La reforma electoral del oficialismo: el poder del dinero como eje del nuevo sistema

La reforma electoral del oficialismo: el poder del dinero como eje del nuevo sistema

Los borradores que circulan en el Ejecutivo apuntan a flexibilizar la publicidad el mismo día de los comicios y a desmantelar las PASO, en un contexto donde la oposición deberá afrontar costos crecientes mientras el oficialismo reserva recursos para su propia campaña

La sucesión de borradores que emanan del Poder Ejecutivo en materia de reforma electoral no parece responder a un capricho circunstancial. Por el contrario, el espíritu que atraviesa cada una de estas iniciativas —que cambian de un día para otro, como si se tratara de un rompecabezas en permanente reconfiguración— apunta a consolidar un principio inquietante: que el poder del que más recursos económicos posee se haga sentir con fuerza en el proceso electoral. O, dicho de otro modo, que quienes reciben financiamiento de magnates tecnológicos como Elon Musk o de personajes de dudosa procedencia como el condenado Fred Machado —aquel que financiaba al libertario José Luis Espert— encuentren un terreno fértil para desplegar su influencia.

Entre las modificaciones más relevantes que se deslizan en estos borradores aparece la posibilidad de emitir publicidad en redes sociales, internet y medios digitales el mismo día de los comicios. La jornada de reflexión, ese espacio de silencio que permitía a los ciudadanos meditar su voto antes de emitirlo, quedaría así definitivamente clausurada. La pregunta que surge de inmediato es quién podrá hacer uso de esa publicidad. La respuesta no admite demasiadas vueltas: aquellos que tengan mayor acceso a fondos para costearla. El gasto más elevado en todos los sistemas electorales del mundo es, precisamente, el de los avisos publicitarios. Antes, esos avisos corrían por cuenta del Estado, que los financiaba de manera más o menos equitativa entre todas las fuerzas políticas. Ahora, los espacios cedidos se reducen a la mitad y cada partido deberá afrontar la cuenta de la llamada publicidad no tradicional, o tendrá que lidiar con lo que parece inevitable: quien no dispone de dinero queda en una desventaja aún mayor que la que ya padecía.

El oficialismo argumenta, con cierta ligereza, que la televisión ya no reviste la importancia de antaño porque existen las redes sociales. Sin embargo, este razonamiento no hace más que reforzar la misma lógica: se favorece al rico, al que puede contratar espacios en los sitios más visitados, al que puede producir videos de mayor calidad y contratar servicios profesionales más sofisticados.

La encrucijada de las PASO

En el debate público, el acento está puesto en la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. El oficialismo pretende complicar todo lo posible al peronismo y a su interna. Las PASO proporcionaban la estructura, la seguridad y los fondos del Estado para dirimir las candidaturas de los partidos. Hacían todo más sencillo y, fundamentalmente, menos oneroso.

Las PASO no eran una norma improvisada. La Constitución Nacional, en su artículo 38, establece con claridad que los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. Y agrega, a continuación, que el Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y a la capacitación de sus dirigentes. Es cierto que las PASO implicaron desvíos corregibles, como la obligatoriedad en fuerzas que no tenían competencia alguna. Pero lo que se buscaba era una legitimación popular de las candidaturas, con el respaldo del Estado, su organización y sus fondos.

Más allá de la normativa, ni el peronismo ni las demás fuerzas deberían temerle a las internas partidarias, que fueron una práctica casi habitual durante muchos años. El choque más trascendente fue aquel protagonizado por Carlos Menem y Antonio Cafiero, y luego por Luis Zamora frente a Néstor Vicente, o José Octavio Bordón contra Chacho Álvarez, o De la Rúa frente a Graciela Fernández Meijide. Suele decirse, con razón, que quien no puede hacer una interna tampoco está capacitado para gobernar.

De todas maneras, la intencionalidad del proyecto es, en primer lugar, complicar todo lo posible al peronismo y, nuevamente, potenciar al que tiene más dinero para publicidad, movilización, colectivos y redes. En la propia Cámara Nacional Electoral admiten que las internas son caras por la logística que requieren, la seguridad y los fondos necesarios para publicitar a cada uno de los candidatos.

La postal que se hace el gobierno es la de un Javier Milei como único candidato de derecha, guardando los fondos para su campaña presidencial, mientras el peronismo es obligado a hacer un esfuerzo económico y de movilización para elegir su candidato a la Casa Rosada. Sin embargo, hay un tema que repiten los especialistas en campañas electorales: las internas son muchas veces una magnífica forma de instalar y propagandizar un candidato.

Los requisitos para ser candidato y la Boleta Única de Papel

La cuestión de los requisitos para presentar a un candidato a presidente y vicepresidente cobra mayor importancia porque ya no están las PASO como filtro. En 2023, antes de las PASO se presentaron 27 fórmulas presidenciales y apenas cinco compitieron en la elección presidencial. Ahora se agrega además la Boleta Única de Papel, que con 27 candidatos a la Casa Rosada, más toda la tira de diputados y senadores, se convierte en una sábana inmanejable para un ciudadano común.

Pese a varios amagues, el dictamen que parecería va a votarse no modifica los requisitos para presentar un candidato presidencial: inscribir un partido con el cuatro por mil del padrón de cada distrito, hasta un máximo de un millón de ciudadanos por ese distrito. Esto significa que en las provincias más populosas solo se requieren cuatro mil avales. El otro requisito es que el partido que presente el candidato esté legalizado en cinco distritos. Si el candidato X a presidente recurre a legalizarse en las provincias con menos votantes, con presentar en total unos cinco mil avales, logra la candidatura. El problema, dicen en la Cámara Nacional Electoral, es que con el requisito únicamente del DNI que figura en el dictamen aparecen personas fallecidas, de 110 años, afiliados a otros partidos y ciudadanos que ni se enteran de que usaron su identidad.

Como ya anticipó Página/12, en la CNE consideran que el Poder Ejecutivo le tiene que dar una copia en espejo al organismo rector de elecciones del padrón biométrico para realmente certificar una identidad. Es una tecnología barata, que ya usa Migraciones, y que corresponde a que sirva en las elecciones. Pero no puede quedar la autenticidad en manos del Registro Nacional de las Personas, que es un organismo del Ejecutivo. O sea, no puede manejar el padrón el mismo poder que integra el candidato oficialista.

La Ficha Limpia y la lógica del lawfare

El reclamo del PRO de imponer la llamada Ficha Limpia obedece a una lógica muy simple: el macrismo y la alianza mediática-judicial-empresaria, el poder del dinero, controla buena parte de la justicia y, en última instancia, dictamina quién puede ser candidato y quién no.

La situación de Cristina Kirchner lo demuestra a las claras. Si en la causa Vialidad la defensa objetó que el fiscal y un juez del Tribunal Oral jugaban al fútbol en la quinta de Mauricio Macri, la impugnación se rechaza. Si la Cámara de Casación —la condena en segunda instancia es la que saca de competencia— está integrada por un magistrado que iba a jugar al paddle con Macri y otro que lo visitaba en secreto, queda sellada la descalificación electoral. Si un Tribunal Oral absolvió a todos los acusados en la causa Hotesur-Los Sauces, los mismos jueces de Casación voltearon la resolución, anulan la absolución y ordenan un nuevo juicio. En cambio, si dos magistrados dicen que hay que reabrir la causa Libra, que involucra a Milei, empiezan las recusaciones contra esos jueces y funciona el mecanismo implacable: condenas y fichas limpias para opositores, siga-siga para oficialistas. La mecánica es groseramente tramposa en épocas de lawfare.

Un gobierno que busca un «ayudín» para reelegir

Todo indica que el gobierno decidió que necesita un «ayudín» para reelegir. Transita por los números más bajos de aprobación y por los peores indicadores económicos de su gestión. Requiere cambiar —urgentemente— el reglamento del match. Tal vez haya tomado nota de los últimos cinco naufragios de sus aliados de ultraderecha: Trump en Estados Unidos, Netanyahu en Israel, Bolsonaro en Brasil, Orban en Hungría y Vucic en Serbia.

Aun así, nada está escrito. La oposición tendrá que batallar y, si logra una interna impactante, tendrá las mayores chances. Aunque el cambio de reglamento beneficie a los megaricos, a los respaldados por Peter Thiel o Elon Musk, y hasta a los que recogen fondos de riquezas de origen todavía más dudoso, el desenlace electoral dista de estar definido. La disputa por el reglamento del juego democrático es, en definitiva, la disputa por el poder mismo.

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