Aunque el oficialismo consiguió frenar el avance parlamentario sobre el DNU 70/23, los gobernadores que auxiliaron a La Libertad Avanza advierten que su acompañamiento no será incondicional. La discusión presupuestaria, la reforma electoral y las demandas de financiamiento provincial atraviesan un tablero político cada vez más frágil, donde las lealtades se miden voto a voto y las promesas oficiales quedan sujetas a revisión.
La supervivencia política del megadecreto impulsado por el Poder Ejecutivo dejó al descubierto una trama de acuerdos provisorios, presiones cruzadas y desconfianzas mutuas que amenaza con reconfigurar el mapa de alianzas en el Congreso. Si bien el Gobierno logró bloquear el tratamiento del DNU 70/23, el socorro brindado por algunos mandatarios provinciales se sostiene sobre bases endebles y responde más a cálculos circunstanciales que a una adhesión firme. Desde el entorno de uno de los gobernadores que la semana pasada restó quórum y contribuyó a preservar el decreto, la advertencia fue tajante: “Seguimos siendo opositores”. Esa frase, repetida en distintos despachos, anticipa que el acompañamiento en la próxima sesión no está garantizado y que cada votación será objeto de una negociación particular.
El jefe de Gabinete, desde la Casa Rosada, y Martín Menem, desde la Cámara de Diputados, enfrentan el desafío de redoblar la presión sobre quienes ya se reconocen jaqueados por el plan económico y por sus efectos sobre las cuentas provinciales. La estrategia oficial apunta a aprovechar esas situaciones límite, aunque el costo político sea alto. Un operador de la oposición dialoguista, desconfiado respecto de la reforma y eliminación de las PASO que el Gobierno pretende impulsar para allanar el camino a la reelección de Milei, fue explícito: “Van a tener que pagar al contado, el acuerdo electoral tiene que ser este año”. Sin embargo, las mismas fuentes que admiten avances en la negociación también reconocen que el entendimiento puede incluir o no un pacto electoral en cada distrito, lo que equivale a mantener todas las conversaciones sobre arena movediza.
El mapa provincial no es homogéneo ni estable. Los peronistas más duros, como el bonaerense Axel Kicillof, el pampeano Sergio Ziliotto, el riojano Ricardo Quintela y el formoseño Gildo Insfrán, no ceden. El resto se mantiene permeable al diálogo y a las transferencias que el Gobierno nacional pueda aprobar con cuentagotas. Conviven con aquellos que evalúan su voto según el tema en debate y que consideraron que rechazar el DNU 70/23 podía tener consecuencias letales para el oficialismo, las inversiones y los mercados. Incluso ese riesgo se discutió en la mesa del PJ nacional y en el bloque de diputados de Unión por la Patria.
En el pelotón de los que no querían asestar una herida tan profunda al mileísmo se ubican los gobernadores de Provincias Unidas, representados en Diputados por un interbloque por demás heterogéneo. Después de una serie de acusaciones vía WhatsApp, acordaron una reunión para el martes 20. “Como venimos votando en las últimas sesiones, sería bueno hacer catarsis”, propuso un legislador a sus pares, entre los que hay cordobeses y santafesinos que hicieron campaña contra el DNU 70/23 y también quienes no se sentaron en su banca. De todos modos, anticipan: una cosa fue el DNU y otra, los proyectos que vienen.
En el primer pelotón se alinean el chubutense Jorge Ávila, los santafesinos Gisela Scaglia y José Núñez, y el rionegrino Sergio Capozzi, que desde el PRO conversa sus votos con los gobernadores Maximiliano Pullaro e Ignacio Torres. Ante las críticas, el radical habló en Santa Fe y anticipó que sostendrá esta posición ambivalente. “Siempre voy a poner el cuerpo y la cara por la provincia de Santa Fe y siempre vamos a defender la educación pública. Lo van a ver en cómo nuestros legisladores van a acompañar en el presupuesto el mayor financiamiento hacia las universidades”, afirmó Pullaro sobre uno de los debates más calientes que se avecinan en torno al Presupuesto nacional, mientras evitaba referirse al DNU.
En varias provincias, no solo en Santa Fe, agregan que, aunque salvaron a Milei, la discusión será “ley por ley” y que el acompañamiento no es incondicional, aunque reconocen que sigue siendo un Gobierno que no cumple con las demandas, tal como se oyó el viernes en un evento del Consejo Federal de Inversiones donde confluyeron mandatarios de todos los sectores. De la misma manera actuarían otros diputados y senadores de la UCR, entre ellos los que responden al cada vez más dialoguista correntino Juan Pablo Valdés, que insiste en una resolución —o mejor aún, una ley— que establezca zonas cálidas para beneficios en la tarifa energética durante el verano. Todavía no ocurrió, a pesar de que ayudaron a Nación a eliminar 100 ciudades de las zonas frías.
A Santilli le piden “que pague”. “Antes no nos daban bolilla”, argumentan en su defensa tras haber contribuido a bloquear la última sesión y apuntan como un logro opositor que La Libertad Avanza haya dado marcha atrás con la derogación de la Ley de Tierras y haya propuesto dejar sin efecto el artículo 154 del DNU 70/23, aunque todavía esperan el cumplimiento de varias promesas del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, en el Litoral siguen reclamando la Ley de Cabotaje que el viernes Diego Santilli volvió a prometer en la Cumbre Federal de Logística organizada por el CFI, que conduce Ignacio Lamothe, organismo que ayudó a redactar un proyecto en este sentido que sería tratado en el Senado y que compite con el que aliados correntinos y chaqueños tienen ya en Diputados.
Hábil disertante, pero no ajeno a las garantías que le exigen los jefes provinciales, Santilli —junto al desregulador Federico Sturzenegger— apuntó al peronismo con foco en Kicillof. Del otro lado y en privado le piden “que pague”, y no solo con transferencias como las que recibieron algunos distritos como Santa Cruz, Santa Fe, Tucumán y Tierra del Fuego. Incluso en el arranque del evento del CFI, el cordobés Martín Llaryora, el entrerriano Rogelio Frigerio, el santiagueño Elías Suárez y Axel Kicillof coincidieron en la urgencia de invertir en obra pública. “La Nación no construye ni un bicicletero”, se quejó Llaryora, que en su distrito descuenta una avanzada libertaria el año próximo y no tiene margen de acuerdo como otros de sus pares.
“Si quieren que no haya quórum, votemos la Ley de Tierras”, habían jaqueado horas antes los dialoguistas al oficialismo, que en Diputados promete cosas que después Economía retacea. Pasó justo esta semana con la Ley de Discapacidad, a tratarse el 21 en el recinto gracias, otra vez, a un acuerdo entre La Libertad Avanza y varias provincias. El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, lo dijo fuerte y claro en comisión: el Presupuesto no contiene las partidas prometidas para avanzar con esa ley. “Si hacemos prevalecer el dictamen, hay que financiar la ley en el Presupuesto y los libertarios firmaron el dictamen con nosotros”, anticiparon el roce ante este diario diputados cuyos gobernadores les pidieron sostener esa ley a cambio de eliminar el carácter de “emergencia” que pedía el resto de la oposición y las organizaciones.
Aunque el Gobierno negocia uno a uno con los jefes provinciales que pasan alternativamente por la oficina de Santilli, los gobernadores coordinan entre ellos. Algunos están en por lo menos media docena de grupos de WhatsApp con sus pares, agrupados por región, por partido político o por cercanía con Nación. A eso atribuyen, en parte, que en la última sesión el salteño Gustavo Sáenz haya dejado a varios diputados sentados para dar quórum, a excepción de una legisladora, o que Santiago del Estero y Tierra del Fuego, dos sorpresas en el recinto, hayan levantado a dos diputados nacionales, o que Raúl Jalil no haya colaborado con Nación como en otras oportunidades. “Les muestran el poder que tienen, no juegan todas las cartas”, graficaban desde ese espacio sinuoso que define las votaciones para uno u otro lado y agregaban que son señales de las tensiones que vienen.
En el futuro más cercano, ni Santiago del Estero ni Tierra del Fuego romperían con la oposición y seguirán alineados a Unión por la Patria. Tierra del Fuego no sacará a Paulo Agustín Tita del bloque —como sí hizo Osvaldo Jaldo con los tres que le responden—, aunque ya plantearon internamente, en ese ámbito y en la mesa del PJ nacional, las dificultades políticas y económicas por las que atraviesa el gobernador fueguino Gustavo Melella, que para pagar sueldos estos últimos días necesitó que Nación le liberara 40.000 millones de pesos de los 80.000 que le deben. “Gustavo va a seguir en la oposición”, clausuraron cualquier especulación y reivindicaron cerca suyo sus conversaciones con el núcleo duro del antimileísmo que conformaron con Kicillof, Ziliotto, Insfrán, Quintela, Máximo Kirchner, el santiagueño Gerardo Zamora y Sergio Massa. Lo mismo dicen de Zamora, que a pesar de que su provincia bajó del quórum a la diputada Estela Neder, sigue en el equipo opositor y que hasta evaluaría la posibilidad de ser candidato a presidente —o a vice— si se mantuvieran las PASO.
En el caso de Melella, seguirá pidiendo ayuda a sus amigos para frenar la interna peronista mientras pesa en su contra un pedido de juicio político y lo aquejan los números en rojo. El SIPA acaba de dar las cifras oficiales que ubican a la isla al tope de la pérdida de empleo formal con más de 18 puntos.
