La cónyuge del exjefe de Gabinete habría erogado 58 millones entre junio y septiembre; la diputada Pagano amplió su presentación por enriquecimiento ilícito tras el rechazo inicial de la fiscalía
La consulta a la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina arroja un dato que volvió a encender las alarmas en el ámbito judicial y político: Bettina Angeletti, cónyuge de Manuel Adorni, exfuncionario de la gestión nacional, habría canalizado erogaciones por 18 millones de pesos únicamente durante septiembre, el último registro disponible hasta el momento. Ese universo de consumos abarca desde saldos de tarjetas de crédito hasta préstamos de carácter personal y la compra de rodados, y la misma fuente oficial indica que esas obligaciones fueron canceladas en plazo y de manera íntegra.
La progresión de los números resulta llamativa. En junio, los movimientos atribuidos a Angeletti totalizaron 13,8 millones; en julio, 13,4 millones; en agosto, 13,3 millones; y en septiembre treparon a los 18 millones mencionados. La suma de esos cuatro períodos mensuales ronda los 58 millones de pesos, un monto que la legisladora Marcela Pagano utilizó como base para reactivar su ofensiva judicial.
Cabe recordar que la diputada ya había presentado una denuncia inicial por enriquecimiento ilícito y que, horas después de que la fiscalía desestimara esa imputación, decidió ampliar el escrito con la nueva evidencia obtenida de los registros públicos. En esa presentación, Pagano pidió formalmente que la causa se tenga por ampliada respecto de Angeletti, a quien sindica como posible persona interpuesta destinada a disimular el incremento patrimonial de un tercero.
El tramo temporal examinado no es casual: comprende desde junio hasta septiembre de 2026, es decir, el mes en que se produjo el cese del funcionario y los tres meses inmediatamente posteriores. En ese lapso, según la información difundida, la cónyuge del exjefe de Gabinete habría registrado erogaciones mensuales que oscilaron entre los trece y los dieciocho millones de pesos, siempre de acuerdo con los datos que surgen del sistema financiero.
La ampliación de la denuncia busca, en definitiva, que la justicia profundice sobre el origen de los fondos y sobre la eventual utilización de testaferros o interpósitas personas para encubrir un patrimonio que, a primera vista, no guardaría relación con los ingresos declarados. El expediente queda ahora a la espera de las medidas que disponga el juzgado interviniente, mientras la consulta pública de la autoridad monetaria sigue exhibiendo una curva de gastos que no cesa de crecer.
