El mandatario paraguayo dejó el poder tras el colapso de Ueno Bank, una crisis financiera que salpica a su entorno político, involucra a casi tres millones de clientes y pone en entredicho la referencia económica que Javier Milei exhibía como faro continental
La dimisión del presidente de Paraguay, Santiago Peña, como consecuencia del escándalo financiero desatado por la intervención de Ueno Bank, ha provocado un sismo político de alcance regional que obliga a revisar uno de los pilares discursivos del oficialismo argentino. Durante meses, el gobierno de Javier Milei presentó al país vecino como la demostración empírica de que la prédica liberal produce resultados concretos: inflación dominada, crecimiento sostenido y una sociedad que, según la describió el titular del Banco Central argentino, Santiago Bausili, vive con tranquilidad y no necesita emigrar a Suiza, Estados Unidos o Irlanda para prosperar. Ese relato, repetido en foros internacionales y en la propia Conferencia de Acción Política Conservadora celebrada en Asunción, se resquebraja ahora ante la evidencia de una crisis institucional y financiera de enorme magnitud.
El anuncio de la renuncia llegó a través de un video difundido en redes sociales, en el que Peña argumentó que su decisión buscaba preservar la estabilidad de la República y la paz social. Lejos de apaciguar los ánimos, la comunicación fue seguida por manifestaciones en las calles de Asunción, donde miles de ciudadanos exigieron la devolución de sus ahorros. La Fiscalía paraguaya confirmó que el ahora expresidente será incorporado a las investigaciones de tres causas penales vinculadas al banco intervenido, en las que también aparecen involucrados otros exfuncionarios de su administración. Un grupo de legisladores amplió una denuncia presentada en octubre de 2025 para incluir hechos relativos a la supervisión y el procedimiento de resolución de la entidad, la colocación de fondos públicos en ella y los cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades del Banco Central del Paraguay.
En paralelo, el Senado inició un juicio político contra el gobernante, acusado de un grave y sistemático mal desempeño de sus funciones, luego de que la Cámara de Diputados aceptara someterlo al proceso. El senador Derlis Maidana informó que la instancia continuará con la convocatoria a Peña para que presente su defensa o designe representantes. El propio mandatario saliente, que no volvió a hablar en público desde que el Banco Central ordenó la resolución de Ueno, aseguró en sus redes que colaborará plenamente con las instituciones competentes para que se esclarezca lo ocurrido, se determinen las responsabilidades y quienes hayan infringido la ley respondan ante la Justicia. Además, subrayó que la discusión sobre su continuidad en el cargo no puede paralizar las soluciones que necesitan las familias afectadas, dando a entender que permanece en territorio paraguayo pese a los rumores que lo situaban en Argentina, tal como ocurrió con Flávio Bolsonaro la semana pasada.
El trasfondo del caso excede la dimensión financiera y se hunde en las entrañas del poder colorado. El analista Idilio Méndez, magíster en Proyectos de Inversión por la Universidad Nacional de Asunción y autor de «Los herederos de Stroessner», explicó que la renuncia responde principalmente a una disputa interna dentro del Partido Colorado, fuerza que gobierna el país desde hace más de setenta años con la sola excepción del período de Fernando Lugo. Las tensiones entre Peña y Horacio Cartes, expresidente y actual titular de la agrupación, se hicieron visibles a partir de los desacuerdos en torno a la elección de la fórmula presidencial para el próximo período. Méndez señaló que el caso de Ueno Bank terminó por exponer esas diferencias y las posibles irregularidades vinculadas a la entidad, que tenía un peso considerable en el sistema financiero y recibía una porción significativa de los depósitos del sector público. La ciudadanía, agregó, apoya la destitución porque resulta evidente que se están cometiendo delitos, a lo que se suma el descontento acumulado de amplios sectores contra un gobierno signado por el aumento de la corrupción.
El impacto económico de la crisis es mayúsculo. Ueno Bank había sido intervenido el martes, dejando a casi tres millones de clientes sin acceso a su dinero en un país de poco más de 6,1 millones de habitantes. El Banco Central detectó que el índice de solvencia de la entidad había caído por debajo del cincuenta por ciento del mínimo exigido, como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización. El colapso desató una crisis política por los vínculos que tanto Peña como el entonces titular del Banco Central, Carlos Carvallo Spalding, mantenían con el banco y su grupo empresarial. Méndez precisó que los pequeños ahorristas cuentan con una garantía legal de unos setenta salarios mínimos, que deberán ser restituidos a través del Banco Central, mientras que quienes poseen depósitos de mayor volumen probablemente deban esperar a que se liquide la entidad y se rematen sus bienes para recuperar su dinero, un proceso que podría extenderse durante años. El analista recordó que el país arrastra heridas profundas de la crisis financiera de 1995-2002 y advirtió que la corrupción agravó las consecuencias y dejó secuelas que todavía afectan a la sociedad paraguaya.
A ese cuadro se suma una derivación internacional que involucra directamente a los socios ideológicos del gobierno argentino. Según informó el medio español Diario Red, la entidad bancaria, que administraba fondos millonarios provenientes del Instituto de Previsión Social destinados al pago de jubilaciones, habría desviado recursos para patrocinar y financiar eventos vinculados con la ultraderecha internacional de la que forma parte Javier Milei. En particular, Ueno Bank habría sido uno de los impulsores financieros de la Hispanic Prosperity Gala, celebrada en el club Mar-a-Lago, propiedad de Donald Trump, en Florida, evento que contó con la entrega de premios al consultor político argentino Fernando Cerimedo, imputado por las autoridades bolivianas como presunto autor intelectual de los delitos de tentativa de feminicidio y asesinato, y también investigado en ese país por presunto enriquecimiento ilícito y posibles vínculos con el narcotráfico.
El derrumbe del denominado modelo paraguayo coincide con una semana particularmente adversa para los referentes internacionales de la ultraderecha: la derrota de Flávio Bolsonaro frente a Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil y la pérdida del control del Congreso por parte de los republicanos de Trump en los comicios de medio término en Estados Unidos. La coincidencia no es menor para un gobierno argentino que construyó buena parte de su legitimidad discursiva sobre la exhibición de casos exitosos de aplicación de sus ideas. La renuncia de Peña, envuelto en una crisis financiera que lo obliga a dejar el gobierno para intentar despegarse del caso, transforma aquel elogio en una incómoda referencia y deja al oficialismo argentino ante un escenario que ya no puede administrar con la sola retórica de los ejemplos virtuosos.
