El bloque de Unión por la Patria presentó una iniciativa que grava con un 3% la salida de divisas, valores negociables y activos virtuales, con el objetivo de financiar salud, educación, jubilaciones y asistencia a PAMI en un contexto de fuerte retracción de los fondos federales.
En un escenario de severa restricción fiscal que golpea con especial crudeza a las administraciones subnacionales, el diputado nacional de Unión por la Patria, Máximo Kirchner, junto a un grupo de legisladores de su espacio, puso sobre la mesa del Congreso un proyecto de ley que busca erigir un nuevo mecanismo de recaudación con destino directo a provincias y municipios. La propuesta, que lleva la firma también de Carlos Castagneto, María Teresa García, Itai Hagman, Mario Manrique, Sergio Palazzo y Julia Strada, contempla la instauración de un Impuesto a las Transferencias Internacionales de Capital (ITIC), el cual aplicaría una alícuota del 3 por ciento sobre la totalidad de las operaciones que impliquen, de forma directa o indirecta, la salida hacia el exterior de divisas, valores negociables o activos virtuales.
Los fundamentos de la iniciativa sostienen que este gravamen no castiga la inversión genuina ni el comercio legítimo, sino que viene a corregir asimetrías estructurales y a restar atractivo al arbitraje financiero improductivo. En un contexto de volatilidad global creciente y de digitalización acelerada de las finanzas, el ITIC persigue internalizar el costo social que conlleva la expatriación de recursos, garantizando que aquellos que canalizan su patrimonio fuera del territorio nacional contribuyan de manera solidaria al sostenimiento del entramado económico que les permitió generarlo.
El texto legislativo pone de relieve el profundo impacto federal que ha tenido el ajuste aplicado por el gobierno libertario entre 2023 y 2025. Según se detalla, las transferencias automáticas de la Nación hacia las provincias y municipios experimentaron una contracción del 8,4 por ciento en términos reales, mientras que las no automáticas —aquellas que comprenden buena parte de los recursos orientados a obra pública, programas, convenios y asistencia territorial— sufrieron un derrumbe del 72,8 por ciento. Esta tendencia descendente no solo se mantuvo durante el corriente año, sino que se profundiza en el proyecto de Presupuesto para 2027 que el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento.
Frente a este panorama, la bancada oficialista propone crear una herramienta concreta de reparación social y justicia distributiva, que contemple una asignación específica de lo recaudado con una perspectiva federal y que priorice a los sectores más castigados por las políticas de austeridad. De este modo, los fondos obtenidos a través del ITIC se distribuirían de la siguiente manera: un 60 por ciento para las provincias y municipios, con destino específico a obras de infraestructura sanitaria, educativa y hospitalaria, de vivienda y vial, así como a la recomposición salarial en los sectores de salud y educación; un 10 por ciento para salud y discapacidad; otro 10 por ciento para educación; un 10 por ciento para jubilaciones y pensiones; y el 10 por ciento restante para medicamentos y atención médica de PAMI.
La iniciativa toma como referencia la experiencia brasileña del «Imposto sobre Operações Financeiras» y establece que los sujetos alcanzados abarcan a personas humanas, jurídicas, sucesiones indivisas, fideicomisos, trusts, fundaciones y demás estructuras análogas, tanto residentes como no residentes en el país, junto con los responsables sustitutos designados para asegurar la percepción del tributo. Asimismo, cuando el destino de los fondos girados al exterior sea de baja o nula tributación, se adiciona un 2 por ciento a la alícuota general.
Los impulsores del proyecto remarcan que no se trata de un impuesto al patrimonio, al consumo ni al trabajo, sino que grava exclusivamente la transferencia de capital hacia el exterior. Por esa razón, quedan fuera del alcance del tributo los ahorros que permanecen en el país, las compras minoristas al exterior y las importaciones registradas. Las estimaciones oficiales del bloque indican que el potencial de recaudación mínima de la iniciativa alcanzaría los 2,89 billones de pesos, una cifra que equivale a diez veces lo enviado en 2025 por el gobierno central a las provincias en concepto de transferencias de capital.
