La protesta por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo terminó con un operativo policial, acusaciones cruzadas y una fuerte embestida comunicacional desde el Gobierno nacional
La jornada del miércoles dejó una marca profunda en el edificio del Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación, cuando un centenar de alumnos de diversas casas de altos estudios de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense llevó adelante una sentada pacífica para reclamar por el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Educativo. La manifestación, que buscaba abrir un canal de diálogo con las autoridades, concluyó de manera abrupta con un desalojo protagonizado por efectivos de la Policía Federal, quienes emplearon escudos para empujar a los presentes fuera del inmueble y de sus alrededores.
Lejos de circunscribirse al ámbito de la protesta callejera, el episodio escaló rápidamente hacia una disputa política de mayor envergadura. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, no solo filmó a los jóvenes con su teléfono celular durante la acción, sino que además amenazó con iniciarles causas penales. Posteriormente, en declaraciones a distintos medios, sostuvo que quienes ocuparon por unas horas el emblemático edificio no formaban parte de agrupaciones estudiantiles legítimas, sino que respondían a intereses de «partidos políticos» animados por «fantasías revolucionarias». En ningún momento hizo referencia al motivo central que originó la protesta: el incumplimiento gubernamental de la normativa que garantiza el financiamiento del sistema educativo.
La controversia se extendió a lo largo de todo el jueves con una virulencia inusitada, alcanzando su punto máximo cuando el propio presidente Javier Milei compartió en sus redes sociales una publicación del periodista Jonatan Viale en la que se acusaba al diputado de Unión por la Patria, Itai Hagman, de haber participado en la toma del edificio. El mensaje presidencial añadía que «en cualquier país normal es motivo de expulsión inmediata del Congreso». El legislador salió al cruce para desmentir categóricamente la información, aclarando que no formó parte de la protesta, sino que se acercó a la sede cuando le informaron que la policía estaba a punto de reprimir a los estudiantes. En su respuesta, Hagman calificó el hecho como una falsedad difundida por Viale y apuntó directamente contra el jefe de Estado, a quien reprochó su actitud hacia el derecho a la educación y la gestión de los recursos públicos.
Consultada por Página/12, Tian, una de las estudiantes que participó de la sentada, expresó que todo el revuelo político generado en torno a la toma tiene un objetivo claro: «disminuir nuestra lucha, porque le tienen miedo a la juventud organizada». La joven advirtió que el presidente conoce la fuerza del movimiento estudiantil y citó como ejemplo lo que ocurre en Francia, donde más de cuatrocientos colegios permanecen tomados en protesta por los recortes en educación dispuestos durante la presidencia de Emmanuel Macron, mandatario con quien Milei se reunió apenas una semana atrás. «Si tanto se la pasan llenándose la boca en nombre de la ley, primero deberían cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. Con mucho gusto los estudiantes nos sentaríamos a hablar de la gravedad de que el Gobierno esté incumpliendo la ley, y a eso fuimos, pero no obtuvimos respuestas», concluyó.
Un operativo de desalojo y un diálogo truncado
Para justificar la represión desplegada la noche del miércoles, el funcionario Álvarez difundió un mensaje en el que sostenía que «frente a los hechos de violencia, el Estado tiene la obligación de defender el Estado de Derecho, siempre dentro de los límites de la Constitución y la Ley». Sin embargo, omitió mencionar que la ocupación tenía como única finalidad exigir el cumplimiento de una norma sancionada casi un año antes y sistemáticamente evadida por el oficialismo.
La secuencia de los hechos revela un intento de interlocución que terminó frustrado. Mientras los estudiantes aguardaban sentados en el hall del edificio a que alguna autoridad de la Secretaría de Educación se presentara, se les prometió que el secretario Carlos Torrendell recibiría a cuatro representantes. Estas fueron conducidas a una sala donde les retiraron sus teléfonos celulares, dejándolas incomunicadas. Allí, Torrendell escuchó los reclamos vinculados a las Becas Progresar y al financiamiento universitario durante apenas tres minutos, hasta que recibió una llamada de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien le indicó que no podía continuar con el diálogo. Una de las presentes, la consejera directiva de Sociales, Agostina Olivera, describió la situación señalando que las llevaron ante «un títere» y afirmó que «el Estado argentino no tiene secretario de Educación», ya que Torrendell las recibió apenas unos instantes antes de ser reprendido como un niño.
En paralelo al operativo de desalojo, el Ministerio de Capital Humano difundió un comunicado en el que anunciaba que denunciaría ante la Justicia «la toma violenta del Palacio». La versión oficial fue contradicha por el estudiante de actuación de la UNA, Manu Cucha, quien destacó que en los videos que circularon por redes sociales puede observarse claramente que los manifestantes estaban sentados, escribiendo carteles y subrayando apuntes, y que lo que ocurrió fue una represión violenta contra una manifestación pacífica.
El contexto de una lucha que se profundiza
El episodio se inscribe en un contexto de creciente conflictividad educativa. La Quinta Marcha Federal, prevista para el 15 de octubre, se presenta como la continuación de meses de paros y clases públicas destinadas a exigir el cumplimiento de la ley que contempla la actualización de salarios docentes y no docentes, así como de las partidas presupuestarias correspondientes. Días atrás, el juez Martín Cormick declaró la inconstitucionalidad del decreto mediante el cual el presidente Milei pretende eludir el cumplimiento de dicha normativa.
En una entrevista radial, Álvarez insistió en acusar a quienes ingresaron al Palacio Pizzurno de perseguir una «fantasía revolucionaria» inspirada en las recientes protestas estudiantiles de París. Sostuvo que los jóvenes creen que pueden replicar el escenario francés, que viven en un mundo irreal y que pretenden generar un hecho revolucionario que derive en la caída del Gobierno. Además, afirmó que lo único que lograron fue «agredir a gente que estaba trabajando».
El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, se pronunció sobre el conflicto y planteó una pregunta central: «¿qué tiene qué hacer alguien que fue al Congreso, que ganó una votación y que el Gobierno se la veta y no cumple la ley? ¿Dónde reclama?». Aunque rechazó cualquier manifestación violenta, cuestionó especialmente los ataques del Gobierno hacia quienes piensan diferente y sostuvo que la Justicia debe actuar tanto con quienes irrumpieron en el ministerio como con el Presidente de la Nación por las agresiones que realiza desde su posición de poder.
Para Cucha, la gestión libertaria busca encasillar a los manifestantes bajo etiquetas como «kukas, peronistas, zurdos» y adjetivarlos como terroristas, todo con el fin de no asumir que lo que había anteayer eran estudiantes universitarios reclamando por una ley que ya fue aprobada en el Congreso ocho veces y que cuenta con ocho fallos judiciales favorables. El joven concluyó que lo que los estudiantes intentan construir es un país «con democracia en serio», y que sus herramientas son las huelgas y las manifestaciones pacíficas.
