La Cámara Federal ratificó los procesamientos del exdirector Diego Spagnuolo, su segundo Daniel Garbellini y otras diecisiete personas, entre ellas el lobista Miguel Ángel Calvete y su hija Ornella, al confirmar la existencia de una asociación ilícita dedicada al direccionamiento de contrataciones, el pago de sobreprecios y el cobro de coimas en la compra de medicamentos e insumos para personas con discapacidad
La Sala II de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional emitió una resolución de singular relevancia para el avance de la investigación que sacude a la Agencia Nacional de Discapacidad, al avalar de manera integral la hipótesis que sostiene el fiscal Franco Picardi con la intervención del juez Ariel Lijo. El tribunal, integrado por los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico, confirmó los procesamientos del exdirector del organismo Diego Spagnuolo, de su número dos Daniel Garbellini y de otras diecisiete personas, entre las que sobresalen un conjunto de actores privados vinculados a laboratorios y droguerías que intervenían en las adjudicaciones y en las compulsas de precios fraguadas como si fueran parte de la propia repartición estatal. Entre esos particulares ocupa un lugar central Miguel Ángel Calvete, señalado como uno de los articuladores del entramado.
La decisión del tribunal no solo dio por acreditada la existencia de una organización criminal dedicada a la obtención de ganancias indebidas, sino que además respaldó las imputaciones por negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho, delitos que varían según el grado de participación de cada uno de los involucrados. Los magistrados precisaron que uno de los destinatarios de las dádivas fue el propio Spagnuolo, lo que refuerza la tesis de que el exfuncionario no se limitaba a tolerar el mecanismo sino que participaba activamente en él. También quedó comprendida en la lista de procesados Ornella Calvete, hija del lobista, quien se hiciera conocida públicamente cuando se hallaron setecientos mil dólares ocultos en un cajón de su domicilio y que se desempeñara como funcionaria del Ministerio de Economía.
En un pronunciamiento separado, los camaristas desestimaron los planteos de nulidad presentados por la familia Kovalivker, propietaria de la droguería Suizo Argentina, por el propio Calvete y por su pareja Guadalupe Muñoz, entre otros, quienes insistían en cuestionar las grabaciones que dieron origen a la causa. Los jueces sostuvieron que ese reclamo perdió vigencia debido a que se encuentra en curso un peritaje destinado a establecer el origen y la veracidad de los audios y, al mismo tiempo, subrayaron que el magistrado de primera instancia ya había dado cuenta de otros elementos que, desde el inicio, alimentaron las sospechas necesarias para impulsar la investigación. Se trata de una afirmación de peso, porque la propia Cámara confirmó procesamientos que no se apoyan en las grabaciones como prueba, lo que demuestra que la causa cuenta con un sustento probatorio autónomo. En esa misma línea, el tribunal redujo los embargos impuestos y les fijó un tope de treinta y cinco mil millones de pesos, y únicamente modificó la evaluación de la participación de Pablo Atchabahian, quien había sido funcionario del área durante el gobierno de Mauricio Macri, al considerarlo solo como miembro de la asociación ilícita en lugar de jefe.
El núcleo de la investigación
El fallo de la Cámara reconstruye el corazón de la pesquisa y recuerda que, entre diciembre de dos mil veintitrés y octubre de dos mil veinticinco, en el ámbito de la Andis se habrían concretado contrataciones direccionadas y con sobreprecios en insumos y medicamentos que tuvieron como contrapartida la promesa y la entrega de dádivas a funcionarios públicos, todo ello en un contexto asociativo cuya finalidad era la obtención de ganancias indebidas. La resolución va más allá y sostiene que en esa faena intervinieron también actores privados que tomaban decisiones de exclusiva incumbencia de la Agencia, lo que revela un grado de penetración del sector privado en la estructura estatal que excede la mera condición de proveedor.
Para armar las contrataciones se utilizó, dentro de la repartición, un sistema informático denominado Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones, que funcionaba por fuera del sistema habitual de contrataciones del Estado. Esa herramienta permitía manipular el proceso de modo tal que resultaran invitadas a cotizar únicamente las droguerías y firmas vinculadas a los miembros de la organización delictiva, que conocían de antemano las condiciones de la competencia y simulaban una puja de precios que en realidad estaba acordada. La resolución repasa algunos chats extraídos de los teléfonos secuestrados en los que Garbellini impartía instrucciones elocuentes, como cuando ordenaba dar de alta a un prestador para el suministro de insumos, o cuando indicaba desestimar una compulsa completa de implantes cocleares, o cuando pedía sacar a una firma de las invitaciones de insumos y dejar en cambio a otra empresa y a lo de siempre.
Los sobreprecios
Otro tramo del fallo recoge un análisis elaborado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas que comparó precios y detectó qué ocurría cuando las adjudicatarias eran las droguerías automáticamente seleccionadas. El estudio muestra que la misma droga, en igual presentación y marca, en las compras de gran volumen fue cotizada y adjudicada por un precio unitario de veintiún millones de pesos en los meses de abril y mayo y de veinticinco millones doce mil pesos en julio de dos mil veinticinco, mientras que en el mismo mes de abril se le adjudicó a Droguería Génesis S.A. por un precio unitario de cuarenta y dos millones doscientos cuarenta y tres mil seiscientos cuarenta y siete pesos con cincuenta centavos, en mayo a Profarma y a Génesis por cuarenta millones setecientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos con ochenta y dos centavos y cuarenta millones trescientos veintiocho mil trescientos dieciocho pesos con cincuenta centavos respectivamente, y en junio a Génesis por cuarenta y cinco millones seiscientos tres mil setecientos cincuenta y dos pesos con sesenta y cinco centavos. La comparación individualiza además que en el proceso de menor envergadura se adjudicó a Droguería Profarma S.A. por un valor unitario de cuarenta y cinco millones ciento cincuenta y dos mil doscientos treinta pesos con treinta y cuatro centavos, mientras que en el proceso de mayor volumen la misma droga, Burosumab de veinte miligramos en vial por uno, fue adjudicada a Droguería Veinte de Junio S.A. por un valor unitario de veinticinco millones doce mil pesos.
Se trata solo de algunos ejemplos de la adjudicación de contratos para la compra de medicamentos correspondientes al rubro de alto costo y baja incidencia. Respecto de estas droguerías en particular, la fiscalía de Picardi había demostrado que Profarma tuvo, junto con Génesis, el noventa y tres coma once por ciento de las adjudicaciones de la Andis entre julio de dos mil veinticuatro y agosto de dos mil veinticinco que fueron calificadas como especiales o acotadas, donde la competencia de precios era apenas aparente. Las otras dos droguerías implicadas son New Farma y Floresta S.A., que se quedaron con el cincuenta y uno coma sesenta y siete por ciento de las adjudicaciones en dos mil veinticinco y otro tanto el año anterior en el rubro de implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados. Solo las dos primeras facturaron más de treinta mil millones de pesos. Picardi había mostrado que, en el caso de medicamentos, los sobreprecios llegaban en algunos casos al mil novecientos sesenta por ciento, una cifra que ilustra la magnitud del desfalco.
La Cámara señaló que parte de los fondos ilícitamente obtenidos eran utilizados para fondear los pagos que se realizaban a los funcionarios y a los articuladores del negocio por parte de los proveedores alineados en la misma estrategia, lo que confirma la existencia de un circuito cerrado en el que el dinero público financiaba tanto la ganancia empresaria como la retribución de quienes facilitaban el mecanismo desde el Estado.
El rol de Spagnuolo y las coimas
El fallo dedica pasajes sustantivos a describir la conducta del exdirector del organismo. Sostiene que Spagnuolo no se limitaba a validar y acompañar todo el proceso que transcurría frente a sus ojos y a facilitar el camino para la concreción del plan criminal puesto en marcha por otros actores, sino que tuvo una intervención activa para lograr la concreción de esos planes, disponiendo de las herramientas que la función le otorgaba para asegurar el éxito de la empresa delictiva, incluyendo la posterior designación de Garbellini, y todo ello teniendo como norte la obtención de ganancias no solo para las empresas indebidamente beneficiadas sino también para sí mismo.
La resolución también reconstruye el vínculo de Spagnuolo con Calvete, con quien se veía incluso en la casa del primero, y las entregas de dinero. Recuerda un chat de junio de dos mil veinticinco en el que una de las manos derechas de Calvete, Patricia Canavesio, le dice que Diego S. le habló de unos sillones que ella tiene que abonar, que necesita su aprobación y que además le pidió un pasaje para ese viernes hacia Israel, y pregunta si eso es porque la toma como secretaria o si tienen que pagarlos ellas. Calvete le responde que lo pagan desde Indecom y que mejor le pase facturas, y agrega que lo de Israel también pero que se lo facturen si lo pagan ellos. Por las conversaciones surge que Spagnuolo les había pedido cinco millones de pesos. Hay además mensajes entre Calvete, un lobista vinculado a droguerías que según la pesquisa se llevaba su propio veinte por ciento, y Spagnuolo, que los camaristas también repasan en su detallada resolución, en los que se lo escucha decir a Calvete que hable con Play, que mañana a primera hora se lo manda a donde le diga o que se lo mande al fercho para que lo ponga en algún lugar disimulado, que si le sigue rompiendo las bolas el que lo mandó Carlitos Z le diga que viaja y que después se lo mande por mail, que se lo mande formalmente, y que esos son todos puenteros, antes de cerrar con un yo también te extraño broda que retrata la familiaridad del vínculo.
La confirmación de los procesamientos por parte de la Sala II de la Cámara Federal representa un espaldarazo decisivo para la investigación, que avanza sostenida tanto en las grabaciones que aún se peritan como en un cúmulo de pruebas independientes que incluyen chats, análisis de precios, registros informáticos y testimonios. La causa, que ya tiene a sus principales protagonistas procesados como jefes de una asociación ilícita, sigue su curso con la mira puesta en desentrañar la totalidad de la trama de corrupción que durante casi dos años operó en el seno de la Agencia Nacional de Discapacidad.
