A cuatro meses de su puesta en marcha, la denominada Ley de Modernización Laboral muestra resultados opuestos a los anunciados por el oficialismo, mientras la informalidad trepa al 45 por ciento y los sueldos del sector privado registrado siguen perdiendo terreno frente a la inflación
La esperada reforma del mercado de trabajo había sido presentada por el Gobierno como el instrumento capaz de dinamizar la creación de fuentes laborales, disminuir los costos de contratación y eliminar los obstáculos que, según su diagnóstico, frenaban el nacimiento de nuevas firmas. Sin embargo, el balance de los primeros cuatro meses desde que la nueva normativa comenzó a regir arroja un saldo completamente adverso a esas promesas: durante ese lapso se destruyeron 36.000 puestos de trabajo en blanco y bajaron sus persianas 6.905 compañías a lo largo y ancho del territorio nacional.
El dato, que constituye la primera evidencia concreta sobre los efectos de la llamada Ley de Modernización Laboral, se desprende de la edición inaugural del Monitor de la Reforma Laboral, un informe confeccionado por el Instituto Argentina Grande. Ese relevamiento siguió la evolución del mercado de ocupación desde que la normativa entró en vigencia, en marzo pasado, y sus conclusiones no podrían estar más lejos del discurso oficial.
A la pérdida de empleos registrados y al cierre masivo de empresas se suman otros dos fenómenos igualmente preocupantes. Por un lado, los ingresos de quienes trabajan en el sector privado formal continuaron perdiendo capacidad de compra frente al avance sostenido de los precios. Por el otro, la informalidad laboral escaló hasta alcanzar al 45 por ciento de la población ocupada, es decir, casi la mitad de los trabajadores del país se desempeña hoy sin ningún tipo de protección social ni registro legal.
Lejos de tratarse de un episodio aislado, los magros resultados de la reforma se inscriben en una tendencia más profunda y prolongada de sangría laboral. El empleo privado formal acumula ya trece meses consecutivos de retroceso y, desde noviembre de 2023, desaparecieron 241.200 puestos de trabajo registrados. Lo llamativo es que esa caída no se circunscribió a los rubros más castigados por el derrumbe del consumo y la actividad económica, sino que también alcanzó a ramas que venían mostrando signos de crecimiento, como la minería, la extracción de petróleo y la intermediación financiera.
El Monitor del Instituto Argentina Grande deja así al descubierto una paradoja incómoda para quienes impulsaron la denominada Ley de Modernización Laboral: la iniciativa que iba a generar empleo coincide con el período de mayor destrucción de puestos registrados en los últimos años. Mientras el oficialismo prometía menos trabas y más contrataciones, la realidad del mercado de trabajo muestra despidos, cierres de firmas, salarios deteriorados y una informalidad que no deja de crecer.
