La comunidad académica convocó a una quinta marcha federal para el 15 de octubre y anunció un paro escalonado de 23 días en la UBA, en rechazo a la propuesta salarial oficial y a los fondos previstos en el Presupuesto 2027.
La paciencia del ámbito universitario llegó a su límite. Lo que debía ser una reunión paritaria para destrabar el conflicto salarial terminó por confirmar las sospechas de los gremios y rectores: el Poder Ejecutivo nacional no tiene intenciones de modificar su oferta ni de acatar plenamente la Ley de Financiamiento Universitario. Frente a este panorama, las federaciones sindicales y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) resolvieron profundizar las medidas de fuerza y convocar a una nueva movilización de alcance nacional.
El encuentro del jueves pasado, que había sido acordado con la promesa de una propuesta superadora, concluyó sin novedades. La Subsecretaría de Políticas Universitarias ratificó el incremento del tres por ciento que ya había puesto sobre la mesa a comienzos de mes, una cifra que queda muy lejos del treinta por ciento de recomposición que exigen los trabajadores para recuperar el poder adquisitivo perdido durante la actual gestión. Así lo expresó el presidente del CIN, Franco Bartolacci, quien señaló que no hubo oferta alguna en el ámbito paritario y que el oficialismo se limitó a repetir lo ya dicho un mes atrás.
El malestar no es nuevo. Desde junio, los sindicatos y las autoridades universitarias venían sosteniendo conversaciones con el Gobierno en busca de una salida. En aquel momento se firmó un acta en la que el Ejecutivo se comprometía a otorgar un aumento del 21,3 por ciento en junio, otro tres por ciento en octubre, fondos para gastos de funcionamiento de edificios y hospitales que nunca llegaron, y la convocatoria a una paritaria en septiembre. Esa buena predisposición se disolvió por completo cuando quedó en evidencia que la estrategia oficial consistía en ganar tiempo mientras aseguraban ante la Justicia que estaban cumpliendo con la norma.
La Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por amplia mayoría en el Congreso y ratificada tras el veto presidencial, establece con claridad las obligaciones que el Gobierno parece dispuesto a ignorar. A ello se suman las medidas cautelares dictadas por la Justicia, que exigen la puesta en marcha inmediata de los artículos 5 y 6 del texto legal. Sin embargo, lejos de acatar, la administración libertaria persiste en su postura restrictiva.
Ante este escenario, la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA), junto a Feduba, Apuba y UTE, anunció un plan de lucha que contempla veintitrés jornadas de paro escalonado, una por cada facultad, desde el 21 de septiembre hasta el 22 de octubre. La medida comenzará con una huelga en el rectorado y culminará en el Hospital de Clínicas. Para Emiliano Cagnacci, secretario general de ADUBA, estas jornadas servirán para tomar conciencia social de que lo que está en juego excede la discusión salarial y pone en disputa la posibilidad de una Argentina distinta a través del modelo educativo.
A la preocupación por los salarios se suma la incertidumbre por el presupuesto del año próximo. Según el proyecto que ya se debate en las comisiones de Diputados, las universidades deberán funcionar durante todo 2027 con 7,3 billones de pesos, cuando el CIN estima que se necesitan alrededor de 11 billones para cubrir la totalidad de los gastos. Bartolacci trasladó esta inquietud a los delegados oficialistas durante la reunión, pero no obtuvo respuestas. El rector advirtió que, de aprobarse el Presupuesto tal como está, todas las funciones y programas que brindan las universidades se verán afectados, no solo por la imposibilidad de garantizar el incremento salarial pendiente, sino porque tampoco habrá condiciones materiales para funcionar.
Frente a la falta de diálogo en el ámbito paritario y judicial, el CIN desplegó una estrategia parlamentaria para sumar voluntades. Tras una audiencia en Diputados, los rectores planean reunirse con legisladores de cada provincia y, más adelante, con los gobernadores, a quienes consideran voces clave para orientar la discusión presupuestaria. Luego del encuentro con el oficialismo, y de manera casi automática, las autoridades universitarias acordaron con los gremios y las federaciones estudiantiles la convocatoria a la quinta Marcha Federal Universitaria, que se realizará el 15 de octubre.
Bartolacci fue categórico al afirmar que el Gobierno nunca tuvo disposición a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, ni antes ni ahora, y que basta con repasar el recorrido del tema para comprobarlo. Cagnacci, por su parte, hizo un llamado a la sociedad para que acompañe el reclamo, defendiendo el derecho a educarse, el desarrollo científico-tecnológico y el ascenso social que la universidad pública representa en la memoria colectiva de los argentinos.
