¿Estamos dispuestos a ser RIGI-landia?

Ing. Agustín Borthiry

Llama mucho la atención todo el énfasis que se puso en Tierra del Fuego cuando la Cámara de Diputados aprobó el Artículo Nº 111 en el llamado paquete fiscal, artículo agregado por el Diputado Massot, del bloque de preside el Diputado Miguel Angel Pichetto, pues fijaba las bases para una eventual modificación de nuestro régimen de promoción, en perjuicio de nuestra Provincia.

Y digo, llama la atención, ya que, me parece, que no se puso el mismo énfasis en repudiar los artículos de la Ley de Bases, que implementan el sistema del RIGI (Régimen de Inversiones para Grandes Inversores), que es infinitamente peor que el famoso Artículo Nº 111, ya que pone en real peligro a TODO el sistema económico de nuestra Patria, incluida Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur.

Tal vez se agregó el Artículo Nº 111 como un distractivo, mientras la parte troncal de la Ley de Bases no era tocado ni comentado por la opinión pública.

Me parece muy bien que se haya criticado la inclusión del artículo Nº 111 en el paquete fiscal, pero entiendo que el sistema del RIGI no solamente compromete el futuro de nuestra Argentina, sino también el futuro de nuestra promoción industrial, con consecuencias que pueden ser irreversibles.

¿Qué es el RIGI?

El RIGI, que es corazón de la Ley de Bases, es un sistema que se implementa para nuevas inversiones de más de 200 millones de dólares, que tiene algunas características como las siguientes:

• No discrimina sectores ni origen de los capitales, pero estipula algunos de los siguientes sectores, agroindustria, Infraestructura, Forestal, Minería, Gas y Petróleo, Energía, Tecnología.
• Puede motorizar inversiones extranjeras y nacionales
• Tendrá estabilidad fiscal por 30 años
• El plan de inversión podrá ser modificado
• Tendrá beneficios fiscales y aduaneros, exenciones impositivas y libre disponibilidad de divisas durante los 30 años.
• No pagarán derechos de exportación.
• Tendrán libertad para importación de bienes de consumo, insumos y bienes de capital.
• No tiene obligaciones de realizar transferencia de tecnología
• No serán alcanzadas por ningún otro impuesto municipal, provincial ni nacional.
• Las empresas no tendrán la obligación de efectuar las liquidaciones en el mercado de cambios, es decir, libre disponibilidad de divisas.
• Tendrán plena disponibilidad sobre los productos resultantes del proyecto, sin obligación de proveer al mercado interno. Ninguna restricción para exportar.
• Sus activos e inversiones no serán objeto de expropiación por ninguna autoridad argentina.
• Tendrán derecho a pagar utilidades, dividendos e intereses mediante acceso al mercado de cambios sin restricción alguna.
• Tendrá estabilidad normativa en materia cambiaria durante los 30 años de duración de los contratos.
• Para inversiones mayores a 1000 millones de dólares, los beneficios serán aún mayores.

La estabilidad de todas estas inversiones está sujeta a un sistema de arbitraje, a elección de las empresas, entre la Justicia Nacional o el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, es decir, el reglamento de arbitraje del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones).

Breve historia del CIADI

El CIADI fue creado en el año 1965, como una institución del Banco Mundial, que entró en vigor en el año 1966 con su ratificación por 20 países.

Argentina aceptó la competencia, mediante la firma del Convenio CIADI en el año 1991, y luego el Congreso de la Nación en el año 1994, a través de la Ley Nº 24353, promulgada el 22 de agosto de ese año, aprobó ese convenio. A través de la reforma constitucional del año 1994, y la elevación a rango constitucional de los convenios internacionales, se le dio al CIADI un estatus superior por sobre las decisiones del Poder Judicial Argentino.

Además las decisiones que toma el CIADI, ante controversias, son inapelables, motivo por el cual han sido muchas las críticas que ha recibido, por la conformación de sus tribunales y por la característica  de sus fallos (casi siempre a favor de las empresas y en contra de los estados), de diversos organismos legales a nivel internacional.

En la década de los 90, el gobierno argentino firmó 58 tratados bilaterales de inversión, todos con la cláusula de arbitraje en jurisdicción del CIADI. Todos estos convenios tuvieron ratificación de nuestro Congreso Nacional a través de las leyes respectivas que oportunamente se dictaron.

En la crisis del año 2001, al declarar el Gobierno Nacional la cesación de pagos y la salida de la convertibilidad, muchos de estos convenios cayeron y las empresas que se consideraron perjudicadas acudieron, tal cual rezaban los convenios, a los tribunales del CIADI, en donde dichas controversias se fueron resolviendo, la gran mayoría en perjuicio de nuestro país. Durante los años 2003 a 2015, no se firmó ningún acuerdo bajo el Convenio CIADI, sino que, por el contrario, se fueron pagando todos estos juicios, y en la actualidad varios de ellos siguen en litigio ante esos tribunales.

Es muy difícil entender, si no es por una intencionalidad manifiesta, que nuevamente implementemos convenios teniendo como tribunal de arbitraje a la institución del CIADI.

Consecuencias de la implementación del RIGI

Como podemos observar, la implementación del RIGI será totalmente perjudicial para los intereses de nuestra Patria. Los proyectos que se implementarán, seguramente, serán destinados a una explotación primaria de nuestros recursos naturales, como litio, petróleo, gas, energía en general, agro y ganadería, destinados a la exportación para abastecer a las economías desarrolladas, sin necesidad de hacerlo con el mercado interno, sin intercambio de tecnología, sin agregado de valor y sin generación intensiva de mano de obra. Son proyectos que ya se han intentados en nuestro país con el objetivo de precarizar nuestra producción y nuestra economía, y que, sistemáticamente, han fracasado a lo largo de nuestra historia. Además, y a partir de todos los beneficios impositivos y de libre disponibilidad de divisas, que se le darán a los grandes inversionistas, prácticamente nuestra industria nacional irá declinando hasta prácticamente desaparecer. Nuestras empresas nacionales, sobre todo las PYMES, no tendrán un sistema de incentivos fiscales que les permitan planificar inversiones a futuro ni podrán competir en igualdad de condiciones con las nuevas inversiones, lo que, seguramente, hará que vayan desapareciendo a lo largo del tiempo con el consiguiente aumento de la desocupación. Tierra arrasada, sin industrias y con muy pocas posibilidades de revertir esas políticas.

Si a esto le sumamos el blanqueo de capitales que se propone en la Ley de Bases, en donde no se pedirán explicaciones del origen de los fondos a blanquear, podemos inferir que todo tipo de capitales ilegales podrían llegar a nuestro país para hacer “inversiones” que liquiden nuestra matriz productiva.

Además, como explique anteriormente, estas políticas serán prácticamente irreversibles, debido al tipo de convenios que las implementarán y a los tribunales que dirimirán las controversias.

Y ahí es donde entran a jugar las consecuencias sobre nuestra industria fueguina.

Por la misma inercia que llevará a la destrucción de nuestro aparato productivo nacional, y aunque nuestra Ley Nº 19.640 no sea derogada, será muy difícil que nuestra industria fueguina sobreviva. Nuestra Provincia no se podrá realizar en una Patria que se va destruyendo.

Por eso, el capítulo de la Ley de Bases que implementa el RIGI, me parece mucho más grave y dañino que ese Artículo Nº 111 del paquete fiscal, simplemente, por lo pernicioso que es para todo nuestro aparato productivo nacional.

Llama mucho la atención que algunos de los Diputados de Tierra del Fuego, como Santiago Pauli y  Héctor Stefani hayan votado afirmativamente la Ley de Bases y sobretodo la implementación del RIGI atentando contra la industria y el desarrollo de nuestra querida Provincia. ¿Cuáles serán los intereses que representan esos Diputados?

Algunas conclusiones

El RIGI liquida nuestro sistema económico en pos de inversiones extranjeras que primarizarán nuestra economía. Y además, será un sistema irreversible, ya que los tribunales en donde se dirimirán los conflictos serán los del CIADI, que casi siempre falla a favor de las empresas, con fallos que serán inapelables, y que conllevarán compromisos que comprometerán a las próximas generaciones de argentinos. Si se implementa este régimen, nuestra industria quedará en el recuerdo.

Nadie puede pensar que nuestra provincia progrese en una Patria que se no se realice.

Por ello, nuestra dirigencia debería hacer un gran esfuerzo para convencer a nuestros Senadores, entre los que están Pablo Blanco, para lograr que el Senado de la Nación rechace el sistema del RIGI.

Pero como en toda la Ley de Bases y en el paquete fiscal que está tratando el Senado de la Nación, no hay ningún artículo que beneficie a nuestra nación, a nuestras provincias y a nuestro pueblo, deberían ser rechazados en su totalidad ambos proyectos de ley, antes que nuestro querido país se convierta en una colonia próspera para algunas minorías y extendiendo la miseria para nuestro pueblo.

Creo que la Patria demanda este esfuerzo extraordinario del Senado de la Nación.

De otra manera, nuestro destino será RIGI-landia…

*Agustín Borthiry es Ing. Quimico (UNS) especializado en Gas (UBA) Jubilado, fue docente de la UTN, Participó en investigaciones en innovación educativa y ejerció la funcion pública dentro del Ministerio de Educación. Se define como Militante Peronista.

Fuentes: Página 12, Infoleg, Proyecto de Ley de Bases, Sistema Argentino de Información Jurídica (SAIJ), Web de la Cámara de Diputados de la Nación.