Mientras el vocero presidencial califica de “mito” el incumplimiento de la ley, un fallo judicial ordena sancionar a Diego Santilli con cien mil pesos por día, y una nueva movilización se prepara para este jueves en defensa de la educación pública.
La administración de Javier Milei atraviesa un nuevo capítulo de tensión institucional luego de que el juez federal Martín Cormick resolviera aplicar una sanción pecuniaria de carácter conminatorio al jefe de Gabinete, Diego Santilli, debido a la persistente negativa del Poder Ejecutivo a acatar una serie de resoluciones judiciales que ordenan la actualización de salarios docentes y becas estudiantiles. La medida, conocida como astreinte, consiste en una multa diaria de cien mil pesos que busca vencer la resistencia oficial y garantizar el cumplimiento efectivo de la tutela judicial, según explicó el constitucionalista Andrés Gil Domínguez.
El fallo de Cormick no surgió de manera aislada. Desde diciembre del año pasado, el magistrado había concedido una medida cautelar en favor de las universidades, intimando al Gobierno a cumplir con la actualización de haberes para docentes y no docentes, así como con las becas. La Casa Rosada apeló esa decisión, pero la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el criterio del juez. El caso escaló hasta la Corte Suprema, que rechazó tanto las recusaciones presentadas por el Ejecutivo contra los jueces intervinientes —incluidos los propios cortesanos— como los planteos contra la cautelar. Pese a que existió un principio de acuerdo con las universidades para un incremento salarial del 24,33 por ciento, las negociaciones volvieron a trabarse y el Gobierno nunca terminó de cumplir.
La gota que rebalsó el vaso fue la declaración de inconstitucionalidad del decreto 759, firmado por Milei para evitar la aplicación de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria (LFEU), aprobada por el Congreso en agosto del año pasado y luego vetada mediante el decreto 647. El Congreso insistió con la mayoría calificada, pero el Presidente encontró un vericueto legal para postergar su implementación. Cormick consideró que ese mecanismo fue diseñado de manera extraconstitucional para no acatar la voluntad legislativa. Tras dos intimaciones —el 22 y el 30 de septiembre— que no tuvieron efecto, el juez habilitó la ejecución de la cautelar y aplicó las sanciones diarias al responsable de la administración general, cargo que recae en Santilli.
La reacción oficial no se hizo esperar. Desde el Gobierno anunciaron que apelarán la decisión para seguir dilatando la actualización de los salarios, mientras que desde los gremios universitarios reclaman un aumento del 34 por ciento. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) valoró el fallo. Su titular, Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario, destacó que la importancia no radica solo en la multa diaria sino en que se responsabiliza a una autoridad competente y no al Estado de manera vaga. “Hay que seguir, porque el proceso judicial continúa, pero es un paso importante”, afirmó.
En paralelo, el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano presentó una denuncia penal contra Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, por el ahogo financiero de las universidades. “Milei pretende gobernar por decreto, desconocer las leyes votadas por el Congreso y desobedecer a la Justicia cuando sus resoluciones afectan sus intereses”, sostuvo. La causa recayó en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo.
Mientras tanto, el vocero presidencial, Adrián Ravier, había abierto los brazos ante los periodistas que cubren la Casa Rosada para pedirles una mano: que no dijeran que el Gobierno incumple la LFEU ni que quiere cerrar las casas de altos estudios. “Es todo un mito”, aseguró. Sin embargo, la realidad judicial y social parece desmentirlo. Para este jueves, desde las 10.30, distintos centros de estudiantes y gremios se concentrarán en la zona del Congreso en la quinta marcha en defensa de la educación pública. A la convocatoria se sumarán personas con discapacidad, jubilados y sectores que reclaman por la soberanía nacional y contra la venta del país.
Desde el oficialismo, los ataques contra el juez Cormick se multiplicaron en las redes sociales. Daniel Parisini, alias Gordo Dan, intentó instalarlo como un magistrado vinculado a La Cámpora, mientras que desde La Derecha Diario lo acusaron de ser un juez K. No es la primera vez que Cormick queda en la mira: ya había sido blanco de embates cuando declaró la nulidad del protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich. Sin embargo, la cautelar fue confirmada por sus superiores, incluido Sergio Fernández, uno de los camaristas invitados por el Gobierno a viajar a Francia en la gira donde Milei pretendía atraer inversiones. La Corte Suprema, que no suele profesar antipatía por la administración de la motosierra, también ratificó la decisión.
El episodio deja al descubierto una contradicción central: un Gobierno que pregona “ley y orden” pero que, según los tribunales, no predica con el ejemplo. La historia de incumplimientos podría convertirse en una marca prolongada de la gestión libertaria, mientras la calle y la Justicia le responden con multas y movilizaciones.
