La Corte Suprema ratificó la sentencia contra Pedro Müller, de 95 años, por su participación en el plan represivo empresarial-militar durante la última dictadura. El fallo, que sienta precedente sobre la responsabilidad de las corporaciones, ordenó su detención domiciliaria en Córdoba mientras se define su situación definitiva.
El Tribunal Oral Federal 1 de San Martín dispuso la aprehensión de Pedro Müller, antiguo alto directivo de Ford Motor Argentina, tras la confirmación de su condena por delitos de lesa humanidad cometidos en los primeros meses del régimen dictatorial. Müller, quien cuenta con 95 años, permanecerá bajo arresto domiciliario en la provincia de Córdoba de manera provisoria hasta que se resuelva su situación procesal.
La decisión del máximo tribunal, adoptada con una integración especial, validó el fallo que el TOF 1 había pronunciado en diciembre de 2018. Aquel pronunciamiento constituyó la primera resolución judicial en reconocer que empresas multinacionales articularon acciones con las Fuerzas Armadas durante la dictadura para ejecutar un plan criminal sistemático.
Müller había ingresado a la compañía automotriz a comienzos de la década del sesenta. Para 1976 ocupaba el cargo de gerente de Manufactura, lo que implicaba la supervisión de la producción en una planta que empleaba a aproximadamente 7200 personas. Durante el debate oral, los testimonios de diversos trabajadores de la firma permitieron reconstruir que Müller era el reemplazante natural de Nicolás Courard, presidente de Ford, en ausencia de este. Incluso participó en prácticamente todas las reuniones del directorio celebradas durante 1976.
Courard manifestaba públicamente su adhesión al régimen militar, según quedó acreditado en la causa. En 1980, durante la inauguración de las obras de la planta de camiones, afirmó ante José Alfredo Martínez de Hoz que Ford Motor Argentina había creído en el Proceso de Reorganización Nacional porque veía en él el vehículo para que el país encontrara su verdadero camino. Meses antes, en febrero de 1976, había concedido una entrevista al New York Times en la que sostuvo que los terroristas no eran solamente los guerrilleros en las montañas o en las calles, sino que también estaban en la propia línea de ensamblaje, amenazando a los trabajadores y diciéndoles cuánto debían producir cada día.
Las detenciones de operarios de Ford comenzaron el mismo día del golpe de Estado. El 24 de marzo de 1976, hombres armados ingresaron a la planta de General Pacheco para secuestrar a trabajadores. Al día siguiente, el gerente de Relaciones Laborales comunicó que toda actividad gremial quedaba prohibida.
El TOF 1 de San Martín consideró acreditada la intervención de la empresa mediante diversas modalidades: la identificación de obreros conflictivos, la autorización para la instalación militar en la fábrica, la habilitación de un centro clandestino de detención y tortura en el quincho del predio, el suministro de camionetas para los secuestros y el incremento de los niveles de exigencia y explotación laboral. En ese contexto, veinticuatro trabajadores fueron secuestrados, diecisiete de ellos privados de su libertad en sus propios puestos de trabajo, y nueve fueron conducidos al quincho y torturados antes de ser trasladados a otros centros clandestinos.
Por estos hechos, el tribunal condenó a tres acusados: Santiago Omar Riveros, comandante de Institutos Militares con asiento en Campo de Mayo; Héctor Sibilla, militar retirado y jefe de seguridad de Ford; y Müller, quien recibió una pena de diez años de prisión. En 2021, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena, con los votos de Alejandro Slokar y Carlos Mahiques. A fines de marzo de 2022, sus colegas Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci concedieron a Müller un recurso para llegar a la Corte Suprema bajo el argumento de que se había afectado el principio de inocencia.
La defensa de Müller, ejercida por Nicolás Corletto y Mariano Grondona con el patrocinio de Alberto Garay, sostuvo fundamentalmente que su cliente fue condenado por haber sido gerente de Ford, pero que no se le puede atribuir el rol que desempeñó la empresa. El caso generó divisiones en el máximo tribunal. Los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz no lograron ponerse de acuerdo, por lo que fue necesario convocar a los conjueces Fernando Poviña, de la Cámara Federal de Tucumán, y Juan Ignacio Pérez Curci, de la Cámara Federal de San Martín. Lorenzetti optó posteriormente por no pronunciarse.
Poviña y Pérez Curci conformaron la mayoría junto con Rosatti, presidente del máximo tribunal. Ellos ratificaron que los civiles pueden ser juzgados por crímenes de lesa humanidad y que debe considerarse el contexto en el que los delitos fueron cometidos. En ese sentido, destacaron que la represión dictatorial se había enfocado en el mundo del trabajo y citaron, por ejemplo, que el informe Nunca Más sostenía que más del treinta por ciento de los desaparecidos eran obreros, y que el trabajo de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas había subrayado la represión contra los operarios de Ford.
Rosenkrantz, por su parte, sostuvo que no había pruebas para condenar a Müller y que, en todo caso, la responsabilidad de la empresa por los crímenes de la dictadura debía ceñirse al rol desplegado por Sibilla, quien tenía trato directo con los militares. Sibilla falleció mientras el expediente permanecía paralizado en la Corte Suprema. En un cuestionamiento dirigido a sus colegas, Rosenkrantz afirmó que los jueces no debían funcionar como historiadores, sociólogos o politólogos. Organismos de derechos humanos remarcaron que Rosenkrantz suele mostrar este tipo de posicionamientos cuando se trata de evaluar el rol de los empresarios en casos de lesa humanidad, aunque no formuló las mismas objeciones cuando confirmó las condenas contra Milagro Sala o Cristina Fernández de Kirchner, edificadas bajo la fórmula de que no podían desconocer los hechos.
El viernes, la defensa de Müller se presentó rápidamente ante el TOF 1 de San Martín para solicitar el arresto domiciliario en función de su edad avanzada. Los defensores debieron actuar con celeridad porque el tribunal había establecido que, una vez firme la sentencia, esta debería cumplirse en un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal. Hasta tanto el TOF 1 resuelva el planteo, Müller permanecerá detenido en su domicilio de Córdoba.
La abogada querellante Elizabeth Gómez Alcorta manifestó que, dado que los tiempos del Poder Judicial son muy extensos, resulta muy triste que muchos de los compañeros que batallaron por este juicio, y puso en cabeza de Pedro Troiani, no hayan llegado con vida a ver la sentencia firme y la orden de detención de Müller. Señaló que se trata de una injusticia que se suma a todo lo que han tenido que atravesar, no solo por ser víctimas del terrorismo de Estado, sino también por padecer un Poder Judicial que no asume sus responsabilidades para una vida democrática.
Gómez Alcorta celebró, de todos modos, los lineamientos establecidos por la mayoría de la Corte. Destacó que resulta muy importante porque hoy se están juzgando dos causas por responsabilidad empresarial, como son Molinos Río de la Plata y Mercedes-Benz, y que se aguarda la resolución de los casos de La Fronterita y Ledesma.
