La sentada en el Palacio Pizzurno terminó con un desalojo policial, acusaciones cruzadas y un fuerte respaldo presidencial a las fake news. Los manifestantes exigen el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, mientras el Gobierno insiste en deslegitimar la protesta.
La jornada del miércoles en el Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación, dejó un saldo de tensión, represión y un encendido debate político que se prolongó durante todo el jueves. Un grupo de estudiantes universitarios llevó a cabo una sentada pacífica en el hall del emblemático edificio para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo, una norma aprobada hace casi un año y que el Poder Ejecutivo mantiene incumplida. La protesta, que buscaba abrir un canal de diálogo con las autoridades, terminó de manera abrupta con la intervención de la Policía Federal, que desalojó a los jóvenes con escudos y empujones, mientras el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, filmaba la escena con su teléfono celular y amenazaba con iniciar acciones penales.
Lejos de reconocer el origen del reclamo, Álvarez salió a los medios para descalificar a los manifestantes, asegurando que no se trataba de agrupaciones estudiantiles sino de “partidos políticos” con “fantasías revolucionarias”. En sus declaraciones, el funcionario omitió deliberadamente el motivo central de la protesta: el incumplimiento gubernamental de la Ley de Financiamiento Educativo. Su discurso, cargado de agresividad, fue rápidamente amplificado en las redes sociales por el propio presidente Javier Milei, quien compartió un tuit del periodista Jonatan Viale en el que se acusaba falsamente al diputado de Unión por la Patria, Itai Hagman, de haber participado en la toma del edificio. “En cualquier país normal es motivo de expulsión inmediata del Congreso”, escribió Viale, a lo que Milei dio su respaldo viral.
Hagman desmintió de inmediato la información, aclarando que no formó parte de la protesta sino que se acercó a la sede cuando le informaron que la policía estaba por reprimir a los estudiantes. Su respuesta no se hizo esperar: “Compartir una fake de Viale es un tema menor. El problema es que sos un miserable que se caga en el derecho a la educación, incumplís la ley y estás rematando los recursos de nuestro país”, le espetó al presidente. La fake news, lejos de ser un hecho aislado, evidenció una estrategia de criminalización y desprestigio hacia la juventud organizada.
Tian, une de les estudiantes que participó de la sentada, sostuvo que todo el ruido político que rodea la toma tiene un objetivo claro: “disminuir nuestra lucha, porque le tienen miedo a la juventud organizada”. En diálogo con Página/12, la joven comparó la situación local con lo que ocurre en Francia, donde más de cuatrocientos colegios permanecen tomados en protesta por los recortes en educación bajo la presidencia de Emmanuel Macron, par de Milei con quien se reunió hace apenas una semana. “Milei sabe la fuerza que tenemos. Francia es un gran ejemplo de lucha y de lo que puede hacer un pueblo cuando un Gobierno toma medidas que van contra él”, afirmó.
La secuencia de los hechos dentro del edificio revela un accionar contradictorio por parte de las autoridades. Mientras un centenar de estudiantes de distintas universidades de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano aguardaban sentados en el hall, se les prometió que el secretario Carlos Torrendell recibiría a cuatro representantes. Sin embargo, una vez que las delegadas ingresaron a una sala, les quitaron sus teléfonos celulares y las dejaron incomunicadas. Allí, Torrendell permaneció apenas tres minutos antes de que lo llamara por teléfono la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para ordenarle que no hablara con ellas. Agostina Olivera, consejera directiva de Sociales, describió la situación con crudeza: “El Estado argentino no tiene secretario de Educación, Torrendell nos recibió 3 minutos hasta que Pettovello lo llamó y lo retó como a un nene”. Para Olivera, las estudiantes fueron llevadas ante un títere.
Mientras los efectivos policiales desalojaban a los manifestantes del edificio público y sus inmediaciones, el Ministerio de Capital Humano difundió un comunicado en el que anunciaba que denunciaría ante la Justicia “la toma violenta del Palacio”. La acusación fue desmentida por los propios protagonistas. Manu Cucha, estudiante de actuación de la UNA, remarcó que en los videos que circularon “puede verse que somos estudiantes que estábamos sentados, escribiendo carteles, subrayando apuntes, y lo que sucedió fue una represión violenta contra una manifestación pacífica”.
El episodio se produce en un contexto de creciente conflictividad educativa. En los próximos días, el 15 de octubre, se llevará a cabo la Quinta Marcha Federal, convocada tras meses de paros y clases públicas, para exigir el cumplimiento de la ley que contempla la actualización de salarios docentes y no docentes, así como de las partidas presupuestarias. Días atrás, el juez Martín Cormick declaró la inconstitucionalidad del decreto con el que Milei pretende evitar cumplir con la norma. A esto se suma el reclamo por las Becas Progresar, otro de los puntos que llevó a los estudiantes a movilizarse.
En una entrevista radial, Álvarez insistió en su postura descalificadora, acusando a quienes ingresaron al Palacio Pizzurno de vivir “una fantasía revolucionaria” mediante la imitación de las protestas estudiantiles en París. “Ellos creen que pueden hacer la gran París, viven en ese mundo, pretenden generar un hecho revolucionario y que caiga el Gobierno”, sostuvo, y agregó que lo único que consiguieron fue “agredir a gente que estaba trabajando”. Sus dichos, sin embargo, chocan con la evidencia de una protesta pacífica que fue violentamente desalojada.
El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, se pronunció sobre el conflicto y planteó una pregunta central: “¿Qué tiene que hacer alguien que fue al Congreso, que ganó una votación y que el Gobierno se la veta y no cumple la ley? ¿Dónde reclama?”. Aunque rechazó cualquier manifestación violenta, cuestionó con dureza los ataques del Gobierno “hacia los que piensan distinto” y afirmó que la Justicia debe actuar “con quienes ahora irrumpieron en el ministerio, pero también con el Presidente de la Nación por las agresiones que realiza en la situación de poder que se encuentra”.
Para Cucha, la gestión libertaria busca encasillar a los manifestantes como “kukas, peronistas, zurdos, y adjetivarnos como terroristas, todo para no hacerse cargo de que lo que había anteayer eran estudiantes universitarios reclamando una ley que ya fue aprobada en el Congreso ocho veces, con ocho fallos judiciales a su favor”. El estudiante sostuvo que lo que los jóvenes intentan construir es un país “con democracia en serio, y nuestras herramientas son las huelgas, las manifestaciones”.
La protesta en el Pizzurno no fue un hecho aislado ni una “fantasía revolucionaria”. Fue la expresión de un reclamo legítimo y sostenido por el incumplimiento de una ley. La respuesta del Gobierno, en cambio, combinó represión, fake news, descalificaciones y una férrea negación a reconocer el conflicto de fondo. Mientras tanto, la comunidad educativa se prepara para una nueva marcha federal, convencida de que la única manera de defender la educación pública es mediante la organización y la lucha colectiva.
