Con la mira puesta en la sesión del 15 de octubre, los bloques buscan reunir los apoyos necesarios para tumbar el decreto mientras la marcha universitaria y otros reclamos sociales marcan la cancha
En una jugada que combina presión parlamentaria y movilización callejera, las fuerzas contrarias al oficialismo en la Cámara de Diputados se preparan para dar la batalla decisiva contra el DNU 70/2023, la norma de necesidad y urgencia que desmanteló buena parte del entramado regulatorio vigente y que, entre sus efectos más controvertidos, derogó la ley de Tierras y habilitó sin restricciones la adquisición de campos por parte de capitales extranjeros. La cita es el próximo 15 de octubre, jornada en la que convergerán la sesión especial y la marcha federal universitaria, un combo que los opositores esperan convertir en una demostración de fuerza capaz de inclinar la balanza.
El temario de la convocatoria no se limita al rechazo del decreto. También incluye dos iniciativas de fuerte impacto social: el proyecto de desendeudamiento de las familias y la declaración de emergencia en Discapacidad. Ambos asuntos, sensibles para amplios sectores de la población, funcionan como imanes para asegurar la presencia de legisladores en el recinto y sostener el quórum a lo largo de la jornada. La decisión del Consejo Interuniversitario de trasladar la movilización prevista frente a los Tribunales hacia las puertas del Congreso añade un componente de presión popular que los impulsores de la sesión consideran determinante.
Las firmas que respaldan el pedido de sesión permiten inferir que los bloques opositores cuentan con un piso de 111 diputados. Sin embargo, esa cifra todavía queda lejos de los 129 necesarios para habilitar el debate y avanzar luego con el rechazo integral de la norma. El fallo reciente de la Corte Suprema, que avaló la extranjerización de tierras sin límites, actuó como un detonante: les dio a los opositores una oportunidad de reinstalar el tema en la agenda pública y subrayar la gravedad de las consecuencias que acarrea el decreto.
Si la oposición no logra reunir los votos suficientes, el DNU continuará vigente con todo su arsenal de desregulaciones, entre las que se cuentan las modificaciones en las tarifas de las prepagas, las tasas de interés y el mercado de alquileres, medidas que siguen generando malestar en distintos sectores de la sociedad. Por eso, la apuesta es a todo o nada: los bloques se juegan un pleno, confiando en que la presión social y la influencia de los gobernadores provinciales permitan conseguir los apoyos que aún faltan.
El decreto de necesidad y urgencia ya había sido rechazado en el Senado en marzo de 2024, pero en la Cámara Baja no corrió la misma suerte. Hasta el momento, la oposición no había logrado completar el trámite parlamentario. Ahora, con el fallo de la Corte como telón de fondo y una jornada de movilización que promete ser multitudinaria, los bloques opositores intentan escribir un final distinto para una norma que, sostienen, atormenta la vida cotidiana de los argentinos y hipoteca el futuro del territorio nacional.
