El Tribunal Internacional del Derecho del Mar comenzó a escuchar los argumentos de ambas partes sobre el proyecto Sea Lion; Buenos Aires busca medidas provisionales para frenar la perforación, mientras Londres cuestiona la competencia del organismo y defiende su soberanía sobre el archipiélago
La pugna entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía y la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas llegó este martes a una instancia decisiva con la apertura de las audiencias ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) en Hamburgo, Alemania. La delegación argentina, encabezada por el embajador Mario Oyarzábal, director general de la Consejería Legal Internacional de la Cancillería, presentó formalmente su solicitud de medidas provisionales contra el proyecto Sea Lion, operado por las firmas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en un bloque situado a unas 107 millas náuticas al norte del archipiélago. El gobierno de Javier Milei invocó el artículo 290 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) para reclamar cuatro puntos concretos: que Londres impida el inicio o la continuidad de la explotación, que se abstenga de otorgar nuevos permisos en la zona, que preserve la información obtenida durante la exploración y que proteja el medio marino. La audiencia, que se extenderá hasta el miércoles, define el alcance de un procedimiento técnico complejo que podría paralizar las perforaciones previstas para enero de 2027.
La comitiva argentina en la ciudad alemana incluye a María Ibarzabal, secretaria legal y técnica de la Presidencia; la embajadora Bettina Pasquali de Fonseca, al frente de la misión diplomática en Alemania; Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, y Santiago Castro Videla, subprocurador del Tesoro de la Nación. El equipo jurídico se completa con la participación de Marcelo Kohen, exsecretario general del Institut de Droit International y exjuez ad hoc del TIDM, quien ocupa un rol central como asesor externo en la ingeniería legal del caso. Kohen, que representó al país en el litigio por la fragata ARA Libertad —donde el mismo tribunal ordenó en 2012 la liberación del buque como medida provisional—, fue uno de los encargados de exponer los fundamentos argentinos. También intervino Nico Schrijver, una de las máximas autoridades mundiales en soberanía sobre recursos naturales, según consignó el escrito presentado por Buenos Aires.
La estrategia jurídica argentina
La argumentación argentina se sostiene sobre dos resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas: la 2065 de 1965, que reconoció la existencia de la disputa de soberanía, y la 31/49 de 1976, que instó a las partes a no adoptar decisiones unilaterales mientras la controversia permanezca abierta. De allí deriva la tesis central del reclamo: explotar recursos en un área bajo disputa activa viola el derecho internacional. Kohen lo expuso con claridad ante los jueces al señalar que, mediante el procedimiento arbitral, la Argentina pretende proteger sus derechos sobre los espacios marítimos en virtud de la Convención, en espera de la resolución de la controversia de soberanía territorial, que permanece sin resolver debido a la persistente negativa del Reino Unido. El especialista agregó que, para justificar la necesidad de proteger los derechos soberanos invocados sobre la plataforma continental en disputa, resulta necesario demostrar que el reclamo de soberanía territorial es plausible, y recordó que las Naciones Unidas reconocen la existencia de una controversia relativa a la soberanía de las Malvinas. Asimismo, subrayó que numerosos Estados del mundo reconocen la soberanía argentina, lo que demuestra el carácter plausible de los derechos reivindicados, y precisó que ningún Estado ha reconocido la soberanía británica.
El escrito argentino incorpora además un argumento de orden práctico que refuerza la urgencia de la medida: el petróleo es un recurso no renovable y su extracción no puede revertirse con una sentencia posterior. Una vez extraído, ningún fallo puede restituirlo. La presentación invoca también los artículos 192 y 194 de la Convemar sobre protección del medio marino. Buenos Aires aclaró expresamente que no pide al Tribunal que resuelva la cuestión de soberanía, sino que ordene el cumplimiento de obligaciones relativas a la explotación de recursos mientras la controversia de fondo se tramita en otro foro. Kohen fue contundente al respecto: el argumento británico implica que el Reino Unido ni siquiera discutirá la cuestión de soberanía, lo que abarca también los derechos sobre los espacios marítimos, a menos que los actuales habitantes de las islas se lo soliciten. Esto equivale, según el jurista, a dejar la decisión de respetar o no sus obligaciones internacionales en manos de apenas unos dos mil de sus propios ciudadanos. La Argentina tiene derecho a que el Reino Unido respete la obligación de resolver las controversias por medios pacíficos, lo que incluye el deber de no hacer nada que torne el arreglo más difícil o imposible, situación que se configuraría si la parte británica continuara los trabajos dirigidos a la explotación de hidrocarburos de la plataforma continental objeto de la controversia.
La posición británica y el cuestionamiento a la competencia
El Reino Unido no presentó un escrito público ante el Tribunal del Mar y se prevé que sus argumentos jurídicos de fondo se conozcan durante las audiencias. La ministra de Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, sostuvo en la Cámara de los Comunes el 13 de octubre que el inicio del reclamo argentino no constituye un fallo, no invalida las licencias de las islas, no altera su autoridad regulatoria y no obliga a frenar el desarrollo de hidrocarburos. En aquella oportunidad citó el referéndum de 2013 —99,8% a favor de seguir siendo territorio británico, con 92% de participación— y afirmó que Londres sigue abierto al diálogo y a la cooperación práctica. El argumento de fondo que presentará el Reino Unido será, presumiblemente, que Sea Lion cumple con el tratado de 1982 y que la discusión central debe ser la competencia del Tribunal. El mismo 13 de octubre, el gobierno británico anunció que presentará legislación secundaria basada en la Protection of Trading Interests Act de 1980 para proteger a las empresas afectadas por medidas extraterritoriales argentinas, con la meta declarada de que entre en vigor antes de fin de año, aunque el texto todavía no es público ni ingresó al parlamento.
La fiscal general, Ellie Reeves, viajó a Hamburgo al frente de un equipo de seis abogados para enfrentar el reclamo argentino. Antes del inicio de la audiencia, Reeves declaró a The Times que el Reino Unido reconoce la autoridad del tribunal, pero rechaza que tenga competencia para expedirse sobre la disputa de soberanía. Lo principal es que respetamos las leyes internacionales, respetamos al tribunal, pero no creemos que tengan jurisdicción para escuchar un reclamo en torno a la soberanía, señaló la funcionaria. Según la fiscal, la estrategia argentina busca forzar al tribunal a expedirse sobre una materia ajena a su competencia, y sostuvo que lo que la Argentina intenta hacer es utilizar este tribunal para tomar determinaciones para las que no tienen competencia. Esto no es, en absoluto, una cuestión para el tribunal, remató, al tiempo que afirmó tener absoluta claridad en que se trata de territorio soberano británico. Donald Rothwell, profesor de derecho internacional de la Universidad Nacional de Australia, planteó el dilema central del caso: si el Reino Unido tiene soberanía sobre las islas, Sea Lion es legítimo; si vale el reclamo argentino, el Reino Unido viola la Convemar. Rothwell advirtió que el caso puede caer en el primer obstáculo —la jurisdicción— aunque reconoció que el Tribunal no suele interpretarla de manera estrecha. Por su parte, Abhijeet Shrivastava y Constantinos Yiallourides, en un análisis publicado en el blog académico EJIL: Talk, señalaron que la Argentina no cuenta con una opinión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) a su favor que deje de lado la cuestión de soberanía, y que si el TIDM no encontrara jurisdicción prima facie, no dictaría medidas provisionales. Según ese análisis, Buenos Aires probablemente apuesta a la obligación de mantener el statu quo, apoyándose en resoluciones de la ONU.
El complejo entramado procesal y los plazos
El procedimiento presenta una particularidad técnica que define el alcance de las audiencias de esta semana. El Reino Unido eligió a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como foro para la solución de controversias prevista en la Convemar, mientras que la Argentina optó por el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM). Como las elecciones no coinciden, el fondo del caso deberá resolverse mediante un arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención. El TIDM solo puede intervenir para dictar medidas provisionales mientras se constituye ese tribunal arbitral, y ese es el objeto de las audiencias previstas para el 10 y el 11 de noviembre en Hamburgo. Para ordenar esas medidas, el Tribunal debe verificar tres condiciones: que el tribunal arbitral tendría jurisdicción prima facie sobre la controversia, que existe una situación de urgencia y que hay verosimilitud en el derecho invocado, es decir, que los derechos que la Argentina busca proteger estén razonablemente fundados tanto en los hechos como en el derecho. Un especialista en derecho internacional consultado por Infobae precisó que, según el Estatuto y el Reglamento del Tribunal, la decisión sobre las medidas provisionales debería dictarse un mes después de la presentación argentina, plazo que vencería el viernes 13 de noviembre, aunque no se descarta que el Tribunal difiera la resolución hasta el lunes siguiente. Según el cronograma establecido por el presidente del organismo, el juez Maurice Kamga, la delegación argentina expondrá primero, luego será turno de la representación británica, que tomará la palabra de 15 a 18. El miércoles 11, la Argentina tendrá una segunda intervención de 10.30 a 12, y el Reino Unido cerrará el procedimiento de 17.30 a 19.
La Argentina cuenta con una jueza de su nacionalidad entre los 21 integrantes permanentes del Tribunal: Frida María Armas Pfirter, elegida vicepresidenta del organismo en octubre. Sin embargo, se excusó de intervenir en este caso, por lo que el país debió designar a un juez ad hoc. El Reino Unido, que no tiene un juez de su nacionalidad en el Tribunal, adoptó la misma medida. La Argentina eligió a Raúl Vinuesa y el Reino Unido a Vaughan Lowe, quienes juraron el lunes. En tanto, como dato de color, la princesa Ana, hermana del rey Carlos III, partió la noche del 8 de noviembre desde el aeropuerto East Midlands, en Leicestershire, rumbo a las Malvinas, según confirma el Court Circular, el registro oficial de actividades de la Casa Real británica. El documento precisa que viajó acompañada por su esposo, el vicealmirante sir Timothy Laurence, y por la teniente coronel Catherine Skinner, y que llegó al archipiélago el 9 de noviembre, un día antes de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar comenzara a escuchar los argumentos de la Argentina y el Reino Unido en Hamburgo.
Los escenarios posibles
El Gobierno argentino analiza tres escenarios posibles, aunque sostiene que ninguno de ellos implicaría otorgar validez legal a la explotación británica de los recursos en disputa. En el primero, el Tribunal acepta el planteo argentino en su totalidad y ordena al Reino Unido cesar la actividad. Londres ya se comprometió a acatar la eventual orden del TIDM, lo que paralizaría la explotación hidrocarburífera hasta que se constituya el tribunal arbitral de Anexo VII. A partir de ese momento, ese tribunal podrá revisar las medidas provisionales dictadas por el TIDM y confirmarlas, modificarlas o dejarlas sin efecto. El proyecto, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, está ubicado a unas 107 millas náuticas —equivalentes a 198 kilómetros— al norte de las islas, en un bloque de 541 km², y por ahora el inicio de las perforaciones está previsto para enero de 2027. En el segundo escenario, el Tribunal acoge de forma parcial los argumentos de la Argentina y rechaza otros, y el alcance de la decisión dependerá de cada punto sometido a consideración. El tercer escenario es el más improbable: que el Tribunal rechace el planteo argentino por considerar que el futuro tribunal arbitral no tendría jurisdicción prima facie. En ese caso, la Argentina no podría volver a solicitar medidas provisionales ante el TIDM, sino que debería argumentar la jurisdicción del tribunal arbitral directamente ante ese órgano, una vez constituido. Especialistas consultados consideran que este desenlace es altamente improbable, dado que nunca se registró un antecedente similar en la historia de las medidas provisionales ante este tipo de tribunales, y que la presentación argentina fue sólida en ese punto.
