El máximo tribunal dejó sin efecto la Ley de Tierras de 2011, que limitaba al 15 por ciento la propiedad rural en manos extranjeras. Unión por la Patria impulsa una sesión especial para el 15 de octubre, en coincidencia con la quinta Marcha Federal Universitaria, mientras el oficialismo intenta desactivar la ofensiva y Milei se despega del fallo con un elogio ambiguo.
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de habilitar la venta sin restricciones de tierras argentinas a propietarios foráneos desencadenó un terremoto político que sacude los cimientos del Congreso y expone las tensiones más profundas del tablero institucional. El fallo, que dejó sin efecto el artículo 154 del DNU 70/23 y, por ende, derogó la Ley de Tierras de 2011 —norma que fijaba un tope del quince por ciento para la adquisición de superficies rurales por parte de extranjeros—, fue recibido como una afrenta por amplios sectores de la oposición, que ahora buscan una salida parlamentaria para sepultar definitivamente el decreto presidencial.
La estrategia opositora tiene un nombre y una fecha: sesión especial el próximo 15 de octubre. La idea, gestada en el seno del peronismo, apunta a reunir los votos necesarios en la Cámara de Diputados para rechazar el DNU 70/23, que ya fue repudiado por el Senado en marzo de 2024. Sin embargo, el camino no se presenta sencillo. El decreto permanece encajonado en la cámara baja desde hace dos años y medio y, hasta el momento, la oposición no ha logrado consolidar la mayoría requerida para anularlo. De ahí que los legisladores insistan en la necesidad de contar con “el calor de la calle” para empujar la discusión.
Ese calor llegará, precisamente, el mismo día de la sesión. La quinta Marcha Federal Universitaria, convocada por la comunidad educativa en todo el país, confluirá con una movilización popular contra el fallo de los supremos y con una concentración frente al Palacio de Tribunales. La confluencia de ambas protestas busca transformar el descontento social en presión efectiva sobre los legisladores que aún dudan en acompañar el rechazo al decreto.
La primera reacción institucional no se hizo esperar. El diputado Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, se reunió con los excombatientes del CECIM La Plata —quienes habían presentado el amparo contra el decreto de Milei— y les prometió una convocatoria urgente al recinto. “Es un fallo absolutamente escandaloso. No solo genera una situación de extrema vulnerabilidad en la soberanía territorial, sino que también desconoce la voluntad del Senado, que ya se pronunció en contra de cualquier cambio en la Ley de Tierras”, expresó el legislador.
El senador Eduardo De Pedro, por su parte, no ahorró calificativos. “Es repudiable. Va en contra de la voluntad popular, del interés nacional, de la división de poderes, de la Constitución y de los fundamentos de la Nación”, sostuvo, y agregó que el fallo “refleja un profundo desprecio y una enorme falta de respeto hacia los combatientes de Malvinas, a quienes se les exigió dejar la vida por la Patria, la soberanía y el territorio, pero se les niega el derecho a acceder a la Justicia”.
La ofensiva parlamentaria encontró eco en gobernadores, sindicatos y referentes de distintos espacios políticos. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, calificó la resolución como “el fallo de la infamia” y advirtió que “afecta la soberanía nacional y la voluntad popular”. “Lo que no pudieron conseguir con el Congreso y con el pueblo, ahora pretenden conseguirlo a través del Poder Judicial”, cuestionó. En la misma sintonía, De Pedro planteó que “cuando la democracia y el Poder Legislativo le ponen un límite al poder económico, buscan un reaseguro para salirse con la suya”, y recordó que “la Ley de Tierras es una de las tantas razones por las cuales Cristina está presa y proscripta”.
La CGT también alzó la voz. La central obrera repudió la resolución del máximo tribunal y reclamó que el Parlamento restablezca la Ley de Tierras. “La tierra argentina no es una mercancía” y “la soberanía no se negocia”, sentenció.
Desde el radicalismo, el senador Martín Lousteau consideró que el pronunciamiento de la Corte exhibe una distancia entre las instituciones y la ciudadanía. “La Corte, más allá de lo jurídico, muestra una profunda desconexión con el sentir de la sociedad”, sostuvo. Elisa Carrió, en tanto, salió del ostracismo y exigió que los legisladores rechacen “de forma inmediata y contundente” el DNU. “Estamos en presencia de un poder autoritario que afecta la soberanía e integridad territorial de la Nación Argentina, de sus límites y fronteras”, manifestó, y completó: “Esto es el anarcocapitalismo. Son simples empleados a sueldo para enajenación de la Nación Argentina”.
En la izquierda, la diputada del FIT Myriam Bregman pidió “anular el decreto 70/23” y reclamó una convocatoria urgente al recinto: “Nos sentamos en el recinto y que se vea quién es quién”. La presión en las calles comenzará a tomar forma este viernes, cuando organizaciones sociales y partidos de izquierda se congreguen en Parque Lezama para “organizar la bronca contra el nefasto fallo” de los supremos.
En el Senado, el peronismo presentó como alternativa un proyecto para derogar exclusivamente el artículo 154 del DNU de Milei y restablecer la Ley de Tierras. La iniciativa fue presentada por José Mayans, Juliana di Tullio y Fernando Salino. Como contraataque, Martín Menem evalúa desempolvar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada como una vía para contener a los aliados del oficialismo y frenar la avanzada opositora.
En la Casa Rosada, la incomodidad es palpable. Según dirigentes del oficialismo, la decisión de la Corte los tomó por sorpresa. “Nos metieron en un quilombo”, graficaron. La resolución llega en un momento particularmente sensible para la agenda legislativa de Milei. El oficialismo pretende avanzar en el Senado con la eliminación de las PASO y necesita encaminar antes el tratamiento del Presupuesto en Diputados. A esa negociación se suma la iniciativa sobre la soberanía de las Islas Malvinas, que la Casa Rosada negocia en el Congreso, una agenda que ahora convive con la decisión de dejar sin efecto los límites a la extranjerización de tierras. En el oficialismo admiten que la combinación de esos movimientos legislativos genera un problema político difícil de zanjar y que el calendario suma otra variable: la llegada del Papa, prevista para el 8 de noviembre.
Cierta o no la explicación oficial, el Presidente buscó despegarse del fallo. “Me parece fantástico que la Corte falle lo que le parezca correcto respecto de la Constitución”, sostuvo durante una entrevista desde París, y concluyó: “Yo no tengo que meterme. Después vivimos llorando republicanismo”. Se trató de su primera declaración pública luego de que el tribunal dejara sin efecto una resolución de la Cámara Federal de La Plata.
Más allá del ámbito legislativo, el pronunciamiento de la Corte fija un criterio que puede resultar favorable al interés de Milei en futuros litigios contra sus decretos. Al considerar que no alcanza con invocar un interés colectivo para habilitar una demanda y que debe existir una legitimación concreta que configure un verdadero “caso o controversia”, el máximo tribunal levanta una barrera judicial contra organizaciones y entidades que quieran cuestionar medidas de alcance general. El efecto es principalmente procesal. Antes de discutir si una norma del Gobierno contradice la Constitución, los tribunales deberán determinar si quien la impugna está habilitado para hacerlo. La advertencia de la Corte a los jueces inferiores refuerza ese criterio y podría dificultar que futuras demandas colectivas avancen hasta una discusión sobre el fondo de los decretos. En suma, un fallo a la medida del Presidente.
