El Supremo Tribunal Federal ordenó la ejecución de una de las condenas contra el hijo del expresidente, le retiró la validez de sus pasaportes y lo incluyó en el registro de prófugos con orden de captura, en medio de un clima político dominado por la arremetida de la ultraderecha contra el magistrado Alexandre de Moraes y por la investigación que alcanza a casi setenta legisladores electos
La máxima instancia judicial de Brasil resolvió este jueves que el exdiputado Eduardo Bolsonaro, uno de los vástagos del exmandatario Jair Bolsonaro que el año pasado fijó residencia en territorio estadounidense alegando ser víctima de una embestida política y judicial, comience a purgar una de las penas que le fueron impuestas. La determinación emanó del magistrado Alexandre de Moraes, quien instruye la causa en el Supremo Tribunal Federal en la que el excongresista fue sentenciado a cuatro años y dos meses de reclusión tras ser declarado responsable del delito de coacción contra la administración de justicia.
El juez argumentó que, una vez desestimados los últimos recursos presentados por la defensa, el proceso contra el exlegislador alcanzó la condición de cosa juzgada, de modo que la condena adquirió carácter definitivo e irrecurrible. Como corolario de esa decisión, De Moraes dispuso la incorporación del nombre del antiguo parlamentario al listado de sentenciados con órdenes de detención pendientes de ejecución y la anulación de los pasaportes emitidos a su nombre, lo que en la práctica le impide abandonar el país o regularizar su situación migratoria en el exterior.
La resolución llega apenas dos semanas después de que el pleno del tribunal supremo rechazara por unanimidad el último recurso de la defensa de Eduardo Bolsonaro y confirmara la pena en régimen inicialmente semiabierto. El exdiputado había sido condenado por haber promovido gestiones ante el gobierno estadounidense destinadas a presionar al poder judicial brasileño mientras la corte suprema sustanciaba el juicio por tentativa de golpe de Estado en el que su progenitor, Jair Bolsonaro, quien gobernó entre 2019 y 2023, recibió una pena de veintisiete años de prisión.
A esa condena se suma la inhabilitación política por doce años que le fue impuesta, lo que le vedará postularse a cargos públicos hasta 2038. El año pasado también había sido sentenciado a un año de prisión por el tribunal supremo en un juicio por difamación contra la diputada Tabata Amaral. Asimismo, fue separado de su puesto como escribano de la Policía Federal por abandono de funciones. Pese a este cúmulo de reveses judiciales, Eduardo continúa participando con intensidad en la campaña electoral de su hermano mayor y llegó a insinuar que, si este alcanza la presidencia, espera ser designado ministro de Relaciones Exteriores.
Ofensiva verbal contra el magistrado
Flávio Bolsonaro, el senador que disputará la segunda vuelta presidencial, calificó a De Moraes de violador de derechos humanos y le atribuyó dictar fallos amañados con el propósito de entorpecer el balotaje previsto para el 25 de octubre, en el que se medirá con el actual presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien aspira a la reelección. En una transmisión en directo difundida por sus redes sociales, el legislador exigió al magistrado que renuncie y que le haga un bien a la Nación, en un tono que refleja la creciente tensión entre el bloque ultraderechista y la cúpula judicial.
Casi setenta legisladores bajo la lupa
De acuerdo con el portal brasileño UOL, al menos sesenta y nueve congresistas electos en los comicios del domingo pasado, en su mayoría de signo derechista, se encuentran bajo investigación por presuntos delitos de corrupción, malversación de caudales, manipulación de contrataciones públicas o infracciones ambientales. La Constitución brasileña únicamente suspende los derechos políticos cuando existe una condena penal firme, es decir, cuando ya no cabe recurso alguno.
Entre los casos más resonantes figura el del diputado por el Partido Liberal Mario Frias, a quien la policía investiga por el presunto desvío de hasta dos millones de reales, equivalentes a unos cuatrocientos mil dólares, provenientes de enmiendas legislativas destinadas a la producción de la película Dark House, una biografía cinematográfica sobre el expresidente Jair Bolsonaro. El congresista electo de Republicanos Ney Santos, exalcalde de Embu das Artes, está acusado en una causa por organización criminal y se sospecha que mantiene vínculos con el Primer Comando Capital, según el mismo medio. En el caso de Bia Kicis, senadora electa del Partido Liberal, el Tribunal Electoral indaga, por orden de la corte suprema, un desvío de fondos por un monto de doscientos cincuenta mil reales para financiar propaganda electoral. El diputado federal Paulo Bilynskyj, también liberal, enfrenta una acusación por violencia doméstica.
La mayor parte de los cargos, conforme al análisis de UOL, corresponden a formaciones de la derecha, incluido el Partido Liberal de los Bolsonaro y las distintas fuerzas que integran ese bloque informal parlamentario conocido como Centrão, que se ha vuelto indispensable para asegurar la gobernabilidad en Brasil. Desde hace décadas, todo aquel que llegó al Palacio del Planalto debió contar con el beneplácito de este grupo, conformado, entre otros, por Progresistas, Unión Brasil, Movimiento Democrático Brasileño o Republicanos.
El tablero electoral tras la primera vuelta
El 4 de octubre más de mil seiscientos cincuenta cargos estaban en juego en unos comicios en los que se eligió en primera vuelta al nuevo presidente y al vicepresidente, además de la conformación del Congreso, las distintas cámaras estatales y sus gobernadores. La derecha logró hacerse con la Cámara de Diputados y el Senado, además de plazas importantes como San Pablo, pero sobre todo con el triunfo del candidato ultraconservador Flávio Bolsonaro a la presidencia con el cuarenta y siete por ciento de los votos, dos puntos más que el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
La primera encuesta de Datafolha realizada tras la primera vuelta presidencial muestra al senador Flávio Bolsonaro con el cincuenta y dos por ciento de los votos válidos y a Lula con el cuarenta y ocho por ciento. Los votos válidos excluyen los sufragios en blanco, nulos e indecisos, y son el criterio utilizado por el Tribunal Electoral Superior para calcular el recuento final el día de las elecciones. Tras haber disputado la primera vuelta con el apoyo exclusivamente de su formación, el senador opositor acudirá a la siguiente instancia con el respaldo de casi todos los partidos de derecha y centroderecha del país, incluyendo Republicanos, Progresistas, Unión Brasil, Novo y Podemos. Lula, por su parte, inició la preparación de cara al 25 de octubre con reuniones con sus asesores para definir una nueva estrategia de comunicación, principalmente en redes sociales, ante la necesidad de revertir el resultado de la primera vuelta.
