El máximo tribunal declaró inconstitucionales dos artículos del decreto 70/2023 que habían quitado al Ministerio de Salud la facultad de revisar y autorizar las subas de las cuotas. La sentencia, que confirma parcialmente un fallo de la Cámara Federal de La Plata, ordena que la Superintendencia de Servicios de Salud retome sus funciones de fiscalización, aunque no fija un tope automático por inflación ni dispone una rebaja general de los importes ya cobrados.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación asestó un golpe certero a uno de los pilares de la desregulación del sistema de salud impulsada por el Gobierno de Javier Milei. El tribunal declaró inconstitucionales los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023, las normas que habían suprimido las atribuciones estatales para examinar y aprobar los incrementos en las cuotas de las empresas de medicina prepaga. La sentencia, dictada el 19 de noviembre en el expediente «Bobbio, María del Carmen c/ Swiss Medical SA y otro s/ amparo ley 16.986», representa un antecedente de peso para los reclamos de miles de afiliados, aunque su texto no establece un cronograma de aplicación general ni resuelve de manera automática las causas de quienes no participaron del amparo.
El fallo confirma parcialmente la resolución de la Cámara Federal de La Plata y devuelve el expediente para que se dicte un nuevo pronunciamiento. El corazón de la decisión reside en que, al caer los artículos cuestionados, la autoridad de aplicación debe reasumir las funciones que le asignaba la ley 26.682. Antes de la modificación dispuesta por el Poder Ejecutivo, esa norma facultaba al Estado a revisar los valores de las cuotas y sus modificaciones, le encomendaba fiscalizar su razonabilidad y le exigía autorizar los aumentos fundados en variaciones de costos y en un cálculo actuarial razonable de riesgos. El artículo 267 del decreto había derogado la primera de esas atribuciones y el 269 había sustituido la disposición que regulaba la segunda. La Corte identificó al Ministerio de Salud, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, como la autoridad de aplicación llamada a recuperar esas potestades, y aclaró que su resolución no implica pronunciarse sobre los demás aspectos del DNU, que podrán ser analizados en otros casos concretos.
El origen del conflicto se remonta a la presentación de María del Carmen Bobbio, una afiliada de Swiss Medical, quien denunció que su plan SM02 había pasado de costar 136.161,21 pesos en diciembre de 2023 a 301.218,02 pesos en febrero de 2024, una suba del 110 por ciento. Bobbio solicitó que se dejaran sin efecto los incrementos aplicados después de la entrada en vigencia del DNU. Tras el rechazo inicial del amparo, la Sala II de la Cámara Federal de La Plata había declarado inconstitucionales los dos artículos y había ordenado limitar los aumentos al Índice de Precios al Consumidor, además de disponer que la autoridad de aplicación retomara sus funciones y determinara el valor de la cuota conforme a los criterios de esa sentencia. Tanto Swiss Medical como el Estado nacional apelaron ante el máximo tribunal.
Un fallo sin tope automático ni devolución general
Uno de los puntos que la Corte revocó fue precisamente el límite de aumentos atado al IPC que la Cámara había fijado para el caso. La decisión del máximo tribunal no establece un nuevo porcentaje de aumento ni consagra un tope general automático igual a la inflación. Por el contrario, vincula el control de las cuotas con las atribuciones de la autoridad de aplicación previstas en la ley. En consecuencia, el fallo no dispone por sí mismo una rebaja inmediata de todas las cuotas ni una devolución general de los importes ya pagados, y tampoco precisa una fecha o un procedimiento general para aplicar el control a todas las empresas. La implementación y el tratamiento de los aumentos ya comunicados deberán ser aclarados por la autoridad de aplicación.
En ese sentido, la sentencia menciona un acuerdo homologado en otro expediente por devoluciones correspondientes al período entre enero y mayo de 2024, pero aclara que ese convenio era temporalmente limitado y no satisfacía el reclamo de Bobbio, por lo que no debe confundirse con una nueva devolución general ordenada en este fallo. Cabe recordar que, en una cobertura anterior, El Destape había informado que las empresas habían anunciado subas de hasta 2,95 por ciento para noviembre, anuncios que precedieron a la sentencia y que no permiten concluir qué sucederá con cada cuota después de su dictado.
Los fundamentos del cuestionamiento al DNU
El tribunal sostuvo que los considerandos del decreto no aportaron una justificación mínima de las circunstancias excepcionales que motivaron los cambios en la ley de medicina prepaga. Señaló que invocar una crisis del sistema de salud y la intención de aumentar la competitividad no demostraba, por sí solo, una urgencia incompatible con el trámite normal de una ley. En el considerando 9, los jueces afirmaron que el DNU no mostró «una relación concreta entre la emergencia económica y social esgrimida por el Poder Ejecutivo y la necesidad de suprimir las facultades de control de la autoridad de aplicación».
La discusión se produce en un contexto de aumentos sostenidos en los planes de salud. El Destape ya había analizado el impacto de la desregulación y la pérdida de cobertura médica, y había explicado qué cambios se debatían ante una eventual derogación del DNU. Esa discusión legislativa es distinta de la sentencia dictada en el caso Bobbio, que ahora deja en manos del Ministerio de Salud la responsabilidad de volver a ejercer el control sobre las cuotas de las prepagas y de definir cómo se aplicará ese mecanismo en un universo de afiliados que excede ampliamente a la demandante.
