Mientras desde la Casa Rosada se multiplican los anuncios optimistas sobre un pronto tratamiento del proyecto para eliminar las PASO, en la Cámara alta las adhesiones siguen esquivas y los compromisos de los gobernadores se desvanecen entre promesas condicionadas y desconfianzas cruzadas
La distancia entre el discurso oficial y la aritmética legislativa se agranda día a día. Los mensajes esperanzadores que emanan del Poder Ejecutivo, anticipando un desenlace favorable para la reforma política en el corto plazo, se estrellan contra la terca materialidad de un Senado donde los sufragios necesarios para suprimir o suspender las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias continúan brillando por su ausencia o, en el mejor de los casos, se esconden detrás de un laberinto de ambigüedades. Así lo confirman las propias usinas políticas del oficialismo, donde la cautela reemplazó a la euforia inicial.
Un operador con acceso directo a los pasillos de Balcarce 50 fue categórico al describir las versiones que atribuían al jefe de Gabinete, Diego Santilli, el anuncio ante la mesa política gubernamental de que contaba con los votos suficientes y que, a más tardar a mediados de noviembre, la Cámara alta aprobaría la iniciativa del Poder Ejecutivo. «Son más expresiones de deseos que realidades», sentenció el informante, dejando al descubierto la fragilidad de un relato que pretender vender certezas donde solo existen incógnitas.
Desde otro espacio de poder del oficialismo ofrecieron un panorama algo más amplio, aunque igualmente desalentador. Según esta lectura, el jefe de Gabinete apenas si logró cerrar unos pocos acuerdos concretos y acumula, en cambio, una abundante cosecha de promesas provenientes de un puñado de mandatarios provinciales que, además de ser veteranos conocedores de los vericuetos del poder, en privado exteriorizan sus reservas a cumplir con su parte del pacto antes de que lo haga un Gobierno con fama de incumplidor. La misma fuente precisó que existen casos donde el «pago» exigido a cambio del sufragio para suprimir las primarias resulta prácticamente imposible de satisfacer, lo que abre interrogantes mayúsculos sobre la solidez de los compromisos que el funcionario dice haber acumulado.
Entre los ejemplos más ilustrativos de estas exigencias desmesuradas mencionan el de un cacique de una provincia del norte que pretende que la Corte Suprema de Justicia le habilite la posibilidad de competir por una nueva reelección, camino que en la actualidad le está vedado. Un diputado con llegada a la Casa Rosada relató esta semana, ante algunos de sus compañeros de bloque, un episodio ocurrido durante la última reunión de la mesa política que retrata con crudeza el verdadero estado de situación de la reforma electoral. Según esta versión, cuando Santilli aseguró que los votos ya estaban, uno de los presentes le solicitó que hiciera la cuenta con mayor detalle, que contabilizara únicamente a los senadores cuyo respaldo tenía efectivamente garantizado. «Cuando terminó de hacer la cuenta tenía 31», completó el legislador oficialista ante la sorpresa de sus interlocutores.
La cifra dista enormemente del respaldo de la mayoría absoluta —mitad más uno del total de miembros de cada cámara legislativa— que la Constitución exige para sancionar una reforma electoral. En el caso del Senado, el número mágico que debe iluminarse en el tablero es 37 votos afirmativos. «Los votos van y vienen. Un día están y otro no están», comenta con resignación un dirigente de larga trayectoria que tiene acceso a la mesa de arena de Patricia Bullrich, la jefa del bloque oficialista en la Cámara alta. «Es el dilema del huevo y la gallina; en este caso la puja es entre quién da el primer paso: los gobernadores quieren que les aseguren primero que no les van a competir en la provincia y el Gobierno pide primero el voto para eliminar las PASO; por eso no hay nada firme», agrega el experimentado político, sintetizando la lógica perversa que traba toda negociación.
En las cuentas que se hacen en la Casa Rosada figura un vasto universo de apoyos potenciales, pero en la columna de votos concretos y seguros los nombres se reducen considerablemente. La base de la pirámide la constituyen los 21 miembros del bloque oficialista. A ellos se suman los provinciales Julieta Corroza, por Neuquén, y los santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia. Hasta ahí, los que pueden darse por descontados. El resto, incluso aquellos que el Gobierno contabiliza como favorables a voltear las primarias, se encuentran sumergidos en una densa niebla política donde nada es lo que parece ser.
El ejemplo más nítido lo ofrece la Unión Cívica Radical. En el Ejecutivo afirman tener a siete de sus diez senadores. En esa lista figuran los mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suárez, los correntinos Eduardo Vischi y Mercedes Valenzuela, y la chaqueña Silvina Schneider. Sin embargo, también aparecen anotados los santafecinos Carolina Losada y Eduardo Galaretto, quienes mantienen buenas relaciones con el poder central pero no responden de manera automática al gobernador Maximiliano Pullaro. Más aún, la experiodista manifestó públicamente su rechazo a eliminar las PASO, argumentando que sin ese instrumento jamás habría llegado al Senado.
En sus cálculos, Santilli incluye a Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, alineados con el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua. No obstante, un experimentado senador kirchnerista recordó que los misioneros siempre terminan jugando con el peronismo en el tablero político nacional, y hoy el PJ se posiciona en la vereda opuesta a la derogación de las primarias. La misma sospecha se cierne sobre el respaldo de la salteña Flavia Royón. Si bien la legisladora está alineada con el gobernador Gustavo Sáenz, lo cierto es que también posee terminal política en Sergio Massa, quien actualmente juega, junto con el santiagueño Gerardo Zamora, en contra del proyecto.
En idéntica bruma política aparecen los votos de la jujeña Carolina Moisés, que responde a Sáenz, y del catamarqueño Guillermo Andrada, hombre de confianza del gobernador Raúl Jalil. A priori, en la Casa Rosada cuentan con sus respaldos, pero algunos oficialistas sospechan que esos apoyos están atados a la dinámica que adopte la interna del justicialismo. Otro voto contabilizado como positivo que en el Senado no se da por cerrado del todo es el de la radical Edith Terenzi, por Chubut. La legisladora no está integrada al bloque de la UCR y juega en tándem con el gobernador Ignacio Torres, del Pro, pero en algunos temas ha evidenciado juego propio. «Y no te olvides de que al Gobierno se le está complicando la economía», remarca un senador radical, poniendo sobre la mesa otro factor que podría diluir varios de los votos que hoy la Casa Rosada cuenta como propios.
Aunque es un aliado del Gobierno y contribuyó a que fracasara la ofensiva opositora en Diputados contra el DNU 70/23, el gobernador Osvaldo Jaldo, de Tucumán y perteneciente al PJ, está en contra de eliminar las PASO. Al menos esa es la postura que trasmiten en sus charlas con colegas Sandra Mendoza y Beatriz Ávila, las senadoras que responden al mandatario tucumano. En contra del proyecto ya se pronunció Maximiliano Abad, por Buenos Aires, miembro de un bloque radical que se completa con Daniel Kroneberger, por La Pampa, y Flavio Fama, por Catamarca. Ambos legisladores terminan sus mandatos el año próximo y no han fijado posición.
El caso del «ruso» Kroneberger es emblemático de los problemas que puede encontrar la Casa Rosada para conseguir más votos. Si bien no gobierna la provincia, el radicalismo es fuerte en La Pampa y, por lo tanto, exige que se lo tome en cuenta a la hora de planificar frentes electorales. Sin embargo, el Gobierno insiste en imponer condiciones y en sostener la candidatura a gobernador del vocero presidencial, Adrián Ravier. El péndulo político encuentra en este momento al Pro en la columna del rechazo a eliminar las PASO. Los votos de la bancada que conduce Martín Goerling, por Misiones, y que integran María Victoria Huala, por La Pampa, y Andrea Cristina, por Chubut, son harto necesarios para el Gobierno si pretende aprobar la reforma electoral.
Por último, y en sintonía con la escudería amarilla, aparecen senadores sin tierra como los peronistas antikirchneristas Carlos Espínola, por Corrientes, y Alejandra Vigo, por Córdoba. La senadora jugará la partida que decida su esposo, el exgobernador y actual diputado nacional Juan Schiaretti. El medallista olímpico, en tanto, es uno de los que quiere patear el debate de la reforma política, si es posible hasta el año próximo, para ver cómo se dibuja el mapa electoral en su provincia.
