La quinta Marcha Federal Universitaria será el eje de una jornada de protesta multisectorial que buscará torcer la voluntad del oficialismo y derogar el megadecreto que habilita la extranjerización de tierras rurales.
Con la Plaza del Congreso como epicentro y una réplica que se extenderá a lo largo y ancho del territorio nacional, la jornada del jueves se anticipa como una de las expresiones de descontento más contundentes contra la administración de Javier Milei. La quinta edición de la Marcha Federal Universitaria, que promete ser multitudinaria, funcionará como el imán que atraerá a una constelación de sectores diversos, todos ellos con un denominador común: el repudio a las políticas del gobierno libertario y la exigencia a los legisladores de que completen los votos necesarios para derogar el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. Entre los puntos más controversiales de esa normativa, se encuentra la eliminación de los límites para la venta de tierras rurales a manos extranjeras, un tema que ha encendido los ánimos en las últimas semanas.
A la movilización estudiantil se le sumarán los colectivos de personas con discapacidad, que reclamarán en la Cámara de Diputados la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad, y los grupos de endeudados, que también intentarán tratar un proyecto para regularizar su situación. Pero la convocatoria no se agota en esos actores: inquilinos, partidos políticos, trabajadores rurales, ambientalistas, movimientos sociales y gremiales también dirán presente para presionar a los legisladores. El objetivo compartido es lograr el rechazo faltante que permita anular el megadecreto firmado por Milei al inicio de su gestión.
El fallo de la Corte Suprema que habilitó la extranjerización de tierras por unos días, al desconocer la legitimidad del Centro de Excombatientes Islas Malvinas (Cecim) La Plata para presentar un amparo contra el artículo 154 del decreto 70/2023, fue el detonante que mayor indignación generó en las últimas semanas. Ese artículo deroga la Ley de Tierras sancionada en 2011, y la decisión judicial encendió las alarmas de organizaciones y ciudadanos por igual. Hugo Robert, vicepresidente del Cecim La Plata, fue categórico al afirmar que “el Gobierno de los hermanos Milei ha llevado adelante desde el primer día un plan sistemático de entrega de soberanía. En cada acto, en cada actitud, en cada directriz, ha emanado un cercenamiento a las soberanías”. El excombatiente subrayó que con el intento de derogar el megadecreto “se pone en juego nada más ni nada menos que la llave que le ha permitido a este gobierno y sus cómplices seguir generando este dolor inmenso que están generando en el pueblo argentino”.
La memoria de agosto, cuando el Senado votó la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, sirve como antecedente de la capacidad de movilización que tienen estos sectores. En aquella ocasión, una gran convocatoria popular logró frustrar el intento oficialista de posibilitar la venta indiscriminada de terrenos rurales, obligando a los libertarios a retirar del proyecto los artículos que permitían la extranjerización. Ahora, con la suma de múltiples actores, se espera que la Plaza del Congreso vuelva a colmarse.
Los primeros en arribar al lugar serán los representantes del colectivo de personas con discapacidad, alrededor de las 10:30. Pablo Molero, coordinador del Foro Permanente de Discapacidad, explicó que la intención es “acompañar a los diputados que convocaron a esta sesión”. Su reclamo central es que el Congreso prorrogue la Ley de Emergencia, en contra de los deseos del Poder Ejecutivo, que impulsa lo que ellos denominan “un proyecto superador”. Molero cuestionó esa iniciativa al considerar que “ese proyecto superador no es tal porque no copia todo lo que dice la ley de emergencia y sería superador si, aparte de copiar lo que ahí dice, estableciera cosas nuevas”. El gobierno se vio forzado a elevar un proyecto propio a las Cámaras luego de incluir en el Presupuesto 2027 un ajuste al sector, lo que generó malestar incluso dentro de sus propias filas.
Más tarde, llegarán las columnas de universitarios, que exigirán a la gestión Milei el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento de Educación Universitaria (LFEU). Esta será la quinta marcha de carácter federal que realiza la comunidad educativa desde que La Libertad Avanza asumió el poder. Joaquín Carvalho, presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA), sostuvo que esto “habla a las claras de que el reclamo no solo es urgente, sino que tiene un sostenimiento en el tiempo porque el problema no está solucionado”. A partir de este jueves, el juez Martín Cormick aplicará una multa de 100 mil pesos al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por cada día que el gobierno pase sin hacer efectiva la LFEU. El proyecto, que logró resistir al veto presidencial y fue respaldado por la justicia, establece la recomposición salarial del personal universitario a niveles de noviembre de 2023, lo que implicaría un aumento superior al 30 por ciento, además de contemplar la actualización de gastos de funcionamiento y becas estudiantiles.
Por su parte, las agrupaciones de endeudados, otra de las principales víctimas del ajuste libertario, se concentrarán a partir de las 15 en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Solís. Además de los proyectos de Diputados relacionados con morosidad y refinanciación, pedirán que se derogue el DNU 70/2023. Laura Bitto, referente del movimiento Familias Endeudadas, consideró que “el Gobierno sigue insistiendo en imponer por decreto la política desde el ejecutivo, en contramano de lo que piensa el pueblo y de los propios legisladores. Es un delirio, nunca visto”. Para Bitto, la situación de los endeudados responde a “una problemática económica integral del país: la baja de ingresos y la falta de laburo hacen que el sueldo no alcance para llegar a fin de mes. Entonces, si tenés que mantener una familia, pagar un alquiler e impuestos, comprar la comida y no llegás a fin de mes, te endeudas para subsistir”.
Joaquín Carvalho, de la FUA, interpretó la confluencia de luchas como una señal de que “hay un castigo muy grande con el Gobierno en general y con estos temas en particular”, en alusión a los reclamos de universidades, discapacidad y tierras, sobre los cuales “ya hemos dado sobrada muestra del nivel de apoyo que tiene la sociedad”. La jornada del jueves se perfila, así, como un termómetro de la conflictividad social y un intento coordinado por frenar el avance de las políticas libertarias sobre los territorios, los derechos y los bolsillos de amplios sectores de la población.
