Un escenario político complejo se despliega en el país ibérico, donde conviven los logros transformadores del gobierno de coalición, el fortalecimiento de una derecha radicalizada y un movimiento social que reclama el derecho a un techo digno, mientras crece la preocupación por una posible regresión autoritaria.
En el panorama político español se entrelazan actualmente tres realidades que, hasta el momento, no han encontrado una forma armoniosa de convivir. La primera de ellas está marcada por la figura de Pedro Sánchez, quien ya no representa únicamente al Partido Socialista Obrero Español, sino que se erige como el líder de una alianza de fuerzas progresistas. Bajo su gestión, se han impulsado una serie de reformas de carácter estructural que le han valido, con merecimiento, un reconocimiento internacional como un referente de las izquierdas a escala global. No obstante, persiste una problemática de raíz que se remonta a la época franquista y que sigue sin resolverse: el acceso a la vivienda, fenómeno que en los últimos tiempos ha pasado a denominarse como el dominio del rentismo. Como es habitual en los gobiernos de coalición de izquierdas que operan dentro de las reglas del sistema capitalista, existen barreras profundas que resultan sumamente difíciles de franquear. Por más nobles que sean las intenciones de un ejecutivo progresista, los poderes fácticos del capitalismo imponen su influencia predominante.
El segundo escenario lo constituye una derecha que ha adoptado rasgos ultraderechistas, un espacio en el que las fuerzas liberales han difuminado sus fronteras con los sectores más extremos, alineándose con la nueva internacional de ultraderecha liderada por el trumpismo. La presión mediática ejercida contra Sánchez y las viejas tradiciones franquistas, ahora disfrazadas de prácticas democráticas, han permitido a estas fuerzas ganar terreno suficiente como para aspirar a alcanzar el poder en las urnas.
El tercer elemento, y quizás el más novedoso, lo conforma la movilización ciudadana que desde hace varios días ocupa la céntrica Puerta del Sol. Miles de españoles y españolas exigen una vivienda digna para todos. El detonante mediático fue el caso de Maricarmen, una mujer de 87 años que fue desalojada de su hogar. Fue ella misma quien, ante las cámaras, instó a no cejar en la lucha por lo que constituye un derecho universal: una vivienda adecuada. La presión social logró que Maricarmen pudiera regresar a su casa. Es preciso señalar que este movimiento, surgido el 26 de septiembre, no es equiparable al 15M de 2011. Aunque ambos ocupan el mismo espacio físico, en la actualidad circulan significantes provenientes de la tradición marxista que no estuvieron presentes en aquel entonces, como poder popular, clase trabajadora y huelga general. Esta novedad podría estar vinculada a la presencia de un vector sindical, el Sindicato de Inquilinas, cuyas portavocías son en su mayoría mujeres. Día a día, ellas expresan con mayor precisión la articulación ideológica que defienden y han logrado hallar una forma de transmisión potente y singular.
Sin embargo, el problema que emerge puede describirse de la siguiente manera: en el ambiente marxista de Sol se respira, como era previsible, un sentimiento contrario a Sánchez. Este elemento coincide con el momento decisivo en que la ultraderecha franquista podría regresar al gobierno de España. Ante esta encrucijada, surge una interrogante crucial: ¿cómo hallar una posición que permita respaldar al mismo tiempo al gobierno de Sánchez y al movimiento que ha brotado en las calles? Si la lucha por la vivienda del 26S se limita a provocar la caída de Sánchez, su esencia marxista quedaría seriamente cuestionada, pues podría allanar el camino a la ultraderecha. A su vez, Sánchez debería, aun reconociendo las limitaciones de la coyuntura, esforzarse por profundizar un diálogo con las demandas populares. En definitiva, ambas partes tendrán que reconocer cómo interactúan sus propios límites, si no desean que la ultraderecha acceda al poder. Para lograrlo, resultará imprescindible prestar atención al peligro real que representa, tal como ya ocurre en la querida Argentina, un gobierno de corte neofascista.
