El gobierno presentará el esquema como financiamiento de obras estratégicas, aunque la cifra surge de un cálculo oficial sobre una posible escalada en la demanda de divisas durante el año de comicios. La operación, que se anunciará en Nueva York, involucra al Exim Bank y a la DFC, y busca apuntalar proyectos como Argentina LNG.
En el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y al margen de sus deliberaciones, el gobierno argentino y el de Estados Unidos han tejido un acuerdo financiero que, según trascendió, alcanzará los 7.000 millones de dólares. La administración de Javier Milei lo exhibirá como un respaldo a obras de infraestructura consideradas vitales, pero el origen de la cifra revela una motivación menos confesable: un cálculo elaborado por el Ministerio de Economía para contener una eventual espiral de tensión cambiaria durante el año electoral de 2027. El anuncio, que se realizará en la ciudad de Nueva York, no contempla un préstamo único ni desembolsos inmediatos. Los recursos arribarían a través de diversos instrumentos del Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (Exim Bank) y de la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo (DFC). La coalición gobernante lo presentará como un entramado de créditos, garantías y seguros destinados a proyectos estratégicos, con la promesa de arrastrar tras de sí a bancos e inversores privados.
El caso que se erigirá como testimonio de esta operatoria será Argentina LNG, el megaproyecto que YPF lidera junto a la italiana Eni y XRG, el brazo internacional de inversiones energéticas de la emiratí Adnoc. El plan consiste en transportar gas de Vaca Muerta desde Neuquén hasta la costa de Río Negro para licuarlo y exportarlo. Las dos primeras unidades flotantes sumarían una capacidad de 12 millones de toneladas anuales y podrían generar ventas externas cercanas a los 10.000 millones de dólares por año. YPF aspira a conseguir unos 6.000 millones de dólares apalancados, en parte, por el Exim Bank. La inversión estimada para toda la vida útil del proyecto asciende a 51.000 millones de dólares. Los socios negocian además un crédito sindicado de entre 14.000 y 16.000 millones de dólares, con asesoramiento de JP Morgan y Santander.
Convendrá leer despacio la letra chica. Las agencias de crédito a la exportación prestan, garantizan o aseguran cuando las obras incluyen compras a proveedores de su propio país. La participación del Exim Bank, según indica la tradición, podría exigir la contratación de equipamiento, tecnología y servicios estadounidenses. El dinero viene y va, parafraseando el dicho popular. La operación tiene un recorrido corto. Al menos, para un lector atento del diario La Nación, donde a pocas páginas de distancia se puede encontrar la pirotecnia del anuncio y su verdadera razón de ser. Con la firma del especialista Agustín Maza, el periódico cuenta que el Palacio de Hacienda estima una dolarización extraordinaria de 5.240 millones de dólares en los cuatro meses anteriores a las elecciones, a la que suma otros 1.850 millones por un eventual adelantamiento de importaciones. Total: 7.090 millones de dólares de demanda adicional. Redondeado, el mismo monto que Washington pondrá sobre la mesa.
La palabra que ordena la cuenta es «adicional». Economía parte de una dolarización de personas humanas de unos 1.700 millones de dólares mensuales, lo que equivale a cerca de 6.800 millones en cuatro meses. Con el excedente preelectoral, las compras de particulares podrían acercarse a 12.000 millones de dólares. Del otro lado del mostrador, el equipo económico proyecta una oferta nueva de 9.317 millones de dólares: 6.390 millones por inversiones del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y 2.927 millones por una mejora del saldo de bienes y servicios. La diferencia a favor rondaría los 2.227 millones de dólares. Sobre el papel, alcanza. Pero la dinámica de la formación de activos externos —la demanda y fuga de divisas— muestra un acelerado incremento cuando todavía precalienta el año electoral.
Las reservas brutas cerraron el martes 22 en 49.414 millones de dólares, luego de perder 281 millones en la jornada, en parte por un pago cercano a 100 millones a la CAF. El BCRA encadena once ruedas con compras, aunque a un ritmo cada vez más magro: promedia 14 millones de dólares diarios en el mes, contra 38 millones en agosto, y el martes se quedó con apenas 7 millones, el 1% de los 608 millones operados. Con datos de PPI, el agro liquida en septiembre alrededor de 170 millones de dólares por día y la autoridad monetaria retiene unos 15 millones por rueda. Los dólares entran, pero no se quedan. La economista Marina Dal Poggetto, directora ejecutiva de EcoGo, lo describió como un «Pac Man»: la fuga devora todo lo que ingresa. Desde las elecciones de octubre pasado suma 19.000 millones de dólares y, desde que se levantó el cepo para las personas en abril de 2025, 46.000 millones. Esa cifra, según su cálculo, equivale al superávit comercial acumulado desde el inicio de la gestión y supera en 10% el saldo proyectado hasta fines de 2027. Dicho de otro modo: la dolarización privada ya consumió el equivalente a todo lo que la economía gana en el comercio exterior durante el mandato, antes de que empiece la campaña.
El anuncio se inscribe en el Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI) firmado en febrero, que profundiza la incorporación de la Argentina a Pax Silica, la iniciativa de Washington para armar con sus aliados cadenas de suministro que van de los minerales críticos a los semiconductores. Los documentos podrían aludir a proveedores «confiables», la fórmula que la administración estadounidense utiliza para dejar afuera a empresas vinculadas con países que considera adversarios, con China al frente de la lista. La escena se completa con Trump celebrando su triunfo en las elecciones de medio término en la Argentina. Ocurrió el martes en la cumbre del Escudo de las Américas, la coalición regional que el mandatario republicano impulsa y que, según consignó New York Times, exige ampliar la calificación de «grupos terroristas» a una veintena de organizaciones con actividades diversas —de carteles narco a fuerzas guerrilleras— a las que Washington atribuye vínculos con Irán y China.
El anuncio, previsto para la tarde de Argentina, quedará a cargo del canciller Pablo Quirno y del subsecretario de Estado Christopher Landau, en el consulado argentino. En el Gobierno lo cuentan como otra prueba de que el vínculo con la Casa Blanca conserva un carácter privilegiado. O en una patética remake de las relaciones carnales noventistas: la administración Trump considera a la Argentina como un amigo con privilegios.
