La oferta de 340,2 millones de dólares del grupo encabezado por PHX Aqua superó por un 19% a la del Grupo Roggio y abre la recta final hacia la concesión del servicio de agua y cloacas del AMBA, con compromisos de inversión por más de 2.000 millones de dólares.
El Gobierno nacional dejó abierto este jueves el sobre con las propuestas económicas para traspasar a manos privadas Agua y Saneamientos Argentinos, y la postura más abultada provino de una alianza empresarial de composición heterogénea que combina fondos de inversión radicados en el exterior con firmas de trayectoria local y un operador brasileño especializado en saneamiento. Ese conglomerado, integrado por Rowing, Arcos Saneamento e Participações, Transclor y PHX Aqua, puso sobre la mesa 340,2 millones de dólares por el 90% del paquete accionario, una cifra que dejó atrás los 285 millones ofrecidos por la alternativa comandada por el Grupo Roggio.
La brecha entre ambas propuestas trepó a 55,2 millones de dólares, lo que convirtió a la oferta del consorcio liderado por la firma de inversión londinense en un 19% más generosa que la de sus competidores. El llamado a licitación careció de precio base y de monto mínimo, de modo que, una vez superada la evaluación técnica por ambos postulantes, la definición quedó librada exclusivamente al número final. Aunque el proceso aún debe sortear la instancia de impugnaciones y la posterior rúbrica de los contratos, la apertura de sobres dejó al descubierto los nombres que aspiran a conducir la compañía responsable del suministro de agua potable y desagües cloacales en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
PHX Aqua, el motor financiero del consorcio
El socio de mayor peso dentro de la alianza es PHX Aqua, que según la composición informada tras la apertura de ofertas concentra el 55% del capital. Se trata de un vehículo de inversión constituido en Londres durante agosto de 2026, apenas semanas antes de la presentación de las propuestas por AySA. Su controlante es Phoenix Global Investment Fund, un fondo creado en 2016 en Curaçao, territorio autónomo de los Países Bajos enclavado en el Mar Caribe.
Ese brazo financiero tendrá a su cargo aportar una porción sustancial del capital requerido para afrontar el pago al Estado y gestionar el financiamiento del ambicioso plan de obras que deberá ejecutar el nuevo operador, cuyos compromisos de inversión superan los 2.000 millones de dólares en los primeros años de la concesión. Dentro de la estructura de PHX asoman ejecutivos de recorrido internacional, entre ellos Paul Parker, con paso por compañías como The Clorox Company, Goldman Sachs y Barclays, y Edgar Lotman, vinculado a Amicorp, una firma dedicada a la administración de estructuras de inversión. Si bien PHX aporta la dimensión financiera, la conducción visible de la sociedad quedará mucho más asociada a dos empresarios argentinos: Walter Román y Mauricio Filiberti.
Walter Román, el empresario detrás de Rowing
Walter Román es el propietario de Rowing, sociedad que controlará el 20% del consorcio y que se dedica a la ingeniería, la construcción y la prestación de servicios ligados a infraestructura, con trabajos en rubros como energía eléctrica, telecomunicaciones, gas, agua y saneamiento. La firma opera, además, como la principal pata local del grupo que pretende hacerse con el control de AySA.
Román proviene de una familia que durante décadas desarrolló negocios vinculados a la logística y los servicios. Su plataforma empresarial más relevante fue Rowing, aunque con el correr del tiempo expandió sus actividades hacia diversos sectores. Entre las compañías asociadas a su grupo figuran Urbano Exprés, Direct Group, Lógico, Equo Capital, ConnecTed, Control Ecológico, Santa Catalina, Nexup Health, Equo Real Estate y Hacela Rodar.
El empresario también cobró notoriedad durante la gestión de Javier Milei. En 2025, PERFIL dio a conocer que dos de sus firmas, Direct Group y Lógico, aportaron 20 millones de pesos cada una a la campaña de La Libertad Avanza. Otra de sus empresas, Urbano Express, quedó envuelta en una polémica por una licitación del PAMI destinada a la distribución de pañales para adultos mayores, un proceso cuestionado públicamente por sus condiciones y por la celeridad de la convocatoria, aunque sin denuncia formal presentada y con las acusaciones circunscritas al plano mediático.
Mauricio Filiberti, el “Rey del Cloro” que pasa de proveedor a dueño
La otra cara visible del consorcio es Mauricio Filiberti, dueño de Transclor, que se quedará con el 10% de la sociedad y es conocido en el ámbito empresario como el “Rey del Cloro” por su posición dominante en el negocio de los productos químicos empleados para potabilizar el agua. La particularidad de su desembarco en AySA radica en que ya mantiene una relación comercial con la compañía, dado que Transclor es un proveedor histórico de insumos utilizados en el proceso de potabilización. De ese modo, el empresario pasa de estar del lado de los proveedores a integrar el grupo que busca controlar a la empresa que los compra.
Filiberti es, asimismo, uno de los principales actores del sector energético. En Edenor es socio de José Luis Manzano y Daniel Vila desde la compra de la distribuidora a Pampa Energía en 2021. Esa sociedad acaba de adquirirle a YPF el 70% de Metrogas, mientras que Edenor participa en el ingreso a Raízen Argentina, vinculada al negocio de refinación y combustibles de Shell.
Arcos, el operador brasileño que aporta el conocimiento técnico
La cuarta pieza del consorcio es Arcos Saneamento e Participações, vinculada al brasileño Grupo Equipav, que tendrá el 15% y será la encargada de la operación técnica de AySA. Es la pata que aporta la experiencia específica en el manejo de grandes sistemas de agua y cloacas. Arcos opera en Brasil bajo la marca Águas do Rio y tiene a su cargo el servicio de agua potable y alcantarillado en Río de Janeiro. Según la información difundida tras la apertura de ofertas, el grupo cuenta con más de 25.000 trabajadores y presta servicios a más de 39 millones de personas en 15 estados y más de 890 municipios brasileños.
Su incorporación al consorcio resulta estratégica: mientras PHX aporta el músculo financiero y Román y Filiberti representan la pata empresaria local, Arcos será la responsable de transmitir el conocimiento operativo para manejar una compañía que brinda un servicio masivo y de infraestructura intensiva.
Las inversiones que deberá afrontar el nuevo dueño de AySA
El Ministerio de Economía informó mediante un comunicado oficial que uno de los aspectos centrales del nuevo contrato de concesión será el compromiso obligatorio de inversión que deberá asumir el operador privado. Para el período comprendido entre 2027 y 2031 se estableció un Plan de Acción por 2,89 billones de pesos, calculado a valores de diciembre de 2025 y sin IVA, destinado a ampliar la cobertura de los servicios, renovar la infraestructura y mejorar la eficiencia operativa de AySA.
Según detalló la cartera económica, el programa contempla aproximadamente 1,13 billones de pesos para obras, 1,15 billones para mantenimiento, 315.761 millones para mejoras y 296.166 millones para operación. Estas inversiones deberán ser ejecutadas por el concesionario y estarán vinculadas al cumplimiento de objetivos específicos para mejorar la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento.
En cuanto a las metas de expansión, el Gobierno prevé alcanzar para 2031 una cobertura del 75,3% en agua potable y del 63,9% en cloacas. Además, el contrato establece que, al finalizar el período inicial de concesión, deberán alcanzarse niveles mínimos del 90% y 75%, respectivamente. El esquema también contempla que el Estado mantenga las funciones de regulación, supervisión y control de los servicios.
Por otra parte, el Ministerio de Economía justificó la privatización a partir de los resultados de la gestión estatal. Según la misiva oficial, entre 2006 y 2023 AySA recibió transferencias del Tesoro Nacional por más de 13.400 millones de dólares, mientras que un tercio del área concesionada todavía carece de acceso a agua potable y cloacas. La cartera también señaló que las pérdidas de agua no contabilizada alcanzan el 42%, la morosidad aumentó del 4% al 16% y los costos operativos crecieron un 80%.
