025 son elocuentes. La diputada Lorena Villaverde, por caso, incorporó a su patrimonio una vivienda de 1497 metros cuadrados en la localidad rionegrina de Cipolletti, dentro del barrio privado “Los Patricios II”, con un valor fiscal de casi 320 millones de pesos. Ella misma difundió en sus redes sociales imágenes del parque y la pileta de esa residencia. Sin embargo, lo que no mencionó es que antes de obtener el crédito del Banco Nación, la entidad financiera del Río Negro le había rechazado el préstamo por no alcanzar el puntaje mínimo de “scoring”. Villaverde ya era propietaria de una vivienda en el exclusivo barrio cerrado CUBE, en Escobar, que desapareció de su declaración de este año, lo que sugiere una posible venta. Además, posee un terreno en Las Grutas, adquirido también mediante un préstamo, y actualmente enfrenta un embargo sobre esa propiedad.
La situación de su colega Santiago Santurio es aún más explosiva. La diputada Marcela Pagano lo denunció penalmente por enriquecimiento ilícito y presuntas negociaciones incompatibles con la función pública. Según la denuncia, Santurio no reunía las condiciones crediticias básicas: en 2023 declaró un patrimonio total de apenas 12 millones de pesos (unos 12.000 dólares de entonces), lo que torna imposible disponer del capital inicial que exige cualquier préstamo hipotecario. Aun así, el Banco Nación le otorgó un crédito de casi 239 mil dólares. Con ese dinero, más una donación que no especifica, adquirió una casaquinta de 1103 metros cuadrados en Bella Vista —probablemente en un barrio cerrado—, que valuó en más de 400 millones de pesos a valor fiscal. Su salto patrimonial fue abismal: de 17 millones de pesos a principios de 2025 a más de 419 millones al cierre del período. La denuncia también apunta a un posible condominio no declarado y a un préstamo personal de 97 millones de pesos otorgado por una tercera persona, lo que refuerza la tesis de que los fondos iniciales provinieron de fuentes no acreditadas.
Otro de los señalados por Pagano es Sharif Menem, community manager del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. En su declaración jurada de 2025 figura la compra de un departamento de apenas 60 metros cuadrados en la Ciudad de Buenos Aires, pero con un valor fiscal de más de 339 millones de pesos, una desproporción que despertó inmediatas sospechas. El portal El Disenso publicó imágenes de un supuesto dúplex con pileta, gimnasio y sala de juegos, lo que sugiere que el inmueble real no se corresponde con la superficie declarada. Menem, que percibe un ingreso mensual promedio de 4,33 millones de pesos, no tendría capacidad de repago según los parámetros tradicionales del Banco Nación. La hipótesis sobre el origen de sus fondos adicionales apunta a una empresa heredada en España, “Protegat Inversiones S.L.”, que opera una lavandería automática y un sistema de almacenamiento en Barcelona, cuyos ingresos no fueron declarados en el país.
El clan Menem también cuenta con Nazarena Menem, de 26 años, quien accedió a un crédito de más de 236 millones de pesos en agosto de 2025. Al no ser funcionaria pública, no está sujeta al régimen de declaraciones juradas de la Oficina Anticorrupción, lo que genera un vacío de control sobre su operación.
Pero el núcleo más polémico de este escándalo lo integran los altos funcionarios del equipo económico del gobierno. Felipe Núñez, director del BICE, incorporó una casa de 389 metros cuadrados en San Isidro, de la cual posee la mitad, con un valor fiscal de 191 millones de pesos. El valor real de mercado superaría holgadamente los 400 mil dólares. Pedro Inchauspe, miembro del directorio del Banco Central, obtuvo el crédito más abultado: más de 500 millones de pesos, con los cuales compró un departamento de 133 metros cuadrados en Capital Federal. Pero lo inusual es que lo declaró por apenas 55 millones de pesos —el 10% de su valor real— y lo inscribió con destino “otros”, ya que desde 2013 posee una casa de 180 metros cuadrados en San Fernando destinada a “casa habitación”. Se trata, entonces, de un préstamo para segunda vivienda, un privilegio que contrasta con la finalidad social de la línea crediticia. Inchauspe también registra créditos personales en otros tres bancos y una empresa inmobiliaria en Recoleta.
Felipe Berón, por su parte, fue el único que declaró la compra de un lote de 3000 metros cuadrados en el country club La Retama, en Manzanares, Pilar, con un valor fiscal de 408 millones de pesos. Para justificar la operación, reconoció una deuda de casi 48 millones de pesos con una particular, Mónica Negri. Su patrimonio creció un 1600% en solo un año. Federico Furiase, secretario de Finanzas, es el único que aún no presentó su declaración jurada, pese a haber recibido dos prórrogas. Según revelaciones periodísticas, utilizó el crédito para adquirir una vivienda de 300 mil dólares en el country Los Pilares, también en Pilar, y ya posee otro inmueble en Ramos Mejía, lo que lo convierte en propietario de al menos tres propiedades.
A esa lista se suman Javier Matías Mana, quien con un préstamo de 242 millones de pesos compró una propiedad de 209 metros cuadrados en Escobar, y Juan Manuel Garzón, que con 180 millones adquirió el 50% de una casa de 290 metros cuadrados en Córdoba. Ambos ya contaban con viviendas previas en Capital Federal, lo que refuerza la idea de que los créditos no estaban destinados a resolver necesidades habitacionales primarias.
El diputado tucumano Mariano Campero, en plena disputa interna por la candidatura a gobernador, obtuvo 275 millones de pesos para comprar una casa de casi 1000 metros cuadrados en Yerba Buena, Tucumán, en una zona residencial de alto valor. Se defendió argumentando que accedió al crédito “como cualquier argentino que califique”, aunque su propia declaración jurada muestra que el monto del préstamo duplica su patrimonio previo.
Otros casos menores pero igualmente reveladores incluyen al exjefe de Gabinete de Capital Humano, Leandro Massaccesi, quien fue despedido por la ministra Sandra Pettovello tras conocerse su nombre en la lista. Con un crédito de casi 200 millones de pesos, compró el 50% de un departamento de 93 metros cuadrados en la ciudad de Buenos Aires, y ya poseía la mitad de un terreno en Viedma. Los diputados Alejandro Bongiovanni y Federico Matías Ramos Napoli, junto con el tuitero oficial Juan Pablo Carreira, completan la nómina con operaciones de menor monto pero igualmente llamativas: departamentos de dos ambientes en Recoleta y otras zonas porteñas.
El conjunto de estas operaciones dibuja un panorama en el que los funcionarios libertarios accedieron a créditos millonarios en condiciones excepcionales, sin ajustarse a los criterios de solvencia que rigen para el común de los ciudadanos. La causa judicial, que permanece en un silencio ensordecedor, deberá determinar si hubo tráfico de influencias, administración fraudulenta o simplemente una distribución discrecional de fondos públicos. Mientras tanto, las declaraciones juradas de 2025 dejaron al descubierto no solo un puñado de propiedades de ensueño, sino también un sistema de privilegios que, para muchos, resulta incompatible con la probidad que debería exigirse a quienes ocupan los más altos cargos del Estado.
