Tras vetar y judicializar la Emergencia en Discapacidad, el oficialismo sorprendió con un dictamen que recicla los puntos centrales de la norma que se negó a aplicar. La oposición, que ya tenía los votos para prorrogar la ley, desconfía del giro y reclama que se retire el capítulo VI del Presupuesto 2027. El papa León XIV visitará uno de los hogares que denunciaron el desfinanciamiento.
En un nuevo episodio de reacomodamiento político y descaro, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto que recupera los ejes fundamentales de la Emergencia en Discapacidad que la oposición estaba a punto de extender. La maniobra persigue recomponer el vínculo con los socios del PRO y la UCR y desactivar el conflicto con el colectivo de personas con discapacidad en la antesala de la llegada del papa León XIV, quien incluyó en su agenda pastoral una recorrida por el Hogar Don Orione, una de las entidades que habían alzado la voz por la ausencia de fondos y el incumplimiento de los programas de asistencia.
Pese al viraje, los bloques opositores mantienen la desconfianza y avanzarán con su propio despacho. Las bancadas que impulsaron la prórroga de la emergencia sostienen que el Ejecutivo nunca quiso acatar la ley vigente y exigen que se elimine formalmente el capítulo VI del proyecto de Presupuesto 2027, que desarticulaba aspectos esenciales de la norma.
La reacción oficialista llegó después de una semana de fricciones entre el Gobierno y sus aliados por la decisión de introducir en el Presupuesto 2027 un apartado que modificaba por la vía presupuestaria la Ley de Emergencia en Discapacidad. Esa iniciativa retomaba el criterio de “invalidez laboral” para acceder a una pensión, suprimía el Certificado Único de Discapacidad y fijaba la incompatibilidad del beneficio con cualquier empleo registrado.
Los pormenores se conocieron después de un encuentro que Martín Menem mantuvo con los bloques dialoguistas durante la tarde del martes, horas antes de la reunión de comisión en la que la oposición se disponía a firmar un dictamen de mayoría para prorrogar la emergencia por un año más. Para Juan Marino, autor del proyecto de prórroga y vicepresidente de la Comisión de Discapacidad, “la reacción generalizada contra el capítulo VI del Presupuesto 2027 generó una crisis en el oficialismo”. “Hay una mayoría social y política en la Argentina que rechaza la eutanasia social contra las personas con discapacidad”, afirmó. El legislador recordó que ese respaldo quedó en evidencia cuando el Congreso rechazó el veto de Milei a la Ley de Emergencia. “Así como tuvieron que retirar la reforma a la Ley de Tierras y no pudieron avanzar con la reforma a la Ley de Sociedades, van a tener que retirar el capítulo VI”, sentenció. Además, reveló que la oposición no fue parte de las negociaciones. “No fuimos consultados ni participamos en ninguna conversación sobre el dictamen del oficialismo. Es necesario conocer el texto”, reclamó.
El diputado Pablo Juliano advirtió que el oficialismo atraviesa “una crisis interna y de credibilidad” y cuestionó que ahora presente como una nueva iniciativa buena parte de lo establecido en la emergencia. “La Libertad Avanza propone sostener la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero le cambia el nombre para no perder la batalla cultural”, sostuvo. Y puso el foco en la contradicción con el proyecto de Presupuesto enviado por el propio Ejecutivo: “¿Por qué creerles después del Presupuesto 2027 que enviaron?”. Para Juliano, “la emergencia debe ser prorrogada”.
Al cierre de esta edición, la oposición se mantenía firme en avanzar con su propio dictamen. “El capítulo VI del Presupuesto 2027 cayó como una bomba neutrónica dentro del oficialismo”, confió un diputado a este diario. Según explicó, el reclamo del colectivo de personas con discapacidad logró construir un amplio consenso social y político, que incluso quedó reflejado en la última reunión de comisión, cuando los expositores convocados por LLA, el PRO y la UCR coincidieron en describir la situación crítica que atraviesa el sector. “Si es cierto lo que ellos insinúan que van a plantear, va a ser un triunfo de la lucha del colectivo de la discapacidad”, concluyó.
Página/12 accedió al documento que Martín Menem puso a consideración de los bloques dialoguistas y que el oficialismo prevé presentar antes de la reunión de comisión. El texto recupera buena parte de la Ley de Emergencia. Mantiene el nomenclador único y su mecanismo de actualización, la pensión equivalente al 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio, su compatibilidad con el trabajo registrado para quienes perciban hasta dos salarios mínimos, la cobertura de salud y los beneficios para los empleadores que contraten personas con discapacidad. También preserva el derecho de los prestadores a cobrar las compensaciones pendientes y establece que las partidas destinadas al sistema no podrán caer en términos reales respecto del año anterior.
El escrito sostiene: “El Poder Ejecutivo nacional, a través de la Jefatura de Gabinete de ministros, realizará las asignaciones y readecuaciones presupuestarias que resulten necesarias durante el primer ejercicio de entrada en vigencia de la presente norma para garantizar la continuidad inmediata de todas las prestaciones y beneficios en esta ley contemplados”. Además, se crea un sistema de auditorías periódicas con cruce de bases de datos ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER bajo el principio del debido proceso inclusivo, una sugerencia que hizo el PRO. La UCR, por su parte, exigió que la nueva ley se ponga en vigencia en un plazo de 30 días.
