El canciller sostuvo que la polémica por el carguero que unirá Punta Arenas con el archipiélago es «inexistente» y que la embarcación podrá zarpar si solicita la autorización argentina. También respaldó el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, atribuyó a Brasil el retiro de embajadores y cuestionó el arancel externo del Mercosur.
El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, rechazó este miércoles que exista un conflicto diplomático con Chile a raíz del buque que reactivará la conexión entre Punta Arenas y las islas Malvinas, y afirmó que «se ha querido generar una polémica inexistente». En declaraciones, el funcionario explicó que la nave podrá concretar su travesía siempre que solicite el permiso correspondiente a la Argentina y respete el compromiso asumido por el gobierno chileno de no respaldar la explotación de recursos naturales en el archipiélago.
El carguero Danstar tiene previsto zarpar el 17 de diciembre, en lo que significará la reanudación de un vínculo comercial interrumpido desde 2011. El itinerario generó controversia por la autorización que exige Buenos Aires y por la eventual utilización de la carga para abastecer actividades petroleras en las islas. «La relación con Chile es excelente, tenemos un entendimiento sobre el tema», manifestó Quirno durante la feria Argentina Alimenta, realizada en La Rural. Asimismo, recordó que la administración de José Antonio Kast ratificó el apoyo al reclamo argentino y la obligación de no colaborar con la expansión de actividades hidrocarburíferas en el territorio insular.
El canciller precisó que más de 1500 embarcaciones, entre ellas británicas, ya tramitaron permisos bajo el régimen argentino. «El buque que quiere hacer esta ruta comercial, esperemos que pida la autorización, va a poder hacer su viaje normalmente», aseguró. En la apertura del congreso de la Copal, el funcionario destacó el papel de los acuerdos comerciales para la apertura de mercados y respaldó el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, cuyo tratamiento quedó pendiente tras la caída de la sesión de Diputados por falta de quórum, ya que el oficialismo reunió 126 legisladores, tres menos de los necesarios. «El proyecto está mandado y seguiremos intentando», respondió ante la consulta sobre una nueva convocatoria.
Según argumentó, la legislación vigente obliga a sancionar a las compañías que operan en Malvinas y les impide trabajar en la Argentina. «Lo que hace es empujar a las compañías a Malvinas, porque no le dan la opción de poder trabajar en Argentina», recordó. Además, planteó que la reforma otorgaría a esas empresas la posibilidad de optar por inversiones energéticas «legítimas» en el país y solicitó el apoyo del Congreso.
Respecto de Brasil, ante la consulta de este medio, atribuyó el retiro de los embajadores a una «decisión unilateral» del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. «Es potestad de Brasil también analizar la reversión de esa medida», dijo. En ese sentido, Quirno aseguró que los vínculos comerciales, de inversiones, defensa y seguridad continuaron su curso pese al deterioro de la representación diplomática. El funcionario recordó que coincidió este año con el canciller brasileño Mauro Vieira en Atlanta y en la Cumbre Iberoamericana. Consultado sobre un plazo para reponer embajadores, respondió que «esa no es parte de la discusión». «Trataremos con quien ellos quieran», agregó.
En materia comercial, insistió en flexibilizar el Mercosur y cuestionó su arancel externo común. «Es un mundo en el que no nos podemos dar el lujo de tardar 26 años en cerrar un acuerdo», afirmó, en referencia al entendimiento con la Unión Europea. Sostuvo que la Argentina seguirá buscando acuerdos con otros países dentro de los márgenes que admite el bloque. Ubicó en ese marco el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI) con Estados Unidos y las conversaciones con Emiratos Árabes Unidos. Consultado sobre qué quedó incluido en el texto que llegará al Congreso, respondió: «Quedó todo adentro».
Quirno defendió, además, la abstención argentina ante una resolución de la ONU contra la violencia de género, en tanto afirmó que el texto incorporaba «una visión ideológica de la situación» y afectaba la capacidad del país de definir sus leyes. Ante las repreguntas, no identificó una cláusula puntual. «Creo que no es una cuestión específica de una palabra», señaló. Al final del intercambio, el canciller no respondió la consulta sobre cuándo tendría lugar una misión a China encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
