La protesta pacífica por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario terminó con cuatro jóvenes retenidas, un funcionario que se retiró sin dialogar y una carga policial que dejó heridos y detenidos. La marcha federal del 15 de octubre asoma como próxima estación del conflicto.
Lo que comenzó como una sentada tranquila en reclamo de la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario derivó en un operativo de expulsión por la fuerza, luego de que las autoridades de la Secretaría de Educación simularan una negociación que jamás se concretó. Un centenar de alumnos de distintas casas de altos estudios se congregó en el histórico Palacio Pizzurno, antigua sede del ministerio y actual dependencia de la cartera educativa nacional, con la intención de exigir respuestas concretas sobre las becas Progresar y el presupuesto destinado a las universidades públicas.
Pasadas las cinco de la tarde, los manifestantes se reunieron en los alrededores del edificio y lograron franquear el acceso. Ya en el interior, organizaron rondas y entonaron consignas que expresaban el hartazgo ante la falta de soluciones. Durante casi dos horas aguardaron hasta que el secretario de Educación, Carlos Torrendell, aceptó recibir a una delegación para escuchar sus planteos. Cuatro estudiantes fueron conducidas a un salón, donde les retiraron sus teléfonos móviles y les impidieron abandonar el recinto. Mientras tanto, Torrendell se marchó argumentando que con ellas no podía conversar.
En paralelo, efectivos de la Policía Federal ingresaron por distintas puertas secundarias y comenzaron a empujar a los jóvenes que permanecían en la planta baja. La escena violenta se produjo pocas horas después de que el juez Martín Cormick declarara la inconstitucionalidad del decreto mediante el cual el presidente Javier Milei pretendía eludir el cumplimiento de la norma sancionada por el Congreso. El clima ya estaba caldeado por la proximidad de la Marcha Federal prevista para el 15 de octubre, que se anticipa masiva.
Uno de los episodios más llamativos fue el protagonizado por Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, a quien casi no se lo ve en las reuniones que su cargo demanda, como las del Consejo Interuniversitario Nacional, pero que en cambio frecuenta programas de streaming libertarios donde lo apodan “El Profe” y celebran sus salidas de tono. Según el relato de una de las participantes, Álvarez irrumpió en el salón gritándoles mientras alguien lo filmaba desde un costado, como si se tratara de una performance para redes sociales. “Era casi bizarro, claramente estaba montando una escena”, contó la joven. Luego, el funcionario habría llamado a la ministra Sandra Pettovello, quien por teléfono ordenó levantar la reunión porque no había nada que discutir con los estudiantes. Fue en ese instante cuando, abajo, comenzó la represión.
El reclamo que nunca encontró respuesta
Como en otras oportunidades y bajo distintas gestiones, un grupo de alumnos de universidades públicas como la UBA, la Universidad Nacional de San Martín, la de La Plata, la de Lanús y la UNA se organizó para manifestarse de manera pacífica dentro de la sede educativa. La consigna inicial era permanecer en el inmueble hasta obtener una respuesta oficial. Sin embargo, la promesa de diálogo se desvaneció rápidamente.
Cerca de las ocho de la noche, las cuatro estudiantes que habían sido apartadas regresaron con la noticia de lo sucedido. Relataron que les confiscaron los celulares, que apenas dispusieron de tres minutos para exponer la crítica situación de las universidades y que Torrendell permaneció sentado sin responder hasta que recibió la llamada de Pettovello ordenándole retirarse. “Un gobierno que hace dos años y medio no da respuestas, ahora nos toma el pelo. ¿En qué país estamos viviendo?”, se preguntó Agostina Olivera, expresidenta del centro de estudiantes y actual consejera de la Facultad de Sociales de la UBA, quien participó de la “no reunión”. Otra de las jóvenes sostuvo que fue “una vergüenza” que no las dejaran salir. Tras la partida de Torrendell, apareció Álvarez, quien las grabó y les gritó que lo que hacían constituía un delito.
Abajo, la Policía Federal se encargó de desalojar a los estudiantes del edificio y de sus inmediaciones. “Nos empujaron de manera muy violenta del Palacio Pizzurno y también de la calle”, relató Manu Cucha, estudiante de la UNA, cerca de las nueve de la noche. Julián, alumno de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, observó desde afuera que los efectivos llegaron inicialmente solo con sus uniformes, sin escudos, cascos ni gases. Pero cuando comenzaron a empujar para desalojar, aparecieron pertrechados. “Es decir que les abrieron otros ingresos al edificio, entraron por otras puertas secundarias”, describió. La columna de estudiantes se desplazó hasta la Facultad de Medicina de la UBA, en la cercana Plaza Houssay, escoltada por policías bajo la lluvia.
Agostina contó que la convocatoria surgió una semana antes y que la idea era “quedarnos acá hasta que alguien de la Secretaría de Educación, Torrendell, Álvarez o quien sea, nos reciba para poder conversar”. Subrayó que el proyecto de ley ya aprobado “se trató ocho veces en las cámaras legislativas, y fue llevada a la Justicia, quien la ratificó, pero todavía no se cumple”. Por eso, insistió, intentaron hacer algo para que efectivamente se financie la educación pública. Al hablar de sus profesores, los estudiantes describen a quienes “no llegan a pagar el colectivo, cargar nafta o pagar el almuerzo en la universidad. Los que tienen que irse a trabajar a las instituciones privadas porque ahí al menos tienen garantía de que van a recibir un sueldo todos los meses. La situación no se aguanta más”.
Celebración oficial y respuesta estudiantil
Para las autoridades, todo pareció jugar a su favor. Tras el desalojo, Pettovello publicó un video donde se ve cómo la policía empuja hacia afuera del lugar a los estudiantes, y escribió “Desalojados” y “Por la fuerza nada”. Agregó que no querían “volver a una Argentina donde la violencia, la intimidación, la destrucción del patrimonio público y la ocupación de edificios públicos sean utilizadas como métodos de protesta”, sin aclarar el tipo de “diálogo” que se les dispensó a las estudiantes en la promesa de reunión que nunca fue. En la misma línea, el subsecretario Álvarez publicó que “no puede aceptarse que la violencia reemplace al diálogo y que la fuerza pretenda imponerse sobre las instituciones. Frente a los hechos de violencia, el Estado tiene la obligación de defender el Estado de Derecho, siempre dentro de los límites de la Constitución y la Ley”. Los estudiantes dan por descontado que el video que mandó a grabar mientras gritaba, casi a modo de hazaña, será pronto difundido por trolls libertarios.
“Es el gobierno el que en este momento está incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario. Es el gobierno el que va en contra de la Constitución Nacional y del Estado de Derecho”, respondieron los jóvenes, mientras la tensión se acumula de cara a la movilización federal del 15 de octubre.
