Entre brindis parisinos y sonrisas compartidas con trece mandatarios provinciales, la Casa Rosada celebra el aval judicial que dejó sin efecto la Ley de Tierras y ahora apunta contra el Senado para resucitar el mega DNU y la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada
La postal resultó elocuente. Gobernadores y funcionarios nacionales, visiblemente distendidos, se mostraron abrazados en París junto al responsable del Palacio de Hacienda que aplica el ajuste sobre las provincias y al jefe de la diplomacia que deslizó que no existía inconveniente alguno en que un inversor foráneo adquiera una jurisdicción completa. Trece mandatarios provinciales, entre ellos varios pertenecientes al justicialismo, participaron de esa escena de camaradería en la capital francesa, pocas horas después de conocerse la resolución del máximo tribunal que habilitó la enajenación de territorios nacionales a compradores del exterior sin restricciones.
Ese pronunciamiento judicial constituye el eje de una disputa que ahora recae sobre las manos de los gobernadores y de sus representantes en el Poder Legislativo. El porvenir del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 pende de un hilo, y con él la suerte de la norma que eliminó la Ley de Tierras, un texto que lleva tres años estancado en la Cámara de Diputados luego de haber sido rechazado en la Cámara alta.
La secuencia de los acontecimientos resulta reveladora. Tras la reunión de la mesa política celebrada el martes, y antes de que varios de sus integrantes y los trece gobernadores iniciaran el viaje hacia la capital gala junto al primer mandatario, trascendió la determinación del tribunal supremo que dejó sin vigor la normativa que limitaba la compra de campos por parte de ciudadanos extranjeros. En los pasillos de la sede gubernamental la satisfacción fue mayúscula: más allá de la voluntad expresada en las urnas y de la decisión adoptada por el Parlamento, habían conseguido vía libre para subastar el suelo patrio al mejor oferente.
«Es un fallo que da esperanzas», se ufanan los allegados al jefe de Estado, quienes no ocultan su intención de capitalizar políticamente el revés judicial contra la ley que protegía las tierras nacionales. El oficialismo, consciente de que la oposición podría lograr frenar el mega DNU en el recinto legislativo, ya diseña una nueva embestida: volver a la carga con la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que consideran superadora y que les permitiría consolidar el marco jurídico que habilita la venta de territorios a capitales foráneos.
La estrategia oficial contempla aprovechar la ventana de oportunidad que abrió el fallo del máximo tribunal para presionar a los legisladores provinciales, especialmente a aquellos que responden a los gobernadores fotografiados en París. La pregunta que sobrevuela en los despachos oficiales es si esos mandatarios estarán dispuestos a acompañar una movida que podría desatar una tormenta política en sus propios territorios, donde la venta de tierras a extranjeros suele generar resistencias profundas.
Mientras tanto, desde la vereda opositora advierten que la batalla parlamentaria será encarnizada. El rechazo en el Senado al mega DNU constituyó un golpe significativo para las aspiraciones del Ejecutivo, y ahora la Cámara de Diputados se convierte en el escenario donde se dirimirá si el decreto corre la misma suerte o si, por el contrario, el oficialismo logra reunir los votos necesarios para mantenerlo vigente. La ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada aparece como el caballo de Troya que el Gobierno pretende utilizar para sortear el obstáculo legislativo y garantizar la apertura irrestricta del mercado de tierras.
El festejo parisino, con sus abrazos y sonrisas, contrasta con la compleja trama política que se teje en Buenos Aires. Los gobernadores que posaron junto al ministro de Economía y al canciller saben que sus decisiones en el Congreso tendrán consecuencias directas en sus provincias, donde la venta de territorios a capitales extranjeros genera tanto expectativas inversoras como temores fundados. La Corte Suprema ya sentó posición al dejar sin efecto la Ley de Tierras; ahora resta saber si el tablero político acompañará esa dirección o si la oposición logrará torcer el rumbo de una disputa que promete extenderse durante los próximos meses.
