El organismo reclamó que los operativos se suspendan hasta que se cumplan los protocolos y advirtió que se trasladó a estudiantes universitarios sin garantizar la continuidad educativa. La UBA denunció que el Servicio Penitenciario Federal cortó las negociaciones de manera unilateral. El Gobierno exhibió los operativos en redes sociales con una puesta en escena de “ley y orden”.
La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) interpuso un hábeas corpus colectivo contra el traslado sorpresivo de personas detenidas en el Penal de Devoto y exigió que la mudanza hacia el nuevo establecimiento de Marcos Paz quede en suspenso hasta que se acredite el cumplimiento de los protocolos correspondientes. El organismo confirmó a Página/12 que la presentación se realizó después de que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) comenzara a mover a los internos sin previo aviso a las familias, a las defensas ni a los juzgados intervinientes en sus causas. La situación más delicada involucra a los presos que cursan estudios en el Centro Universitario de Devoto (CUD), dependiente del Programa UBA XXII, quienes fueron trasladados sin que se les haya garantizado la continuidad de su formación académica.
Desde la universidad señalaron a este diario que el SPF interrumpió las conversaciones que se venían desarrollando para asegurar esa continuidad y resolvió “de manera inconsulta y unilateral” llevar a los estudiantes al nuevo penal. “Trasladar el centro universitario a Marcos Paz es inviable”, sostuvieron, al tiempo que remarcaron que el estudio intramuros constituye la política más eficaz para reducir la reincidencia.
El espectáculo comenzó el domingo por la tarde, cuando los feeds de Instagram de los principales funcionarios del Gobierno nacional y de la Ciudad se poblaron de fotografías y videos con una estética de “ley y orden”, de tintes bukelianos. Las imágenes exhibían a los detenidos de Devoto esposados y custodiados en micros de traslado, el megaoperativo de las fuerzas federales, la llegada a Marcos Paz, la toma de huellas digitales y el nuevo encierro. Fueron 326 los presos mudados ese domingo, a los que se sumaron más de un centenar este lunes, ya con los móviles televisivos apostados frente a las puertas de la histórica cárcel porteña, donde todavía está prevista la visita del papa León XIV para el 11 de noviembre.
Este diario ya había informado el domingo sobre las primeras alertas encendidas por lo intempestivo del operativo, a partir de un comunicado del Cels que advertía que la mudanza había comenzado “sin aviso previo ni a familiares, ni a defensores, ni a los organismos de control”, y con el Gobierno incumpliendo “los acuerdos previos para que este proceso se realice con todas las garantías necesarias”.
El conflicto siguió escalando el lunes y llegó a instancias judiciales. Fuentes de la PPN confirmaron a Página/12 que presentaron un hábeas corpus colectivo tras enterarse de que el SPF había empezado a trasladar personas detenidas en el CPF CABA hacia la nueva cárcel de Marcos Paz. “Pedimos que cautelarmente se suspendieran los traslados hasta que se acredite cumplir con los protocolos”, indicaron.
Según el organismo, la mudanza se inició sin respetar el Protocolo de Traslados del propio SPF, dictado después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara a la Argentina en el denominado “Caso López”, precisamente por mover presos sin evaluar su situación individual ni permitir un control judicial previo. “El protocolo obliga a avisar a los juzgados y a las defensas con 72 horas de anticipación y prohíbe trasladar, entre otros, a estudiantes universitarios cuando no se pueda garantizar que sigan sus estudios, y a quienes tienen salidas transitorias”, precisaron.
Sin embargo, los traslados se iniciaron justamente con esas personas, lo que despertó el repudio de diversos actores de la comunidad educativa del CUD. Desde el Programa de Extensión en Cárceles de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA sostuvieron que los operativos se hicieron “desconociendo todos los acuerdos previos, empezando por los estudiantes universitarios”. “Están vaciando los pabellones universitarios, en el medio del cuatrimestre, y ninguno de los estudiantes trasladados recibió notificación judicial”, continuaron, y alertaron que “el nuevo penal de Marcos Paz no está terminado ni existe ahí el programa universitario, con lo cual se verían agravadas las condiciones de detención, además de interrumpirse los estudios”.
Según pudo saber Página/12, la universidad, el SPF y el Ministerio venían manteniendo conversaciones al más alto nivel de funcionarios desde principios de este año para intentar garantizar la continuidad de los estudios. Así lo confirma Felipe Vega Terra, Consejero Superior de la UBA y director del CBC, la unidad académica más grande del programa en cárceles, que participó directamente de las negociaciones: “Desde hace ocho meses venimos trabajando con la lógica de que los estudiantes del CUD se trasladarían al Complejo Penitenciario de Ezeiza para garantizar su continuidad de estudios en un espacio en el que ya tenemos un centro universitario en el que se dicta el CBC y varias carreras de grado”, sostuvo a este diario.
Hace un par de semanas, indicó, el SPF decidió cortar esas conversaciones de forma “inconsulta y unilateral”: “Estamos sorprendidos y muy preocupados porque nos enviaron una nota, sin mediar llamado, planteando si estábamos en condiciones de garantizar la continuidad en Marcos Paz, cosa que ellos ya saben que no es posible porque no hay un centro universitario, porque no tenemos ninguna actividad ahí y porque está a casi cien kilómetros de la Ciudad, más del doble de distancia que Ezeiza”, continuó Vega Terra, que agregó que, antes de enviar esa nota, “el SPF en ningún momento nos planteó esa línea, la lógica siempre fue ir a Ezeiza porque trasladar el centro universitario a Marcos Paz es inviable”.
“Nosotros no discutimos ni nos entrometemos con cuestiones penitenciarias ni políticas, no emitimos ningún juicio y respetamos las definiciones de las autoridades, pero sí nos preocupa la tarea de la educación en cárceles y la continuidad y excelencia de los procesos educativos del programa”, añadió el director del CBC. En las negociaciones se había acordado, también, garantizar que los y las estudiantes pudieran finalizar el ciclo lectivo en Devoto, pero los traslados comenzaron con el cuatrimestre por la mitad.
La planificación que se discutía en las conversaciones era que los y las detenidas que estudian en el CUD fueran trasladadas a Ezeiza, que se adecuaría para recibir a esa nueva cantidad de personas con sus respectivas carreras, incluso las que hoy no se cursan allí. Las discusiones avanzaron tanto que las áreas de tecnología de la UBA habían empezado a trabajar en el marco de una propuesta de educación híbrida que permitiera una cursada articulada entre la presencialidad y la virtualidad, pero el SPF decidió de un momento para el otro avanzar con la mudanza a Marcos Paz. En un comunicado emitido este lunes, el Ministerio aseguró que las actividades educativas “tendrán continuidad” en el nuevo establecimiento, aunque no se precisa de qué manera.
Desde la PPN advierten que incluso diversos jueces de ejecución penal habían solicitado que los estudiantes fueran los últimos en ser mudados para poder terminar el ciclo lectivo y que, una vez ocurrido ello, fueran trasladados a Ezeiza. Además de reclamar la suspensión de los operativos, la Procuración pidió que los estudiantes trasladados vuelvan a Devoto para terminar el año. El organismo consiguió que se realizara una primera audiencia virtual por el hábeas corpus, pero “el juez no ordenó ninguna de las medidas urgentes solicitadas: se limitó a pedir informes al Ministerio de Seguridad, al SPF, a la UBA y a los juzgados de ejecución penal”, según indicaron.
