La Fundación Agustina Lerena busca responsabilizar a empresas españolas y a sociedades vinculadas al capital isleño por la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur entre 1989 y 2025, con una pretensión económica que asciende a 26.465 millones de dólares. La jueza federal Mariel Borruto admitió la competencia del juzgado y habilitó el trámite de la acción colectiva, que combina derechos ambientales, intereses económicos y soberanía nacional.
La discusión sobre la explotación pesquera en las aguas próximas a las Islas Malvinas desembarcó en los tribunales federales de Tierra del Fuego. La Justicia Federal de Río Grande aceptó intervenir en una demanda colectiva que procura atribuir responsabilidades a compañías vinculadas con la actividad y conseguir una reparación económica por el aprovechamiento de recursos naturales del Atlántico Sur.
El expediente, identificado como FCR 16446/2026, fue promovido por la Fundación Agustina Lerena y plantea un resarcimiento de hasta 26.465 millones de dólares por las capturas efectuadas entre 1989 y 2025. Esa cifra surge de los cálculos aportados por los demandantes y comprende el valor económico de los recursos extraídos a lo largo de ese extenso período.
La jueza federal Mariel E. Borruto reconoció la competencia del juzgado para tramitar la causa y consideró que la fundación cuenta con legitimación para impulsar una acción colectiva relacionada con la protección del ambiente. De este modo, el planteo quedó encauzado en el fuero federal, un ámbito que otorga particular relevancia institucional a la controversia.
La presentación señala a empresas españolas y a sociedades relacionadas con capitales isleños que desarrollan actividades pesqueras al amparo de licencias otorgadas por la administración británica de Malvinas. Según el planteo, esas operaciones carecen de autorización de las autoridades argentinas y generan consecuencias sobre los recursos naturales y el ecosistema marino.
El reclamo fue impulsado por la entidad que preside el especialista César Augusto Lerena, con el patrocinio del abogado constitucionalista Eduardo Barcesat. También intervino el fiscal federal Marcelo Rapoport, quien se pronunció a favor de admitir la demanda y recomendó adoptar medidas cautelares para impedir la continuidad de las actividades cuestionadas.
Por la complejidad del caso, la magistrada dispuso que el proceso continúe por la vía ordinaria y no mediante un amparo. Esa decisión permitirá producir pruebas, incorporar documentación y analizar las responsabilidades de las compañías involucradas, lo que otorga al trámite un desarrollo más exhaustivo y permite examinar con mayor profundidad los hechos denunciados.
La causa adquiere especial relevancia para Tierra del Fuego, ya que coloca en el ámbito de la Justicia Federal una discusión que entrelaza derechos ambientales, explotación económica y soberanía nacional. El expediente abre una instancia para debatir judicialmente el aprovechamiento de los recursos pesqueros en una de las zonas estratégicas del Atlántico Sur, un espacio marítimo de enorme valor por su biodiversidad y por su importancia geopolítica.
Cabe precisar que el reclamo económico todavía deberá atravesar las distintas etapas del proceso judicial y no implica que exista una condena ni una indemnización reconocida. La admisión de la causa constituye, por ahora, un paso procesal que habilita el debate y la producción de pruebas, sin anticipar el resultado final de la controversia.
