Frente a cada dificultad económica, el Presidente recurre a una hipótesis conspirativa que los registros de la justicia federal desmienten: solo 92 causas por terrorismo tramitan en todo el país y ninguna permite sostener la cifra que repite en cadena nacional
Cada vez que la economía se niega a despegar y los mercados responden con volatilidad, el Presidente de la Nación recurre a un mismo recurso discursivo: la conspiración. El domingo pasado, tras una gira por Estados Unidos que no logró llevar serenidad a los operadores financieros, Javier Milei volvió a insistir con una afirmación que ya forma parte de su repertorio habitual. Sostuvo que su gobierno había sufrido siete intentos de golpe de Estado —tantos como pedidos de juicio político acumulados— y que las autoridades habían expulsado del país a treinta mil terroristas, diez mil durante 2025 y veinte mil en lo que va del año en curso.
El problema, sin embargo, no es de interpretación política sino de registros concretos. Ningún número disponible en el sistema judicial argentino permite acercarse siquiera remotamente a esa cifra. Según datos de la Procuración General de la Nación, en la justicia federal tramitan actualmente noventa y dos causas por delitos que podrían encuadrarse como terrorismo. Se trata de un universo heterogéneo, en el que conviven expedientes por asociación ilícita, financiamiento de actividades extremistas y agravantes por intimidación pública, pero que en modo alguno respalda la idea de que miles de sediciosos recorran el territorio nacional con el propósito de derribar el modelo económico oficial.
El esfuerzo del Ministerio de Seguridad y del vocero presidencial Adrián Ravier por otorgar verosimilitud a la declaración choca contra una realidad administrativa tozuda. Lo único que podría aproximarse al número mencionado por el mandatario es la cantidad de personas que llegan a la frontera y no son admitidas. Ese rechazo puede obedecer a la falta de documentación en regla o a que las autoridades migratorias desconfíen de que se trate de turistas genuinos. Nada indica, en ninguno de esos casos, que quienes quedan fuera del país sean terroristas.
Un registro que existe desde 2018
Desde julio de 2018 funciona en el ámbito de la Procuración General de la Nación una Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional, cuya misión consiste precisamente en relevar los expedientes que tramitan en la justicia federal por figuras penales vinculadas al fenómeno. Un año después, Eduardo Casal firmó la resolución 67 mediante la cual dispuso que los fiscales informen a esa secretaría los casos que instruyen con base en los artículos 41 quinquies, 213 bis y 306 del Código Penal.
El primero de esos artículos duplica las penas de aquellos actos que puedan considerarse realizados con la finalidad de atemorizar a la población. Fue incorporado al Código Penal en 2011 como parte de las leyes antiterroristas reclamadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional. El artículo 213 bis, por su parte, alcanza a quien forma parte de asociaciones que buscan imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor. El artículo 306, finalmente, tipifica la financiación del terrorismo.
El último relevamiento público de la secretaría, correspondiente a 2022, registraba cinco causas por el artículo 213 bis, doce por el 306, quince por el 41 quinquies y un trámite de extradición. Los datos más recientes a los que se tuvo acceso muestran que, desde entonces, los expedientes vinculados a delitos que podrían asociarse con el terrorismo se triplicaron. Es posible que esa evolución se explique por la retórica antiterrorista que caracteriza a la administración de La Libertad Avanza.
El crecimiento de las causas y sus usos heterogéneos
En 2026, las causas que más crecieron son las instruidas por el artículo 213 bis. Se trata de una figura que se utiliza para una multiplicidad de expedientes de muy distinto tenor. La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, por ejemplo, la había empleado para procesar a los militantes que escracharon a José Luis Espert en su domicilio y arrojaron estiércol durante el episodio. Según la magistrada, desde que la Corte Suprema confirmó la condena contra Cristina Fernández de Kirchner se había desatado un clima de sedición. Ese fallo fue descalificado en términos severos por la Cámara Federal de San Martín. En julio pasado, en tanto, fue elevado a juicio Carlos Pampillón, dirigente de distintas agrupaciones neonazis de Mar del Plata, a quien la acusación pública no considera terrorista.
En la actualidad hay cuarenta y una causas abiertas por el artículo 213 bis, lo que implica que el número de expedientes se multiplicó por ocho desde 2022. Las instruidas por financiamiento del terrorismo se duplicaron y hoy suman veinticuatro. Otro tanto ocurrió con las sustanciadas bajo el artículo 41 quinquies, que en la actualidad son veintisiete. La Procuración General no informa, en las estadísticas consultadas, expedientes de extradición vinculados a terrorismo.
La protesta social bajo la lupa del agravante
En la última semana, el juez federal Ariel Lijo elevó a juicio a cuatro manifestantes detenidos en el marco de las protestas contra la reforma laboral aprobada en sesiones extraordinarias. El fiscal Carlos Stornelli pidió que se los enjuicie por tenencia de material incendiario, atentado y resistencia a la autoridad e intimidación pública, todo ello agravado por el artículo 41 quinquies. Sin esa norma, los imputados podrían recibir penas de entre cinco y quince años de prisión. Con el agravante, la sanción se duplica y podría alcanzar los treinta años de encierro.
La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional sostiene la inconstitucionalidad del artículo 41 quinquies. Además, explica que la propia norma establece que no puede aplicarse contra quienes sean investigados en ocasión del ejercicio de derechos humanos, derechos sociales o cualquier otro derecho constitucional. En junio de 2024, Stornelli se hizo eco de un tuit de la Oficina del Presidente para justificar una imputación contra los detenidos por protestar contra la Ley Bases, en un momento en que el Gobierno denunciaba actos de terrorismo en las calles. Más recientemente, el Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, denunció a quienes se manifestaron contra la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y pidió que se los investigara como si hubiesen cometido actos terroristas.
Más allá de que el número de causas genera preocupación en organismos de derechos humanos, está lejos de sustentar la hipótesis presidencial. La propia Secretaría de Inteligencia de Estado sostuvo que no manejaba una hipótesis de terrorismo político de izquierda, que es el enemigo favorito de la gestión libertaria.
El recetario migratorio y el nuevo organismo antiterrorista
En línea con lo que sucede en Estados Unidos, Milei implementa un recetario que asocia a las personas migrantes con el terrorismo. Allí, ese mecanismo se usa para justificar deportaciones masivas. En octubre pasado, el Presidente creó un Centro Nacional Antiterrorismo, en el momento en que Donald Trump lanzó el salvataje económico que le permitió a Milei afrontar sin demasiados sobresaltos las elecciones de medio término. Fue tal el apuro por crear el organismo que, a los pocos días, el Gobierno debió cambiarle el nombre por decreto porque inicialmente se denominaba Centro Nacional Antiterrorista.
El centro se conformó con el apoyo del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos. La Secretaría de Inteligencia prometió invitar a los integrantes de la Comisión Bicameral de Inteligencia a conocerlo, pero el convite todavía no se oficializó. Casal sí aceptó una invitación y sumó al Ministerio Público Fiscal al organismo antiterrorista, representación que recayó en los responsables de la secretaría especializada.
Este miércoles comienza a discutirse en el Congreso la llamada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que también tiene su capítulo vinculado al tema, ya que oficializa la existencia del Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento, creado durante el macrismo. El registro ya no funcionará bajo la órbita de la Dirección de Reincidencia del Ministerio de Justicia, sino que pasará a depender de la Unidad de Información Financiera, brazo nacional del Grupo de Acción Financiera Internacional, según explican en el Gobierno por una cuestión operativa. De aprobarse la ley, cualquier persona o entidad podrá ingresar al registro ante la sospecha razonable de la unidad, lo que, según advierten desde la oposición, abrirá una puerta hacia todo tipo de arbitrariedad.
