A solo un día de que el magistrado Víctor Pesino rubricara un fallo que restablece los artículos más cuestionados de la ley sancionada en febrero, el Ministerio de Justicia recomendó al Congreso extender su mandato por un quinquenio más, al amparo de la cláusula constitucional para jueces septuagenarios. La jugada desata cruces políticos y sindicales.
En una maniobra que entrelaza los tiempos judiciales con los calendarios políticos, el gobierno de Javier Milei decidió apuntalar la permanencia del camarista Víctor Pesino en su estrado laboral por un lustro adicional, justo cuando el magistrado acaba de dejar sin efecto una medida cautelar que había frenado gran parte de la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo. El expediente ya está en manos del Senado, donde el oficialismo buscará los acuerdos necesarios para sellar la renovación.
El gesto partió del Ministerio de Justicia, que trasladó al cuerpo legislativo la propuesta de retener a Pesino como vocal de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal. El trámite responde a lo dispuesto por la Carta Magna: todo juez nacional o federal que haya alcanzado los 75 años debe ser postulado nuevamente por el Ejecutivo y obtener el visto bueno de la Cámara alta para seguir en funciones por un período adicional de cinco años. En esta oportunidad, el propio Pesino solicitó ser mantenido en el cargo, activando así la etapa de publicidad y participación ciudadana previa a cualquier definición definitiva.
La coincidencia temporal no pasó inadvertida. El pronunciamiento judicial que revitalizó la reforma laboral ocurrió el jueves, y la recomendación oficial para extender la carrera de Pesino se formalizó apenas 24 horas más tarde. El fallo del camarista, compartido con la jueza María Dora González, otorgó efecto suspensivo al recurso del Estado nacional contra la cautelar dictada por el juez Raúl Ojeda, quien había ordenado paralizar 82 artículos de la Ley 27.802 ante planteos de inconstitucionalidad formulados por la Confederación General del Trabajo (CGT).
De esta manera, vuelven a tener vigencia cambios sustanciales en el régimen indemnizatorio, la ampliación de las facultades patronales, una mayor flexibilización de las condiciones de empleo y nuevas restricciones a la actividad gremial. Entre los artículos recuperados se cuentan el 1, 3, 6, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 44, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 55, 56 y 57 del cuerpo normativo aprobado en febrero pasado. La central obrera había denunciado que esa batería de disposiciones implica una regresión en derechos laborales, afecta la libertad sindical y vulnera principios constitucionales junto con tratados internacionales incorporados a la Constitución.
El entusiasmo en el palacio de gobierno no se hizo esperar. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, utilizó su cuenta en la red social X para celebrar: “La Cámara Laboral revocó la decisión del juez Ojeda y declaró la vigencia de la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno nacional. ¡VLLC!”. El mensaje fue replicado por el propio mandatario, quien añadió con mayúsculas: “No podrán detener el crecimiento que se viene para el País. ¡VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!”.
Pero la movida en torno a la continuidad de Pesino ya había sido anticipada con sospecha por el diputado nacional y secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo. “Tengan cuidado porque uno de los jueces se jubila ahora. No vaya a ser que aparezcan con un pedido adentro del Senado para que le renueven por cinco años más”, advirtió el jueves en diálogo con El Destape Radio, apenas horas antes de que se conociera el fallo laboral y el posterior envío de la pliego. Su vaticinio se materializó en tiempo récord.
El procedimiento también alcanza a Leopoldo Jorge Rago Gallo, juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de San Juan, quien igualmente solicitó ser ratificado en su puesto. Sin embargo, la atención se concentra en Pesino, cuyo voto en la Sala VIII resultó determinante para reactivar una normativa que el oficialismo considera clave en su plan de desregulación económica y que los sectores sindicales combaten como un retroceso histórico. El futuro del magistrado dependerá ahora de los acuerdos que el Ejecutivo logre tejer en el Senado, donde el arco opositor ya adelantó que examinará con lupa la coincidencia entre su fallo y la premura oficial por retenerlo en el cargo.
