Durante una reunión secreta en la Uocra, se adelantó a la ala dialoguista de la CGT el contenido del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, el cual no reflejó lo discutido en dicho encuentro. En este evento estuvieron presentes Francos y Cordero, abogado en ese momento del Grupo Techint y asesor de La Libertad Avanza, lo cual generó controversia por un posible conflicto de intereses.
El avance de Milei con la reforma laboral por decreto fue considerado una provocación por los gremios, quienes no habían sido consultados sobre medidas como transformar la huelga en un delito o limitar la recaudación sindical. Este DNU fue judicializado y actualmente está suspendido a la espera de un fallo de la Corte Suprema.
Durante el proceso de reconstrucción del vínculo entre Francos y la CGT, se produjo un paro general y una movilización a los Tribunales. La construcción sufrió una caída del 42,2% interanual y se perdieron 120,000 puestos de trabajo en cinco meses. Martínez, representante sindical del rubro industrial, se encuentra ante la decisión de endurecer su reclamo o aliarse con gobernadores dialoguistas para reactivar la obra pública y mantener la empleabilidad.
La reforma laboral incluida en la Ley Bases, que mantiene intactas la caja y la representación sindical, fue resultado de negociaciones entre Francos, la CGT y el bloque de Pichetto. El ministro del Interior medió en conflictos como el intento de Caputo de fijar un cepo salarial. A pesar de esfuerzos por mejorar la relación, la desconfianza guía la relación entre libertarios y sindicalistas
