En el marco de la marcha frente al Congreso, mujeres que sostienen la vida de sus hijos con discapacidad denuncian que el ajuste, la falta de cobertura y los préstamos bancarios las empujan a una trampa financiera de la que no pueden salir
La escena se repite en cada movilización, pero esta vez el escenario fue distinto. Sobre la calle, de espaldas al edificio del Congreso, mientras en el interior se votaba el emplazamiento a comisiones de iniciativas para atender la situación de más de seis millones de personas morosas y un proyecto para prorrogar por un año la emergencia en discapacidad, Julieta Molina tomó el micrófono. Lo hizo como progenitora de un niño con discapacidad severa, como madre de una adolescente que no vislumbra porvenir en un país que, según sus palabras, les está pisando la cabeza. Pero, sobre todo, habló como deudora. Porque se endeudó para sostener la existencia de sus hijos, la propia y la de sus padres, jubilados con haberes miserables. Las medicaciones para su hijo dejaron de estar cubiertas. Este mes acumuló una deuda de un millón y medio de pesos con la tarjeta de crédito, sin saber cómo la afrontará. También contrajo obligaciones con el banco donde trabaja, entidad en la que se encuentra con licencia psiquiátrica debido a la situación que atraviesa. A pesar de la vergüenza que implica reconocer el nivel de endeudamiento para mantener con vida a los seres queridos, sostuvo que hay que sacudirse ese pudor y que la vergüenza cambie de lado. Fueron los funcionarios quienes deberían sentirla.
El discurso de Julieta Molina finalizó con la voz quebrada y provocó un nudo en la garganta de quienes la escuchaban sobre Rivadavia y Entre Ríos. Ocurrió durante la marcha de este miércoles, cuando por primera vez convergieron dos universos que hasta ahora marchaban por separado: las personas endeudadas y las familias del colectivo de la discapacidad.
Como ella misma aclara, su realidad representa a miles de personas que todavía no figuran en las estadísticas ni en los informes sobre deudas y morosidad, pero que se endeudan para pagar medicamentos, tratamientos, prótesis o un tipo de alimentación específica. También lo hacen porque no hay empleo o porque los trabajos disponibles se remuneran mal y el dinero sencillamente no alcanza.
«Estamos casi todas endeudadas», afirma Julieta a Página/12 al referirse a las madres que, como ella, tienen hijos con discapacidad. Desde el espacio Movida Ciudad, vinculado a Ni Una Menos y Mamá Cultiva, ella y sus compañeras acompañan decenas de casos similares y elaboraron un «manual de autodefensa financiera» para asesorar a las familias a atravesar la tormenta y organizarse.
Desde ese espacio observan cómo el problema se desencadenó y empeora. «Las personas que nos dedicamos al cuidado somos las más empobrecidas y de eso no se habla», explica. Y describe cómo se forma la ola: comienza con el problema salarial y laboral en general, continúa con el ajuste en discapacidad y el sistema de prestaciones, y termina en el abuso de los bancos, las fintech y, finalmente, los prestamistas de última instancia, incluidos familiares y amigos. Todo conforma un combo letal que deteriora aún más la calidad de vida.
Julieta relata su propia experiencia como espejo de muchas otras. El centro al que concurre su hijo comenzó el año pasado con cierre parcial: pasó de atender cinco días a solo tres. Esos dos días en que su hijo no va al colegio, ella no puede ir a trabajar. A eso se suman los días en que él atraviesa convulsiones, que se extienden tres o cuatro jornadas hasta que se estabiliza. Sin los apoyos necesarios, sin las terapias, todo aquello a lo que antes accedían mediante el Certificado Único de Discapacidad, ahora deben cubrirlo de su bolsillo, resentido porque trabajan menos y por la situación económica. Así, primero se consumen los ahorros, después se endeudan con el banco, y así sucesivamente. Contratar una niñera resulta carísimo, porque es un trabajo sumamente complejo: los hijos son corporales, pegan, gritan, implica cambiar pañales con materia fecal de una persona adulta, enfrentan múltiples situaciones que conllevan riesgo de vida. Y con lo que pagan las terapias, cada vez peor, no se consigue a nadie, porque las profesionales buscan otros empleos. Las fuerzan a quedarse en casa. No solo terminan endeudadas, sino que además resienten los vínculos, las acorralan, las quieren disciplinar, les desordenan la vida.
«Ya no quiero ni mirar»
Página/12 conversó con familias del colectivo para conocer sus historias. En la mayoría de los casos, la deuda que arrastran tiene un punto de contacto con su discapacidad y con los gastos fijos de cuidados y salud. Algunas identidades fueron modificadas a pedido de los entrevistados. Son testimonios que perfectamente podrían escucharse en los plenarios de Finanzas y Discapacidad que comenzaron este miércoles en Diputados.
Mariela es empleada estatal y su trabajo en un organismo público es el primero en blanco que consigue luego de pasar muchos años vendiendo pañuelitos en las estaciones de trenes. Tuvo un accidente hace más de veinte años y desde entonces necesita una silla de ruedas para trasladarse. Es viuda. Alquila en negro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El hogar es amplio porque requiere espacio para su movilidad, además de que tiene tres hijos. Su deuda comenzó por un altercado familiar a la hora de pagarle al dueño del departamento, que pasaba a cobrar en efectivo. Como perdió la bolsa con billetes, o se la robaron, no tenía con qué pagar y solicitó un préstamo al banco donde cobra el sueldo. Fue en 2024, las tasas no eran desmedidas. Pero después ya no pudo pagar. «La última vez que miré, solo de intereses debo tres millones. Ya no quiero ni mirar cuánto es», confiesa a este diario.
Laura también es empleada pública y tiene un hijo con discapacidad intelectual. Hace seis meses que no paga. Refinanció la deuda dos veces y aun así no llega, cuenta. Debe tres millones de pesos. Gana un millón cuatrocientos mil. Sumó changas de corrección de textos para reunir algo más. El sueldo se le vacía a las cuarenta y ocho horas de cobrarlo. «Ya ni lo veo», dice. Tiene gastos fijos de alimentación para su hijo, que presenta fijaciones con distintos productos específicos, y con algunos medicamentos que la obra social le cubre en parte, y la cuenta sube y sube. El resto del mes lo sobrelleva con la cuota alimentaria del padre del niño y la ayudan amigos, familiares y compañeros. «El presidente y el gobierno se la pasan hablando de la familia, pero no tienen ni idea de qué es. Es una locura que uno tenga que pasar por esto, hacer malabarismos para mantenerse», protesta.
Patricio es paisajista y tiene una discapacidad motriz leve en el brazo izquierdo por una lesión en el plexo braquial derivada de un accidente. La operación, la recuperación y la baja de las changas lo dejaron casi en la calle. Pidió un préstamo muy pequeño en Mercado Pago, cuenta, para pagar las compras en el chino. Nunca la canceló. «Desde entonces me llaman de todos lados, me extorsionan, hasta me dijeron que me iban a allanar», relata. «Si esto me pasó a mí, que puedo, a pesar de todo, seguir trabajando, no me quiero imaginar al que la pasa peor, con menos ingresos».
Andrea tiene una discapacidad mental. El diagnóstico médico es esquizofrenia paranoide. Puede seguir trabajando, muy poco, pero igual la rema. Cobra una pensión, que hoy representa el setenta por ciento de una jubilación mínima, más el bono. Hace algunas changas, trabajitos que le pasan amigos, los mismos que la ayudan un poco todos los meses para vivir. «No me alcanza, si no pido préstamo, se me viene todo abajo», dice. Se endeudó por primera vez para pagar la luz: le vino doscientos mil pesos a fines del año pasado. Sacó un crédito para pagarla. El préstamo tiene débito automático, así que parte de la pensión se le va en pagarlo sin que pueda protestar. «No son cifras muy altas, pero para mí es todo lo que tengo», afirma.
Patricia es joven, vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se traslada en silla de ruedas y trabaja en distintas ramas y rubros artísticos, pero hace de todo. «Ser discapacitada es carísimo. Casi todo es importado», cuenta. «Yo tengo una obra social de las mejores, se me va toda la plata en eso. Porque si me pasa algo, estoy perdida. Pero hay cosas que no me cubre. Por ejemplo, la silla de ruedas, que cubre cada dos años. Y si se te rompe algo en el medio, pum, a ponerse. Se me rompió un joystick el año pasado y me salió un millón. Ahí me empecé a endeudar», relata. En su caso fue con un banco: cuando vio que la bola se hacía muy grande, acudió a familiares y amigos para cancelar todo. «Decís bueno, ahora me ajusto, dejo de ir al gimnasio, pero tampoco puedo, porque lo necesito por mi condición». Pone más ejemplos. «La obra social se atrasó con los catéteres para hacer pis. Los uso cinco veces al día. Salen treinta mil pesos cada uno. Hace poco me quedé sin por una semana, hasta que me los mandó la obra social. Esa semana lo cubrí yo, me salió doscientos mil pesos, es muchísima plata».
La deuda del Estado
Lo que ocurre con Incluir Salud, la obra social estatal de las personas con discapacidad, es el colmo de los colmos. Es el propio Estado, en este caso, el que les debe a las instituciones de apoyo y rehabilitación, que a su vez, por los retrasos en los pagos, se endeudan con ARCA.
La situación es tan crítica que, en algunos casos como el Instituto IRAM, de Córdoba, especializado en síndrome de Down, la obra social estatal les debe más de ciento cuarenta y ocho millones de pesos por pagos atrasados desde noviembre de 2025, incluso desde antes de la entrada en vigencia de la ley de Emergencia en Discapacidad, luego de varios meses de dilación en los que incurrió el propio gobierno.
De los ciento sesenta y ocho alumnos y concurrentes del IRAM, el cuarenta por ciento es Incluir Salud, por lo que el agujero financiero es terminal. Eso redunda en recortes de prestaciones y profesionales que se van. La institución tiene un retraso en el pago de sueldos y también en las cargas sociales, lo mismo que varias de la zona del AMBA que atravesaron momentos igualmente críticos en el primer semestre del año.
«Los ingresos no son suficientes. Estamos debiendo sueldos desde la mitad de mayo, completo de junio, julio y ahora se sumó agosto», dice a este diario Norma, una de las directoras de la institución. «Si bien tenemos otras obras sociales, no es suficiente para cubrir todo. Hay mucho que pagar: sueldos, seguros, servicios, impuestos».
El resto, cuenta, es deuda. «Solo pagamos lo que es prioridad, para sostener la institución, aunque estamos al borde». Para sobrevivir hacen rifas, pero ya ni eso. De hecho, cuenta, tienen proyectado clausurar el espacio de formación para jóvenes ya egresados de la secundaria, por lo que hay cuarenta hombres y mujeres con discapacidad intelectual que se quedarán sin espacio.
En junio, la justicia de Córdoba intimó al Gobierno a regularizar las deudas de PAMI e Incluir Salud, pero no lo hace. «El recorte directo del sistema de prestaciones implica un empobrecimiento de las familias», dice a Página/12 Marta Lastra, la abogada que impulsó el amparo colectivo y que es madre de un chico con discapacidad.
«Seguimos peleando para que se extienda un año más la emergencia, aunque el Gobierno no quiera, pero también para que cumpla la ley vigente, cosa que no hace», explica. «Todavía se debe la compensación por los dos años de congelamiento de los aranceles, entre diciembre del 23 y noviembre del 25, y que las actualizaciones por el IPC se apliquen sobre la base real calculada del atraso. Debe ser del setenta por ciento, y el Gobierno la aplica sobre el treinta. Eso es mucha plata, es más ahogo. Los chicos están perdiendo terapias, aprenden poco y sociabilizan menos», concluye.
