El organismo de derechos humanos sostiene que la iniciativa esconde una profunda reorganización del sistema de defensa, seguridad interior e inteligencia, y alerta sobre la creación de un órgano que concentraría facultades propias de los otros poderes del Estado
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) puso bajo la lupa el denominado proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional que impulsa el Gobierno de Javier Milei y que en la actualidad se debate en la Cámara de Diputados. A través de un documento, el organismo fundado en 1979 señaló que la propuesta presenta objeciones de índole constitucional y de organización institucional, y sostuvo que, bajo una invocación a la causa por la soberanía de Malvinas, la administración de La Libertad Avanza oculta una reestructuración integral del sistema de defensa nacional, seguridad interior e inteligencia que hasta el momento venía promoviendo por medio de Decretos de Necesidad y Urgencia.
La directora ejecutiva de la entidad, Paula Litvachky, ya había presentado sus reparos ante el plenario de comisiones que analiza la iniciativa oficial. En tanto, el Poder Ejecutivo envió a la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, a defender el proyecto, y otro de sus emisarios fue el número dos de Defensa, el general Jorge Puebla, quien afirmó que los militares se preparaban para salir de la “caja de cristal” en la que, según dijo, permanecieron las últimas décadas.
Uno de los ejes centrales que subraya el CELS es que la propuesta instala la noción de “seguridad nacional” como una categoría que termina abarcando la defensa, la seguridad interior y la propia defensa. “La definición abierta de seguridad nacional establece el marco que habilita la intervención del sistema de inteligencia nacional, en línea con lo ya definido en el decreto 941 y el Plan de Inteligencia Nacional, cuyo contenido está judicializado por ser contrario a la Ley de Inteligencia Nacional”, advierten desde el organismo.
El texto oficial coloca como órgano rector de la seguridad nacional a un Consejo de Seguridad Nacional (CSN), que toma su nombre del que existe en Estados Unidos desde 1947. Sin embargo, a diferencia del estadounidense, el nacional no sería, de aprobarse su creación en el Congreso, una instancia de asesoramiento del Presidente. Por el contrario, como señala el CELS, el CSN reuniría bajo su órbita la definición de políticas, la coordinación, la información, la investigación, las sanciones y las medidas urgentes.
Es este Consejo el que le daría órdenes a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) para que intervenga y decidiría sobre el uso del instrumento militar. Tanto la SIDE como el Ministerio de Defensa forman parte del CSN. No lo integra, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad. Lo que señalan desde la entidad de derechos humanos es que el CSN —esto es, el Poder Ejecutivo— asumirá tareas que son propias del Legislativo y del Poder Judicial. El CSN puede investigar y sancionar amenazas contra la seguridad nacional. El Ejecutivo tiene la facultad de diferir la comunicación cuando inicia una pesquisa e incluso de clasificar la información. “Esto significa que esa decisión no podrá ser discutida, porque jamás se podrá acceder a ella”, señala el CELS.
A fin de año, Milei firmó el DNU 941, a través del cual reformó el sistema de inteligencia. Con esa norma, todas las actividades de inteligencia pasaron a ser consideradas “encubiertas”. Esto posiblemente implique que toda la actividad investigativa del CSN podría ser considerada “encubierta” y quedar alcanzada por el secreto. El CSN puede establecer sanciones —multas, límites a la contratación con el Estado, pérdida de crédito o financiamiento estatal, hasta la revocación de permisos— que no pueden ser controladas judicialmente hasta que son definitivas. Incluso, según el proyecto, si una persona o entidad recurre ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, esta apelación no suspende los efectos de la decisión del Poder Ejecutivo.
La revocación de autorizaciones, puntualiza el CELS, puede alcanzar incluso a las asociaciones civiles que requieren estar inscriptas para funcionar. El proyecto prevé penas de hasta quince años para quienes, por ejemplo, sean acusados de procurar manipular la opinión pública y reciban algún financiamiento de una organización o agente extranjero. Una definición laxa como la de manipulación de la opinión pública podría servir para investigar a medios de comunicación, ONG y universidades que tengan algún tipo de apoyo internacional.
“El proyecto tiene graves problemas políticos, de constitucionalidad y de organización que requieren ser debatidos más profundamente en el Congreso. Queda claro también que los riesgos señalados no se solucionan modificando alguna de las figuras penales para hacerla más precisa o dándole al Congreso funciones de seguimiento a través de una Comisión Bicameral”, concluyó el CELS.
