Una agencia creada a medida desplazó al organismo técnico del Estado para tasar empresas estratégicas y entregarlas a precios irrisorios. El caso AySA es la punta del iceberg de un mecanismo que apunta a desmantelar activos clave como Atucha.
La Agencia de Transformación de Empresas Públicas emergió en el organigrama estatal durante julio de 2024, amparada en las facultades conferidas por la Ley Bases 27.742. Concebida nominalmente como una unidad ejecutora transitoria dependiente del Ministerio de Economía, su propósito declarado consistía en coordinar planes y administrar procesos de enajenación o disolución de compañías estatales. Sin embargo, la enunciación genérica ocultaba el verdadero rol estratégico que este organismo, conducido por el abogado Diego Chaher, asumiría con el correr de los meses y que acaba de quedar al descubierto de manera indisimulable.
El punto de quiebre se produjo cuando la ATEP resolvió que la transferencia de Agua y Saneamientos Argentinos se ejecutara prescindiendo por completo de la intervención del Tribunal de Tasación de la Nación, el ente histórico y especializado encargado de determinar el valor objetivo de los bienes del Estado. En lugar de recurrir a esa instancia técnica, la agencia dispuso que la valuación del activo a subastar quedara en manos de una comisión especial creada a su propia imagen y semejanza, cuyos métodos de cálculo y cifras resultantes jamás fueron comunicados ni publicados. Semejante proceder configura una afrenta directa al andamiaje jurídico que protege el patrimonio colectivo.
Las consecuencias de este diseño licitatorio quedaron a la vista con la adjudicación de AySA. El precio de entrega, fijado en trescientos cuarenta millones de dólares, representa aproximadamente la onceava parte del valor que el Tribunal de Tasación había calculado originalmente, antes de que se le arrebataran sus atribuciones específicas. La magnitud del despojo resulta difícil de exagerar: se trata de la compañía que provee agua potable y saneamiento cloacal a más de catorce millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y veintiséis partidos del conurbano bonaerense.
El consorcio ganador, integrado por Rowing, Arcos, Transclor y PHX, presentó una oferta de trescientos cuarenta coma dos millones de dólares por el noventa por ciento del paquete accionario. La propuesta superó apenas en un diecinueve por ciento a la del grupo Roggio, que había puesto sobre la mesa doscientos ochenta y cinco millones. No obstante, ambas cifras quedaron muy por debajo de las expectativas oficiales, que calculaban recaudar alrededor de cuatrocientos cincuenta millones. La operación se cerró sin precio base y con el criterio exclusivo del monto ofertado como definitorio.
Uno de los aspectos más controversiales del proceso radica en la identidad del adjudicatario. Mauricio Filiberti, dueño de Transclor, es el mayor fabricante de cloro del país y, desde hace más de una década, proveedor monopólico del policloruro de aluminio que AySA utiliza para potabilizar el agua. El mismo empresario integra el directorio de Edenor, la distribuidora eléctrica que tiene a la propia AySA como su principal cliente industrial. Si la adjudicación se confirma, un mismo grupo empresario quedaría situado simultáneamente a ambos lados de esa relación comercial.
El caso de Nucleoeléctrica Argentina exhibe ribetes igualmente preocupantes. La compañía que opera las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse constituye una de las pocas firmas estatales superavitarias, con resultados financieros positivos y una potencia instalada que aporta cerca del siete por ciento de la electricidad consumida en el territorio nacional. Pese a ello, el Gobierno avanza con la venta del cuarenta y cuatro por ciento de su capital accionario mediante una licitación internacional, reservando el cincuenta y uno por ciento para el Estado y un cinco por ciento para los trabajadores a través de un programa de propiedad participada.
Las críticas no se hicieron esperar. Voces del arco opositor señalaron que se trata de una empresa que facturó setecientos cincuenta millones de dólares en 2025 y que se pretende enajenar por menos de mil millones, una cifra que roza lo ridículo para un activo de semejante complejidad técnica y valor estratégico. El físico Diego Hurtado, exvicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, planteó la contradicción de privatizar una compañía que genera excedentes, mientras el organismo público que durante setenta y seis años fue el corazón del desarrollo nuclear argentino sufre un recorte presupuestario del cuarenta y cinco por ciento.
En paralelo, la privatización de Nucleoeléctrica permanece en una suerte de limbo técnico y político. Fuentes del sector confirman que el proceso no avanza, sin cronograma definido ni compradores a la vista, en parte por la complejidad de valuar una empresa con activos de largo plazo de retorno y en parte por las restricciones que el propio Congreso introdujo sobre el alcance de la operación. Los lineamientos de la nueva política nuclear, presentados en mayo de este año, revelan un giro conceptual de fondo: la prioridad ya no radica en la generación de electricidad o el desarrollo científico, sino en convertir al complejo nuclear en una fuente de divisas.
La sombra de la sospecha se extiende más allá de los casos individuales. Una solicitud de informes presentada en el Senado exige explicaciones detalladas sobre las metodologías empleadas para tasar los bienes del Estado en el marco de las ventas de Nucleoeléctrica, Intercargo, AySA, Transener, Belgrano Cargas y el complejo hidroeléctrico del Comahue. El documento parlamentario indaga sobre los motivos administrativos que justificaron omitir al Tribunal de Tasación, el sustento reglamentario que permite a un banco de fomento productivo asumir funciones de perito tasador y los argumentos legales esgrimidos para clasificar como confidenciales los informes técnicos de valuación.
Diego Chaher defendió públicamente el rumbo trazado. Ante la Comisión Bicameral de Reforma del Estado, sostuvo que el Estado no debe reemplazar al sector privado en actividades que puedan desarrollarse de manera eficiente y competitiva, y que su función debe concentrarse en aquellas tareas que le son propias. Detrás de cada proceso, afirmó, existe un trabajo técnico, jurídico y económico complejo, muchas veces invisible para la opinión pública. Sin embargo, la opacidad deliberada de las valuaciones y el desplazamiento sistemático de los organismos de control contradicen esas declaraciones.
El mecanismo se repite con una regularidad inquietante. Se crea una estructura ad hoc, se vacía de atribuciones al ente técnico especializado, se sustituye su labor por informes elaborados en oficinas dependientes directamente del Poder Ejecutivo, se clasifican los resultados como secretos y se entregan activos estratégicos a precios que no resisten el menor escrutinio. La privatización de AySA no constituye un episodio aislado, sino la manifestación más visible de un modus operandi que amenaza con vaciar de contenido el patrimonio industrial y energético de la Nación.
