El Congreso sancionó por unanimidad la Ley de Fortalecimiento de la Discapacidad, pero el sector advierte que sin presupuesto será “letra muerta”

El Congreso sancionó por unanimidad la Ley de Fortalecimiento de la Discapacidad, pero el sector advierte que sin presupuesto será “letra muerta”

La norma, impulsada por la presión de las familias y las organizaciones, fue aprobada con el voto de los 71 senadores presentes. La oposición celebró la sanción pero cuestionó la hostilidad del Gobierno hacia el colectivo y exigió que las partidas figuren en el Presupuesto 2027.

La persistencia de las familias, el empuje de las organizaciones sociales y la movilización popular lograron lo que parecía esquivo: el Senado aprobó por unanimidad la nueva Ley de Fortalecimiento de la Discapacidad, un instrumento que busca consolidar como régimen permanente las medidas que hasta ahora dependían de la emergencia vigente, con vencimiento en diciembre. La votación, que contó con el respaldo de los 71 legisladores presentes en la Cámara alta, estuvo atravesada por un clima de reconocimiento a la lucha del colectivo, pero también por la desconfianza hacia un Poder Ejecutivo que, según denunciaron desde diversos bloques, mantuvo una actitud hostil hacia uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.

El texto sancionado representa una conquista largamente postergada. No obstante, las propias organizaciones que nuclean a las personas con discapacidad se encargaron de poner el acento en el aspecto más frágil de la norma: su financiamiento. Desde la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) festejaron la aprobación, aunque lanzaron una advertencia contundente. “Esta ley sin presupuesto no se sostiene. Sin las partidas necesarias, esta ley es letra muerta”, sostuvieron, al tiempo que exigieron que el Presupuesto 2027 contemple los recursos indispensables para garantizar su implementación efectiva. La preocupación no es menor: la semana próxima, la Cámara de Diputados tiene previsto debatir en el recinto el dictamen de presupuesto, y las partidas para discapacidad serían las únicas en las que el Ejecutivo habría cedido.

La jornada legislativa estuvo marcada por el eco de las palabras del papa León XIV, quien durante su visita al Cottolengo Don Orione afirmó que “el progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales”. Los senadores se hicieron eco de esa frase en el recinto, y la oposición la utilizó para contrastar con la conducta del Gobierno de Javier Milei. “Desde que asumió el gobierno, las personas con discapacidad están desprotegidas”, afirmó la senadora catamarqueña Lucía Corpacci, quien además aclaró al oficialismo que el proyecto sancionado “no es del Ejecutivo”. En la misma sintonía, la tucumana Beatriz Ávila repasó las etapas de la ley de emergencia y sentenció que “la discapacidad no puede ser variable de ajuste”.

Las críticas más duras provinieron del bloque Justicialista. Juliana Di Tullio señaló el desinterés constante del Poder Ejecutivo por uno de los sectores más sensibles de la sociedad y apuntó directamente contra el presidente: “Lo único que le interesa a Milei es su reelección. Yo creo que ni el Papa les puede hacer ese milagro”, cuestionó la senadora bonaerense, al recordar los mensajes que el primer mandatario dedicó en sus redes sociales para insultar a un niño con autismo. De esa manera, acusó al oficialismo de sostener un “discurso perverso” y marcó las contradicciones y crueldades del Gobierno con el colectivo de discapacidad.

Los principales opositores rememoraron que el primer veto de Javier Milei, el 4 de agosto de 2025, arrasó con la totalidad de la Ley de Emergencia sancionada el 10 de julio para atender las necesidades más urgentes del sector. Aunque el Congreso rechazó ese veto con dos tercios de sus votos, el pronunciamiento del Poder Legislativo poco valió: la Casa Rosada encontró un vericueto para no aplicar la ley e introdujo una condición para su ejecución, exigiendo que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento. Más tarde intervino la Justicia, que entendió que el Estado no podía justificar su inacción en la cuestión presupuestaria. Recién el 4 de febrero el Gobierno terminó de reglamentar la ley 27.793, pero desde el colectivo se denunció su falta de aplicación, lo que también terminó en una denuncia judicial. En ese ínterin, el Gobierno reprimía y gaseaba a las familias y a las organizaciones que reclamaban en las puertas del Congreso los derechos para las personas con discapacidad.

Los legisladores también detallaron que la oposición comenzó a presionar por prorrogar la Ley de Emergencia que el Gobierno, a regañadientes, había empezado a cumplir ahora a instancias de la Justicia. La movilización popular y la lucha de las familias fueron clave para imponer el tratamiento del tema. El anuncio de la visita del papa León XIV al Cottolengo, perjudicado por la falta de financiamiento al sector, acabó por poner en alerta al Ejecutivo. Fue entonces cuando un sector de los libertarios, en coordinación con Patricia Bullrich y Martín Menem, empezó a trabajar en “una ley superadora” que al principio no tenía la más mínima forma. Finalmente, decidieron copiar los principales puntos de la Ley de Emergencia que pedía prorrogar la oposición. Mientras se ajustaba el texto, apareció una jugada del asesor Santiago Caputo en el Presupuesto 2027: el capítulo VI iba en sentido contrario a lo que el bloque violeta trabajaba en Diputados y proponía cambios profundos en derechos reconocidos por las leyes 27.793 y 24.901.

Para salir del brete, Menem puso al aliado, el diputado Oscar Herrera Ahuad, a recolectar los pedidos de las organizaciones, aunque fue uno de los que les negó a las propias personas con discapacidad la participación en el debate en el plenario de comisiones. El misionero recogió algunas de las solicitudes de los sectores para poder avanzar en un texto de consenso y conseguir en aquel momento la media sanción antes de que el Papa llegara al país. La propia Karina Milei se presentó en la Cámara de Diputados para darle respaldo a la norma, que ahora logró la sanción definitiva en el Senado.

Patricia Bullrich hizo un análisis diferente de lo ocurrido al defender la propuesta. Buscó hacer pie en que la ley de Fortalecimiento de la Discapacidad “genera transparencia y previsibilidad en las familias”. Para la libertaria, la ley de emergencia no lo hacía, y uno de sus argumentos en contra de la norma vigente es que en 2025 “se dio a los gritos”. Sobre la iniciativa ahora sancionada, resaltó que “dice de dónde va a salir cada peso” y puso el foco en las auditorías: “Esta ley controla en serio”, dijo la exministra de Seguridad. Los opositores habían apuntado fuerte a las bajas de pensiones que hizo el Gobierno. “Ponen en tela de juicio que una persona con discapacidad tiene una discapacidad. No es de buen argentino lo que hacen”, afirmaba Di Tullio al cuestionar el salvaje sistema de revisiones que llevaron adelante.

Desde la oposición persisten las dudas sobre lo que pueda hacer el Gobierno. “Hay que ver si cumplen”, dijo el senador camporista Eduardo De Pedro, y arremetió contra el oficialismo al marcar que “uno escucha un desprecio permanente hacia las personas con discapacidad por parte del presidente”. El rionegrino Martín Soria, en el mismo sentido, marcó las contradicciones del Ejecutivo: “Este repentino interés no debe engañarnos”, dijo el peronista, y apuntó contra el presupuesto 2027 del Gobierno. A esto respondió Patricia Bullrich con la intención de mostrar alguna certeza: “Los acuerdos se tienen que honrar”, sostuvo la libertaria.

Desde el colectivo de discapacidad festejan la sanción de la ley, pero alertan sobre lo que pueda pasar con el presupuesto. “Esta ley sin presupuesto no se sostiene. Si el jueves no pasa nada, esta ley es letra muerta”, dijo a Página/12 Ana Dones, integrante de REDI. La semana que viene, la Cámara de Diputados tiene previsto que el dictamen de presupuesto sea debatido en el recinto. Las partidas para discapacidad serían las únicas en las que el Ejecutivo habría cedido. Desde REDI también destacaron la lucha de las familias y de los prestadores para poder lograr la ley, que aclaran que no es una norma que contempla todos los pedidos ni las necesidades que pretende el sector. “No es la ley que queremos”, dijo la histórica referente, Ana María Dones.

En diálogo con este diario, la actriz Valentina Bassi analizó que el oficialismo “pegó un volantazo importante”, y aclaró que la tiene sin cuidado, como lo argumentaron desde el Gobierno. “Lo que importa es que están hablando de nuestras demandas y nuestros derechos. Lo que quiere decir que tuvo fuerza nuestro reclamo”. A su vez, advirtió que “la ley no va a dar estabilidad si no la cumple el ejecutivo”, y volvió sobre los padecimientos que sufren las personas con discapacidad y los prestadores de salud. “Seguimos en emergencia, los prestadores están endeudados hasta la coronilla”, ejemplificó.

Desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad celebraron la conquista. “Es resultado de la lucha sostenida de las personas con discapacidad, sus familias, los prestadores, trabajadores y organizaciones de todo el país”, indicaron. “Ahora es fundamental que el Presupuesto 2027 contemple las partidas necesarias para garantizar la implementación efectiva de la ley”, agregaron. La lucha continúa.

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