Una medida cautelar busca resguardar los datos del registro rural bonaerense tras la derogación de la ley que limitaba la compra de campos por parte de inversores internacionales
En un escenario de profunda incertidumbre jurídica provocado por la eliminación de la normativa que restringía la adquisición de superficies agropecuarias por parte de capitales foráneos, una magistrada de los tribunales platenses dispuso una orden de protección urgente. La resolución obliga al Poder Ejecutivo Nacional a cuantificar la extensión territorial bonaerense que se encuentra bajo titularidad de personas o empresas del exterior, indicando además su localización precisa. Asimismo, se intimó a la administración central a salvaguardar la totalidad de los archivos públicos vinculados al ámbito registral, catastral y administrativo que integran el Sistema Nacional de Tierras Rurales.
El propósito central de esta determinación judicial radica en impedir que el cúmulo de información disponible hasta el momento en dicha base de datos sea eliminado, deteriorado o modificado como consecuencia de la supresión de la norma que le daba sustento legal. La iniciativa surgió a partir de una presentación efectuada por el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, quien activó el mecanismo judicial para evitar lo que considera un daño irreparable al patrimonio informativo del Estado.
La estrategia jurídica de mayor alcance impulsada por Lorenzino, canalizada a través de una acción preventiva de daños, persigue que se declare la inconstitucionalidad del artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. Dicha cláusula dispuso la abrogación de la Ley de Tierras, instrumento legal que establecía límites concretos a la extranjerización del suelo rural. La presentación se concretó pocas jornadas después de que el máximo tribunal del país emitiera un pronunciamiento que, con el argumento de negar legitimación procesal al Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata, dejó a las superficies productivas sin ningún tipo de protección normativa.
La decisión de la jueza platense representa un intento por preservar la trazabilidad de los datos acumulados durante años de aplicación de la normativa ahora derogada. El resguardo de esa información resulta crucial para cualquier evaluación futura sobre la composición de la propiedad agraria en territorio bonaerense. Mientras tanto, la Corte Suprema acelera el tratamiento de la causa para arribar a un nuevo pronunciamiento que podría redefinir el marco legal vigente en materia de tierras rurales.
