El sobreendeudamiento, la emergencia en discapacidad y la reforma electoral marcan el pulso de una semana que expuso las dificultades del Gobierno para imponer sus prioridades, mientras la Casa Rosada busca capitalizar el anuncio soberanista y prepara una ley de defensa de la soberanía nacional que despierta fuertes reparos en la oposición.
La semana que acaba de concluir dejó al Poder Ejecutivo cercado por una agenda que no eligió y que responde a las urgencias más acuciantes de la sociedad. El sobreendeudamiento, una problemática que ya golpea a la mitad de los argentinos, se convirtió en el eje de un temario que los bloques opositores lograron imponer y que el oficialismo terminó acompañando con evidente incomodidad. La discusión comenzará el próximo martes en un plenario conjunto de las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor, y un día después se retomará el debate por la prórroga de la Emergencia en Discapacidad, dos asuntos que colocan al Gobierno en una posición defensiva y que revelan hasta qué punto la oposición ha logrado marcar la hoja de ruta parlamentaria.
Lejos de reconocer la derrota política que implica haber cedido la iniciativa, el oficialismo optó por disimularla mediante su adhesión al cronograma impulsado por los bloques opositores. Se trata de una concesión que, aunque presentada como gesto de apertura al diálogo, expone la fragilidad de una fuerza que no consigue imponer sus propios tiempos ni sus propias prioridades. En ese contexto, la Casa Rosada intentará recuperar terreno con el envío de los proyectos vinculados a la causa Malvinas y con la presentación del Presupuesto 2027, dos movimientos que buscan reinstalar al Gobierno en el centro de la escena pública y desplazar la atención de los temas que lo incomodan.
Sin embargo, la creación de un Consejo de Seguridad Nacional a imagen y semejanza del que funciona en Estados Unidos se convirtió en el punto más controvertido de la ofensiva oficialista. La iniciativa, que otorgaría al Poder Ejecutivo mayores facultades para coordinar política exterior, defensa, inteligencia y economía sin necesidad de pasar por el Congreso, despertó críticas inmediatas desde diversos sectores. Fuentes opositoras recordaron que el presidente norteamericano decidió una guerra sin consultar al Legislativo y advirtieron que no se puede delegar facultades en un mandatario al que describieron como una copia degradada de su par estadounidense. El diputado Juan Marino fue categórico al afirmar que no aceptarán que Malvinas sea utilizada como caballo de Troya para desplazar al Congreso y avanzar en una doctrina de seguridad nacional subordinada a Marco Rubio. María Cristina Perceval, exembajadora ante la ONU y especialista en temas de defensa, sostuvo que el Consejo que pretende crear la administración libertaria pone en tensión la doctrina argentina, que separa de manera estricta la defensa nacional de la seguridad interior, y reclamó máxima prudencia a la hora de delegar atribuciones. Para la diplomática, con la excusa de defender la soberanía se podría llevar puesta la democracia, una advertencia que cobra especial gravedad luego de que el presidente norteamericano dejara abierta la posibilidad de intervenir ante una eventual escalada militar entre ambos países.
En el Senado, la situación no es menos compleja para el oficialismo. Patricia Bullrich intentará reactivar la discusión por la reforma política, aun cuando no cuenta con los apoyos suficientes para avanzar, y volverá a escena el debate por Zonas Frías, dos discusiones que permanecen estancadas en la Cámara alta y que reflejan la dificultad del Gobierno para construir consensos duraderos. La reforma electoral, cuyo objetivo central consiste en eliminar las PASO para perjudicar al peronismo, no termina de sumar adhesiones y la Cámara Nacional Electoral sumó presión esta semana a través de una Acordada Extraordinaria en la que recordó al Congreso que los estándares internacionales recomiendan que cualquier cambio en las reglas electorales se apruebe antes del comienzo del año en el que se realizarán los comicios. El 15 de septiembre, en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, se retomará la discusión y el oficialismo está dispuesto a abandonar gran parte de su proyecto si al menos consigue suspender las PASO un año más, como ya ocurrió en 2025.
Paradójicamente, el peronismo encontró en la estrategia del oficialismo un elemento ordenador: resistir la eliminación de las primarias. En el Hotel Emperador, los dirigentes de las distintas tribus acordaron que los gobernadores que ayuden a la Casa Rosada serán considerados oficialistas y tendrán que enfrentar a otros candidatos del peronismo en sus territorios. Los movimientos se acumulan y la próxima semana el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, buscará repatriar a los gobernadores que colaboraron con Milei, como Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil y Gustavo Sáenz. Cerca del mandatario lo imaginan como un jefe de Gabinete con un perfil similar al que tuvo Manzur si el peronismo vuelve a gobernar.
Los números que se miran en Balcarce 50 dan cuenta de que la causa Malvinas consiguió imponerse en la conversación digital. Según la consultora Monitor Digital, Milei y el Gobierno consiguieron mejorar sus indicadores reputacionales respecto de la semana anterior, que fue la semana del anuncio. Por eso, la Casa Rosada busca exprimir al máximo las mieles del anuncio soberanista, aun cuando se trata del mismo gobierno que estuvo dispuesto semanas atrás a vender sin límites el territorio nacional a capitales extranjeros. El lunes, el Presidente recibirá en la Casa Rosada a su tropa legislativa en lo que un diputado libertario describió ante este medio como otra masterclass, con un formato similar al de la presentación de la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. Ese mismo día, el Gobierno enviará el proyecto denominado Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una reedición del marco normativo que sancionó Cristina Kirchner durante su primer gobierno. Por la noche, los legisladores serán agasajados en una cena en el local de La Libertad Avanza que se inauguró en San Telmo.
Según pudo reconstruir este diario, el asesor presidencial Santiago Caputo y el ministro Pablo Quirno trabajan en la redacción del proyecto que se conocerá esta semana. A priori, la letra contempla el endurecimiento de las sanciones para las empresas petroleras que se anotaron para explotar de manera ilegal hidrocarburos en las Islas Malvinas. La Ley 26.659 ya establece sanciones para las compañías que realizaran actividades de exploración o explotación sin autorización del Estado argentino y los gobiernos de Cristina Kirchner y Alberto Fernández la usaron desde el año 2010, cuando nació el megaproyecto Sea Lion. La novedad es que podría alcanzar a otros rubros, como la pesca ilegal, pero con un guiño para los amigos: una suerte de salvoconducto para que las empresas que desistan de operar en Malvinas puedan conservar beneficios impositivos como el Super RIGI en la Argentina continental. El texto también incorporaría el juicio en ausencia para las violaciones a la soberanía nacional y, finalmente, la creación del Consejo Nacional de Seguridad que anunció el Presidente en la cadena nacional.
En la Cámara baja poco se habla del Presupuesto 2027. En principio, esta vez el Presidente no irá al Congreso a presentarlo, como el primer año de su gestión, ni hará una cadena nacional, como el segundo. El Ejecutivo debe presentarlo el 15 de septiembre, pero en la Casa Rosada prefieren estirar el rédito por Malvinas antes que superponer temas, por lo que la discusión se dará durante el mes de octubre. Allí debería aparecer la partida para la construcción de la Base Naval Integrada que, si bien tuvo una reasignación de presupuesto por 142 millones de dólares publicada en el Boletín Oficial, para terminarla requiere una inversión de entre 400 y 500 millones de dólares. Otro de los aspectos a observar es qué hará el Gobierno con el sector de discapacidad. En el entorno de Martín Menem dijeron el último miércoles que el Gobierno busca una salida superadora que no sea la prórroga de la Emergencia.
Los gobernadores mirarán de cerca la obra pública y no descartan una negociación conjunta con la reforma política. En Balcarce 50 mantienen un fuerte hermetismo, aunque cerca del ministro Santilli aseguran que aparecerán varios de los pedidos que el ministro fue recogiendo de los mandatarios dialoguistas, entre ellos un proyecto de agua potable para Concordia, Entre Ríos, y la continuidad de trabajos en la Ruta 40 a la altura de Mendoza. Este último punto es uno de los más trabados para la gestión libertaria, que necesita aceitar los mecanismos de negociación con las provincias si pretende avanzar con sus iniciativas más ambiciosas.
El escenario político que se configura de cara a las próximas semanas muestra a un Gobierno que, pese a haber recuperado cierto protagonismo mediático con la causa Malvinas, continúa atrapado por una agenda opositora que lo interpela en sus puntos más débiles. La disputa por el sobreendeudamiento, la emergencia en discapacidad y la reforma electoral seguirán marcando el ritmo de un Congreso que no parece dispuesto a concederle al oficialismo los triunfos que necesita para consolidar su proyecto. Mientras tanto, la Casa Rosada apuesta a que el anuncio soberanista y la presentación del Presupuesto 2027 le permitan recuperar la iniciativa política y revertir una tendencia que, por ahora, lo muestra a la defensiva.
