El Gobierno puso en revisión 141 registros de todo el país que ya estaban intervenidos, pero hay más de 1500. En las últimas horas se dispuso una tanda de fiscalizaciones digitales en 25 de ellos. Cómo seguirá el operativo y qué pasará con los concursos sospechados. También están en la mira los últimos nombramientos en la Dirección Nacional
“Un Registro tiene 4 empleados e informó $215.000 de artículos de librería en apenas un mes”. Es solo un ejemplo, casi anecdótico, de un sistema que necesita más controles y una revisión profunda de sus números. Tras el DNU y sus promesas sobre la digitalización, el gobierno de Javier Milei puso en revisión un total de 141 registros que ya estaban intervenidos. Se revisarán sus cuentas y luego se decidirá el futuro de cada interventor. “Si son honestos, no van a tener problemas”, advierte un funcionario. Eso es solo el primer paso: el plan apunta a auditar todos los registros intervenidos. En una segunda etapa, también se examinarían los últimos concursos y las designaciones más recientes.
“Un Registro tiene 4 empleados e informó $215.000 de artículos de librería en apenas un mes”. Es solo un ejemplo, casi anecdótico, de un sistema que necesita más controles y una revisión profunda de sus números. Tras el DNU y sus promesas sobre la digitalización, el gobierno de Javier Milei puso en revisión un total de 141 registros que ya estaban intervenidos. Se revisarán sus cuentas y luego se decidirá el futuro de cada interventor. “Si son honestos, no van a tener problemas”, advierte un funcionario. Eso es solo el primer paso: el plan apunta a auditar todos los registros intervenidos. En una segunda etapa, también se examinarían los últimos concursos y las designaciones más recientes.
Ese universo de los registros fue el primer objetivo del gobierno de Milei. El viernes pasado, el subsecretario de Asuntos Registrales, Carlos Medina, firmó una resolución y puso en revisión 141 registros que ya estaban intervenidos. En ese listado hay 42 registros de la provincia de Buenos Aires, 13 de la Ciudad de Buenos Aires, 10 de Córdoba, 10 de Entre Ríos, 6 de Chaco, entre otros.
“Se encuentran en condición de ser revocados o en su caso nombrar nuevos interventores”, detalla la nota que puso en marcha el proceso. En principio, se utilizarán auditores externos para que no haya vínculos con el mundo registral. Esos auditores revisarán los gastos de cada uno de los registros. Eso incluye desde sueldos hasta alquileres, servicios como luz, gas, agua, insumos de librería, documentación e impuestos. “Queremos ver dónde está la fuga, no hay una caza de brujas”, aclara un funcionario
