El economista y actual funcionario libertario inició los trámites para acogerse a la ley 27.705, sancionada durante el gobierno de Alberto Fernández, con el fin de completar los aportes que nunca realizó y acceder a una jubilación que, paradójicamente, representa todo aquello que su espacio político dice combatir.
La trayectoria laboral de José Luis Espert presenta una particularidad que, hasta hace poco, permanecía fuera del radar público: a lo largo de toda su vida activa no registró un solo aporte al sistema previsional. Sus actividades profesionales, vinculadas supuestamente a lucrativas consultorías, se desarrollaron siempre al margen de las obligaciones tributarias y previsionales. El único período documentado ante los organismos estatales corresponde a los poco más de cuatro años en que se desempeñó como diputado nacional, lapso durante el cual fue el propio Estado el que cubrió sus contribuciones a la seguridad social.
Con ese historial, el actual titular del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado se presentó días atrás en la delegación de Anses de San Isidro con la intención de evaluar su inclusión en los beneficios contemplados por la ley 27.705, normativa impulsada durante la gestión de Alberto Fernández. Para los especialistas en materia previsional, se trata ni más ni menos que de una moratoria: el mismo mecanismo que el gobierno de Javier Milei descalifica sistemáticamente, al punto de catalogar a quienes se jubilan por esta vía como ciudadanos de segunda o tercera categoría.
La norma en cuestión habilita la compra de aportes correspondientes a períodos anteriores a diciembre de 2012, lo que permitiría a Espert reunir los treinta años de contribuciones exigidos para obtener una prestación que, si bien no alcanzará el haber mínimo, tampoco le resultará insignificante. El monto final se verá favorecido por los aportes calculados sobre la generosa dieta que percibió como legislador. No obstante, el trámite conlleva una exigencia económica considerable: deberá abonar la totalidad de la moratoria en un solo pago, equivalentes a los veinticinco años que le faltan, lo que representa una suma cercana a los nueve millones de pesos.
Fuentes consultadas en la oficina previsional señalaron que nadie lograba comprender la lógica de la gestión, teniendo en cuenta que el haber que eventualmente percibiría, del orden de los setecientos mil pesos, resulta insuficiente incluso para cubrir una porción mínima de los gastos que demanda su suntuosa residencia de Beccar, valuada en cuatrocientos ochenta y siete mil dólares. Dicha propiedad fue adquirida poco después de que Espert tomara contacto con Federico Fred Machado, empresario condenado por estafa y lavado de dinero que permanece detenido en Estados Unidos.
Existe, además, una incertidumbre que rodea la concreción del trámite. La legislación establece una cláusula de carácter obligatorio: si bien se autoriza la compra de años de aportes, la totalidad del pago debe estar efectivizada antes de la fecha en que el solicitante cumpla la edad jubilatoria. Espert arribará a los sesenta y cinco años el próximo 21 de noviembre, de modo que solo entonces se sabrá si logró reunir los requisitos para jubilarse, siempre y cuando haya saldado los veinticinco años que pretende adquirir.
El desenlace de esta historia adquiere un matiz particularmente llamativo si se considera que, durante décadas, el exdiputado se pronunció con extrema dureza contra el Estado y contra las moratorias previsionales, a las que calificó como un veneno para el sistema. Ahora, en la recta final de su vida laboral, termina recurriendo precisamente a ese instrumento que tanto criticó, sumado a los únicos aportes de relevancia que registra: aquellos que el propio Estado le pagó mientras ejercía como legislador. El resto, sencillamente, lo evadió.
