Docentes, estudiantes y la comunidad educativa se movilizan ante un ajuste que golpea el corazón del sistema universitario nacional
La pregunta sobre el sentido de una lucha penosa y cruel, aquella que Mario Benedetti formulaba en 1979 cuando las dictaduras ensombrecían el horizonte latinoamericano, resurge hoy con fuerza en la Argentina. En tiempos adversos, siempre emerge el interrogante acerca de la razón de una batalla que parece esquiva y desgastante. Sin embargo, la respuesta se impone con claridad cuando lo que está en juego es nada menos que el porvenir de la educación superior.
Desde la llegada del gobierno de Javier Milei a la Casa Rosada, el sector docente universitario ha padecido una reducción salarial que supera ampliamente un tercio de sus ingresos. Esta merma no constituye un hecho aislado, sino que forma parte de un cuadro más amplio de desfinanciamiento que alcanza a todos los estamentos del sistema. Los recursos destinados al funcionamiento cotidiano de las casas de altos estudios fueron drásticamente cercenados, lo que obligó a las autoridades a implementar medidas de emergencia para sostener actividades básicas.
Las obras de infraestructura, aquellas que permiten ampliar aulas, refaccionar edificios y garantizar condiciones adecuadas para el dictado de clases, quedaron paralizadas en su totalidad. Los nosocomios universitarios, que cumplen un rol sanitario fundamental en sus comunidades, se vieron imposibilitados de adquirir insumos elementales para la atención de pacientes. Las nuevas instituciones creadas al calor del crecimiento del sistema no obtuvieron las partidas necesarias para incorporar personal docente, lo que comprometió seriamente su puesta en marcha.
El ajuste no distinguió entre universidades grandes o pequeñas, antiguas o recientes, del conurbano o del interior profundo: todas, sin excepción, vieron afectadas sus finanzas y, por ende, el desarrollo de sus funciones sustantivas.
La magnitud del recorte presupuestario alcanzó niveles tales que resultaron insuficientes los esfuerzos individuales del cuerpo docente, las búsquedas de mayor eficiencia en la administración de recursos ni la instrumentación de alternativas ingeniosas para sortear dificultades. La apelación al compromiso personal, aunque valiosa, no logró morigerar los efectos devastadores de una política de austeridad que parece no distinguir prioridades.
Frente a este panorama, diversas jurisdicciones provinciales y municipales, conscientes de sus propias limitaciones fiscales y aun sin tener la responsabilidad primaria sobre la educación superior, decidieron aportar fondos para paliar situaciones extremas vinculadas a restricciones de infraestructura. Este gesto solidario, si bien meritorio, evidencia la gravedad de una coyuntura que excede las competencias locales y reclama respuestas de fondo.
La educación pública constituye un pilar fundamental de la sociedad argentina desde las postrimerías del siglo XIX, cuando se sentaron las bases de un sistema que supo ser motivo de orgullo nacional y ejemplo para la región. Las universidades no solo forman profesionales, sino que generan conocimiento, impulsan la investigación, promueven la extensión comunitaria y contribuyen al desarrollo económico y social del país.
Marchar en defensa de las universidades significa, entonces, defender un modelo de país que apuesta al conocimiento como motor de progreso, a la igualdad de oportunidades como principio rector y a la educación como bien público y derecho inalienable.
La convocatoria de hoy no constituye un simple acto de protesta sectorial. Representa la expresión colectiva de una comunidad que comprende que el desmantelamiento del sistema universitario tendría consecuencias irreversibles para las generaciones futuras. Docentes, estudiantes, graduados, trabajadores no docentes y ciudadanos de a pie se congregarán para exigir la restitución de los fondos necesarios, la recomposición salarial y la garantía de que las universidades públicas puedan seguir cumpliendo su misión histórica.
La pregunta de Benedetti sobre el sentido del canto en tiempos oscuros encuentra aquí su respuesta: se marcha porque silenciar equivaldría a claudicar, porque la educación no es un gasto sino una inversión, y porque defender la universidad pública es defender la posibilidad misma de un futuro más justo y equitativo para todos los argentinos.
