Créditos UVA: Sin solución política, los damnificados acuden a la justicia amparados en la imprevisión y la excesiva onerosidad sobreviniente

Créditos UVA: Sin solución política, los damnificados acuden a la justicia amparados en la imprevisión y la excesiva onerosidad sobreviniente

Luego de la audiencia conciliatoria entre la primera tanda de 50 demandantes de créditos UVA y el BTF, realizada en el edificio del poder Judicial en el ex campamento YPF, el Dr. Cristian Rubio comentó por FM La Isla lo sucedido y señaló que los damnificados están en condiciones de alegar imprevisión y excesiva onerosidad sobreviniente, ya que en algunos casos, pese a haber pagado en tiempo y forma, deben más del triple del crédito tomado. El juez Horacio Boccardo ordenó al banco analizar individualmente los créditos.

En ese sentido, Rubio señaló que se trató de la audiencia de rito que prevé el ordenamiento para los expedientes civiles previo a la apertura de la causa a prueba y aunque señaló que no hubo una propuesta concreta del banco se abrió un plazo de 20 días para el análisis de cada caso en particular. No obstante, el abogado dijo que desde el banco “fueron muy claros y enfáticos en señalar que independientemente de la voluntad y de trabaja en matemática, están sujetos a la normativa nacional del BCRA y por lo tanto no pueden apartarse de ello, deberían tener alguna instrucción del Banco Central para poder apartarse”, al tiempo que sostuvo que si bien ha habido algún trascendido, no le consta al letrado ni a los clientes que el BTF haya generado alguna gestión ante al, BCRA para tratar este tema.

“Lo positivo es que se estableció un paso de 20 días para la revisión individual de cada caso, independientemente del curso del proceso, pero al ordenar la justicia este plazo, en el caso de que no se llegue a ningún acuerdo el banco deberá elevar un informe informando las razones por las que nos e pudo materializar ningún acuerdo”, dijo Rubio y destacó que los 56 damnificados de Río Grande se mostraron conformes con este avance.

“Estamos convencidos que los clientes tienen razón y tiene derecho a revisar estos contratos”, respecto de las gestiones de carácter político que tiene lugar paralelamente al reclamo judicial. En ese sentido, el letrado sostuvo que está vigente la prohibición de indexar deudas de dinero establecida por la ley de convertibilidad 23.928, modificada en el 2002. “Ya tenemos antecedentes de estas situaciones, tenemos las herramientas legislativas, hay un proceso específico que es el de revisión de contratos que está previsto para rever las prestaciones que la partes hubieran asumido en un contrato de larga duración, de ejecución continuada, cuando las prestaciones a cargo de uno se tornan excesivamente onerosas o tornan imposible el cumplimiento del contrato. Entonces, ante esta realidad de la falta de resolución a nivel político nacional, porque no hay una ley nacional que solucione esta solución, a la gente no le quedó otra vía que acudir a la justicia y pedir la revisión de estos contratos al amparo de la teoría de la imprevisión”, dijo y agregó “cuando se lanzaron estos créditos se hablaba de una inflación de dos dígitos reduciéndose a uno y hoy estamos en tres, es imposible que los salarios acompañen el aumento desmedido que tienen estos créditos”.

Vale destacar que el pago de la cuota es forzoso, porque se da por descuento de haberes y en algunos casos representa el 100%. Además, Rubio dijo que quienes afirman que “la morosidad es baja, la gente puede pagar”  incurren en una falacia. “Encierra una mentira, la gente paga porque el descuento es automático y total”, detalló.

Asimismo, destacó que si bien hay un mecanismo mediante el cual, en el caso de que el contrato superará el 35% del haber, los saldos restantes se posponen para el final del contrato. “Es impagable”, enfatizó Rubio, graficando que el acumulado al final hace que la deuda sea eterna.

Para dar un ejemplo rubio expuso que hubo personas que “recibieron un importe de 3 millones de pesos que representaba 22 ingresos para ellos. Han pagado durante 4 años y dos meses. Hoy están en la situación de que la cuota pasó de afectar el 13% de sus ingresos al 52% de sus ingresos familiares, más de la mitad y a esto se agrega que, pese a haber pagado puntualmente todas las cuotas, al día de hoy deben 72 ingresos” y agregó “lo que termina de cerrar la idea de la excesiva onerosidad es que si hoy vendieras la propiedad no cancela el saldo de la deuda, pese a haber pagado las cuotas”.

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