El crecimiento exponencial de conductores y repartidores refleja una crisis económica que empuja a miles de familias a trabajar más de doce horas por una remuneración que apenas cubre los gastos, en un sistema que los dirigentes del sector califican como una verdadera exprimidora de trabajadores
En la Argentina, la apremiante situación económica ha transformado la manera en que miles de personas intentan ganarse el sustento. A cada instante, un nuevo trabajador se incorpora a la conducción de vehículos para plataformas digitales o al reparto de alimentos, encontrando en esta actividad un último refugio tras haber perdido su empleo o para mitigar los devastadores efectos de la crisis de ingresos que se ha profundizado en los últimos años. Diariamente, cientos de individuos se pliegan a esta modalidad de supervivencia laboral, donde las jornadas se extienden más allá de las doce horas y la paga obtenida apenas alcanza a cubrir los costos operativos.
De acuerdo con datos proporcionados por DiDi, una de las empresas de transporte que funciona en el territorio nacional, la cantidad de conductores de aplicaciones se incrementó un veinticinco por ciento durante el último año. Si bien la compañía registra a los choferes de manera constante, resulta probable que numerosos individuos abandonen la actividad después de realizar sus primeros viajes, desalentados por las condiciones imperantes.
Esta realidad configura un panorama donde cada vez más personas se dedican al reparto de mercaderías y al traslado de pasajeros bajo condiciones unilateralmente impuestas, precarias y carentes de derechos, inmersas en un sistema económico que las expulsó de sus empleos formales o las condenó a un salario que se agota antes de que finalice la segunda semana de cada mes.
Pablo León, presidente de la Asociación Civil de Conductores de Aplicaciones Unidos de la República Argentina, advirtió que quienes recién se incorporan a las plataformas atraviesan la situación económica con enorme desesperación. En declaraciones a Radio 750, el dirigente explicó que a lo largo del último año el fenómeno creció de manera exponencial, impulsado por el agravamiento de la situación económica y el desempleo. Según sus palabras, las personas caen en esta actividad desprovistas de cualquier cálculo de rentabilidad, movidas únicamente por la necesidad imperiosa de llevar dinero a sus hogares.
León detalló que un repartidor de Rappi percibe una remuneración sumamente escasa. Señaló que se trata de jóvenes que pueden llegar a obtener cincuenta mil pesos tras doce horas de labor, con tarifas que disminuyen progresivamente y jamás se incrementan, mientras se les asignan múltiples pedidos de manera simultánea y la paga resulta ínfima. Agregó que estos trabajadores no pueden rechazar las solicitudes, pues la situación que enfrentan es verdaderamente acuciante.
El dirigente gremial reveló que las cifras oficiales de las aplicaciones ya contabilizan seiscientos mil choferes activos y más de un millón de repartidores en todo el país. Calificó a las plataformas como una exprimidora que extrae al máximo el esfuerzo de los trabajadores y el capital que estos poseen. Observó que en la actualidad circulan más automóviles cercanos al año 2002 que vehículos nuevos, invirtiendo la tendencia de épocas anteriores, cuando los coches que se incorporaban no superaban los cinco años de antigüedad. Ahora, todas las personas que quedan desempleadas y disponen de algún automóvil de los años 2005 o 2006 salen a trabajar con él.
León afirmó que en la mayoría de los casos los vehículos no se encuentran en condiciones adecuadas. Sostuvo que trabajar por debajo de la rentabilidad esperada provoca que, a mediano y largo plazo, el conductor pierda su capital de trabajo, pues el automóvil se avería y no puede repararlo. Tampoco puede acceder a financiamiento porque se encuentra endeudado, y termina quedándose sin nada.
El presidente de ACAURA subrayó que las aplicaciones no exigen estar inscripto en Arca, y que la mayoría de las personas no realizan aporte alguno, ni siquiera el mínimo necesario para acceder a una jubilación, careciendo además de obra social. Calificó la situación como triste y manifestó que por esa razón trabajan en reclamar una regulación del sistema, porque resulta imperioso corregirlo. Concluyó señalando que son más de seiscientas mil familias las que se encuentran a la deriva.
