Un fallo judicial otorga cinco días hábiles al Poder Ejecutivo para saldar los aumentos salariales, pero rectores y sindicatos mantienen sus medidas de fuerza ante el historial incumplidor de la gestión libertaria
El ámbito académico argentino continúa sumido en un estado de incertidumbre y recelo frente a la administración encabezada por Javier Milei, a pesar de haber obtenido un nuevo pronunciamiento favorable en los tribunales. La justicia federal intimó al Poder Ejecutivo a que, en un lapso perentorio de cinco jornadas laborables, dé cumplimiento efectivo a la Ley de Financiamiento Educativo y proceda al pago de las mejoras salariales que viene reclamando el sector universitario. La resolución judicial contempla, además, la aplicación de sanciones pecuniarias progresivas en caso de que el Gobierno persista en su actitud dilatoria.
Sin embargo, la dirigencia gremial y las autoridades universitarias se muestran escépticas respecto al acatamiento de esta orden judicial. En declaraciones a un medio porteño, el titular del Sindicato de Docentes de la UBA, Pablo Perazzi, calificó sin ambages al gobierno libertario como un «incumplidor serial de las leyes emanadas del Parlamento y de los fallos judiciales», razón por la cual consideró que no existen motivos para depositar confianza alguna en que la administración actual modifique su conducta, ni siquiera bajo la amenaza de apercibimiento con astreintes. Esta postura refleja el profundo escepticismo que impera en el ámbito educativo respecto a la voluntad política del oficialismo para honrar sus obligaciones legales.
El magistrado federal Martín Cormick fue quien dictaminó la intimación, concediendo al Ejecutivo nacional un plazo de cinco días para ajustarse a la normativa vigente, bajo apercibimiento de que, en caso contrario, el oficialismo deberá afrontar penalidades económicas por cada jornada de retraso en el cumplimiento. Esta medida judicial representa un nuevo capítulo en la prolongada disputa entre el Gobierno y el sistema universitario público, que viene reclamando desde hace meses la efectiva aplicación de la legislación sancionada por el Congreso.
En este contexto de tensiones persistentes, las medidas de fuerza anunciadas por el sector continúan firmes. El cronograma de protestas incluye una serie de veintitrés paros nacionales escalonados que culminarán con la que será la Quinta Marcha Federal, prevista para el jueves 15 de octubre. Esta movilización masiva congregará a docentes, no docentes, estudiantes y autoridades universitarias de todo el país en reclamo del cumplimiento efectivo de la ley y en defensa de la educación pública.
El rector de la Universidad Nacional de San Martín, Carlos Greco, se pronunció sobre la situación en una entrevista radial, señalando que el acatamiento de esta intimación judicial permitiría que el sector público universitario «siga haciendo lo que tiene que hacer, que es generar las condiciones para el desarrollo del país». Sus declaraciones subrayan la importancia estratégica que reviste el sistema universitario para el progreso nacional, más allá de la coyuntura conflictiva que atraviesa.
La negativa del Gobierno a cumplir con la normativa vigente ha generado un clima de desconfianza generalizada entre los distintos actores del ámbito educativo, quienes advierten que la administración libertaria ha demostrado sistemáticamente su desprecio por las disposiciones legales y las resoluciones judiciales. Esta percepción se ve reforzada por el hecho de que, incluso frente a un nuevo fallo que establece plazos concretos y sanciones específicas, persiste la duda sobre si el Ejecutivo finalmente acatará lo dispuesto o continuará con su estrategia de dilación.
La comunidad universitaria aguarda expectante el desenlace de esta situación, mientras se prepara para intensificar sus reclamos en caso de que el Gobierno no modifique su postura. La Quinta Marcha Federal se perfila como una demostración de fuerza y unidad del sector, que busca visibilizar la gravedad de la situación y exigir el respeto irrestricto de la legislación educativa.
