La ausencia de tres legisladores dejó sin quórum la sesión convocada para tratar la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, la reforma del Banco Central y otros temas clave, en medio de tensiones por el Consejo de la Magistratura, la ley de biocombustibles y la reforma política.
La Cámara de Diputados vivió una jornada de frustración cuando, transcurridos los treinta minutos reglamentarios posteriores al horario de convocatoria, el presidente del cuerpo, Martín Menem, debió declarar el fracaso de la sesión ante la imposibilidad de reunir el quórum necesario. La falta de tres legisladores para alcanzar los 129 requeridos impidió que se abriera el debate sobre un temario que incluía la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional impulsada por Santiago Caputo, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la aprobación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio, y el traspaso de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires.
Las ausencias provinieron de diversos espacios aliados al oficialismo. Bloques provinciales como el MID y Provincias Unidas no aportaron sus bancas, lo que despertó sospechas sobre las verdaderas razones del fracaso. Desde el interbloque que conduce la santafesina Gisela Scaglia señalaron que las negociaciones por los lugares en el Consejo de la Magistratura y la trabada discusión en torno a la Ley de Biocombustibles generaron dificultades que terminaron por inclinar la balanza hacia la ausencia. En tanto, los argumentos esgrimidos por el MID resultaron más difusos: pareciera que ese espacio quedó relegado de las tratativas vinculadas al proyecto de reforma política, aunque el tema aún no se esté trabajando formalmente en la Cámara baja.
La disputa por la representación en el Consejo de la Magistratura constituye uno de los ejes centrales del conflicto. El bloque de Provincias Unidas y el PRO compiten por un mismo lugar en el organismo que selecciona y remueve jueces. Desde el espacio que lidera la santafesina Scaglia impulsan la candidatura del diputado cordobés Brügge, mientras que desde el PRO pretenden imponer a Florencia De Sensi, legisladora de estrechísima cercanía con Cristian Ritondo. Como alternativa intermedia se evaluó la posibilidad de respaldar nuevamente a Álvaro González, hombre del sector de Rodríguez Larreta, quien se encontraba negociando su continuidad en el organismo con ambas fuerzas. La definición debería producirse en las próximas horas y todo indica que el presidente de la Cámara se inclinaría por favorecer al PRO, pese a que Provincias Unidas cuenta con mayor cantidad de integrantes que la bancada amarilla. Esa perspectiva explicaría la anticipación de ese espacio al manifestar su descontento mediante las ausencias en la sesión.
Desde el PRO sostienen que Provincias Unidas es un interbloque consolidado en el Congreso cuyos miembros no pertenecen a una misma fuerza política ni votan de manera homogénea, y se amparan en el precedente de la Corte Suprema en la disputa entre Luis Juez y Martín Doñate por la integración del Consejo. Aquel conflicto giró en torno a la banca de representación de la segunda minoría del Senado para el período 2022-2026, luego de que el bloque del Frente de Todos se dividiera en la Cámara alta para reclamar un lugar adicional. Cabe recordar que el Congreso aporta ocho legisladores nacionales a la integración del Consejo de la Magistratura, distribuidos en cuatro representantes por el Senado y cuatro por Diputados. Conforme al artículo 2.º, inciso 3, de la Ley N.º 24.937, los presidentes de cada Cámara designan a los consejeros a propuesta de los bloques parlamentarios siguiendo una distribución estricta: dos representantes al bloque con mayor representación, uno a la primera minoría y otro a la segunda minoría. El mandato de los consejeros venció ayer miércoles a las cero horas, y Martín Menem deberá informar en los próximos días quiénes serán los reemplazantes. Su decisión dejará heridos, y las consecuencias ya comenzaron a notarse.
Las disconformidades con el oficialismo no se agotan en la disputa por los lugares clave del Consejo de la Magistratura. Existen críticas provenientes de todos los sectores respecto de cómo se está trabajando el presupuesto 2027, y la ley de biocombustibles constituye otro factor que pudo haber alterado la paciencia de algunos aliados. El proyecto que propone nuevos cortes para el bioetanol en las naftas y para el biodiesel en el gasoil cuenta con media sanción de la Cámara alta, pero se encuentra trabado por el choque de intereses entre las pequeñas y medianas empresas productoras de biodiesel y las grandes aceiteras. El texto aprobado por el Senado perjudica a las firmas productoras de menor tamaño, especialmente a las de Buenos Aires, La Pampa y San Luis, mientras que las provincias más entusiastas con la sanción de la ley son Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Salta y Jujuy. Ritondo encabeza el reclamo por modificaciones al proyecto para beneficiar a las Pymes, pero al mismo tiempo transmite el mensaje de algunas de las empresas aceiteras más importantes del sector, que también pretenden cambios en la norma en busca de un mayor corte.
La reforma política, que se discute en el Senado, parece haber sido otro argumento utilizado por algunos legisladores para no aportar el quórum. Desde el MID explicaron que quieren «poner todo en la mesa de discusión» y que «hay que parar la pelota», pues el debate que se lleva adelante en la Cámara alta, con participación del diputado libertario Nicolás Mayoraz, dejó a varios aliados fuera de las conversaciones. «Queremos saber antes de que venga cocinado del Senado, queremos discutir ahora», señalaron desde ese bloque. Otro legislador que explicó su ausencia fue el catamarqueño Sebastián Noblega, quien sostuvo que la soberanía sobre Malvinas no está en discusión y que merece una ley propia, y no un proyecto que además reforma defensa, seguridad e inteligencia, temas que conviene debatir por separado. Por esa razón, argumentó, decidieron no dar quórum al texto tal como estaba redactado.
Resulta imposible soslayar que esta sesión frustrada tenía entre sus principales temas el proyecto ideado por el asesor predilecto de Javier Milei, Santiago Caputo. El referente de las Fuerzas del Cielo mantiene una tensa relación con la hermana del presidente, «Lule» Menem, y con el propio Martín Menem. Desde el peronismo analizan en voz baja que la verdadera causa del fracaso de la sesión es la propia interna libertaria, y aseguran que no existían verdaderas intenciones por parte del riojano de otorgar media sanción al proyecto del monotributista Caputo. Sostienen que desde el karinismo no hay intenciones de concederle más poder a la SIDE, y que Sebastián Pareja, diputado y armador bonaerense, mantendría esa postura. Pareja, quien preside la bicameral de Inteligencia, habilitó semanas atrás un pedido de informes contra el titular de la SIDE, Cristian Auguadra, por las gestiones del gobierno argentino para facilitar la fuga de Flavio Bolsonaro de Brasil tras la victoria de Lula Da Silva.
El fracaso de la sesión deja al descubierto una trama de acuerdos incumplidos, disputas por espacios de poder y tensiones internas que exceden largamente el temario formal de la convocatoria. La pregunta que sobrevuela en los pasillos del Congreso es si Martín Menem podrá recomponer las relaciones con los aliados antes de que las heridas se profundicen, o si el oficialismo deberá enfrentar un escenario de creciente aislamiento legislativo.
