El máximo tribunal convocó a un acuerdo extraordinario para este viernes y redujo drásticamente los plazos procesales en la causa impulsada por organizaciones ambientalistas y comunidades mapuches. La decisión podría restituir los límites a la venta de tierras a extranjeros, derogados por el DNU 70/2023, mientras crecen las críticas sociales y jurídicas contra el fallo que benefició a los excombatientes de Malvinas.
En un movimiento que sorprendió a propios y extraños, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso un acuerdo extraordinario para la mañana de este viernes con el objetivo de destrabar una causa que lleva meses estancada y que gira en torno a la controvertida Ley de Tierras. La convocatoria, realizada a última hora del jueves por el presidente del cuerpo, Horacio Rosatti, busca abreviar los tiempos para que las partes involucradas acepten o rechacen a los conjueces sorteados para intervenir en el expediente. Según la notificación oficial, la urgencia responde a “las particulares circunstancias de la causa”, una fórmula que en los pasillos judiciales interpretan como una señal de que el tribunal quiere pronunciarse antes de que el Congreso debata el futuro del DNU 70/2023, previsto para el próximo jueves 15.
El caso, conocido públicamente como “Árbol de Pie”, tiene como protagonistas a la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades mapuches Lafkenche y lof Fvta Anecon, y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda. Estas partes reclaman una medida cautelar que, de ser concedida, devolvería vigencia a los límites para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, tal como regían antes de la derogación dispuesta por el artículo 154 del decreto de necesidad y urgencia impulsado por el gobierno de Javier Milei. La causa ingresó al máximo tribunal a mediados de 2024 y desde entonces permanecía sin movimientos significativos, hasta que la semana pasada la Corte rechazó por cuestiones técnico-procesales la legitimación del Centro de ExCombatientes de La Plata (CECIM), lo que confirmó la eliminación de las restricciones y habilitó de facto la venta ilimitada de tierras a capitales foráneos.
Esa resolución desató una ola de repudio que no se detuvo. Organizaciones sociales, ambientales y jurídicas manifestaron su rechazo en las calles y en los ámbitos académicos. Los ministros del tribunal fueron blanco de protestas en San Martín de los Andes, durante un encuentro de jueces de tribunales orales, así como frente a sus despachos en el Palacio de Justicia y en la Facultad de Derecho. En paralelo, la Cámara de Diputados reactivó la posibilidad de rechazar la totalidad del DNU 70, un debate que se llevará a cabo el jueves 15 y que podría convertirse en una nueva jornada de movilización popular, originalmente convocada por el financiamiento universitario pero que fue sumando reclamos de diversa índole.
Frente a este escenario, la Corte intentó una primera respuesta a través de un comunicado en el que sus integrantes se presentaron como víctimas de “discursos de odio” y aclararon que solo habían resuelto una cuestión de procedimiento. El texto, consensuado por Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, dejaba entrever que el tribunal podría pronunciarse sobre la derogación de la Ley de Tierras si surgían nuevos planteos de actores legitimados. Carlos Rosenkrantz, en tanto, se desmarcó a través de un asesor, alegando que no tenía participación en esa decisión. Un párrafo llamativo del comunicado recordaba que la Corte “ha ejercido un liderazgo en la protección de los recursos naturales, el ambiente y los bienes colectivos durante muchos años”, una frase que algunos leyeron como una insinuación de que, ante una causa vinculada al derecho ambiental —especialidad de Lorenzetti y, en cierta medida, también de Rosatti—, el desenlace podría ser diferente.
Lo cierto es que el expediente que permitiría revertir la situación ya estaba en manos de los supremos, pero las diferencias internas habrían impedido una resolución consensuada. Según versiones que circulan en los pasillos del Palacio de Justicia, Rosenkrantz estaría dispuesto a ratificar la habilitación de la extranjerización de tierras rurales, mientras que sus colegas no compartirían esa postura. La discrepancia expone la fragilidad de una Corte compuesta por solo tres integrantes, lo que obligó a sortear conjueces para intervenir en el caso. Del bolillero surgieron los nombres del juez de Casación Penal Diego Barroetaveña y de la camarista mendocina Juan Ignacio Pérez Curci. Las reglas habituales otorgan a las partes 72 horas para recusarlos, pero el tribunal decidió acortar ese plazo a solo 24 horas, una decisión que fue notificada con la misma premura que el acuerdo extraordinario.
Ante la aceleración de los tiempos, Odarda y los demás amparistas analizaron la posibilidad de recusar a los conjueces, pero finalmente optaron por consentir las designaciones. El plazo vence este jueves a las 19 horas y, a partir de allí, podría conocerse alguna definición. Una de las alternativas más extremas es que la Corte conceda directamente la cautelar solicitada y suspenda el artículo 154 del DNU, lo que restituiría la protección de las tierras y frenaría la venta indiscriminada a extranjeros. Otra posibilidad es que devuelva el expediente a La Plata o al juzgado de Bariloche donde se originó, para que allí se resuelva, o bien una combinación de ambos caminos. En los pasillos del máximo tribunal, la mayoría de las versiones apunta a que existe voluntad —y los conjueces estarían alineados— de dictar un nuevo pronunciamiento antes del debate parlamentario de la semana próxima, una decisión que podría marcar un antes y un después en la política de tierras y en la relación entre el Poder Judicial y el Gobierno libertario.
